Un informe de la Fundación Economía y Salud calcula el coste total de la incapacidad temporal en 81.500 millones anuales y demanda reformas que incluyan desde la baja parcial hasta un observatorio nacional

Un informe de la Fundación Economía y Salud advierte que España requiere una reforma estructural urgente de la incapacidad temporal, un sistema que generó un gasto de 33.000 millones de euros solo en 2025 y sitúa al país como el que presenta la mayor tasa de bajas laborales del mundo. El informe, elaborado tras una jornada realizada en marzo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, recoge las conclusiones de economistas, juristas, médicos, sindicatos y representantes de mutuas, solicitando un acuerdo político similar al que en su momento renovó el sistema de pensiones.

El documento indica que la incapacidad temporal sufre los mismos problemas que afectaban a las pensiones antes de ese consenso: un aumento insostenible del gasto, fragmentación institucional, incentivos inapropiados y un marco normativo que no se adapta a la realidad del mercado laboral actual del siglo XXI. El presupuesto destinado a incapacidad temporal se ha duplicado desde 2019 y ha registrado un crecimiento superior al 60% en la última década, con cerca de un millón de trabajadores de baja diariamente y más de 377 millones de jornadas laborales perdidas al año.

Según los expertos consultados por la Fundación Economía y Salud, la raíz del problema está en que quien certifica la baja no asume sus costes. Los servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas emiten los partes médicos, pero quienes abonan el gasto son la Seguridad Social y las empresas. Esta separación, dice el informe, «genera un sistema de incentivos contraproducente», donde quien otorga la prestación carece de motivación para controlar su duración y quien financia no posee la capacidad para intervenir.

Un sistema sanitario saturado

A la deficiente gobernanza se añade la presión que la gestión administrativa de las bajas impone sobre la atención primaria. El informe señala que en ciertos centros hasta tres cuartas partes del tiempo dedicado a consultas se emplea en tareas administrativas relacionadas con la incapacidad temporal, lo que limita la capacidad resolutiva del médico y afecta negativamente la calidad asistencial. Las listas de espera en especialidades como traumatología prolongan innecesariamente los procesos: la baja se convierte en una especie de sala de espera del propio sistema sanitario.

Asimismo, el informe destaca que la salud mental es el nuevo epicentro de la crisis. Las bajas por patologías psiquiátricas se incrementaron un 175% en la población general y un 375% entre menores de 35 años en la última década. Actualmente, uno de cada tres procesos prolongados de incapacidad temporal tiene origen en trastornos mentales, y cerca del 80% de quienes permanecen más de 545 días de baja por estas causas no acceden a una incapacidad permanente, debiendo reincorporarse tras año y medio de ausencia sin contar con mecanismos de reincorporación gradual.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

La falta de figuras intermedias entre baja total y jornada completa es una de las carencias más señaladas. Países como los Países Bajos, Reino Unido y los países nórdicos cuentan desde hace décadas con sistemas de reincorporación progresiva que acortan la duración de los procesos y previenen recaídas. En España, esta figura es prácticamente inexistente en la legislación vigente. El informe también plantea revisar situaciones no resueltas por el marco actual: un teletrabajador con una lesión que le impide desplazarse pero no trabajar desde casa, o un trabajador con varios empleos cuya baja afecta solo a uno de ellos, permanecen atrapados en una lógica de todo o nada.

Las recomendaciones de los expertos

Las propuestas del informe se distribuyen en tres plazos. A corto plazo, los autores solicitan la simplificación normativa y la completa digitalización de los procesos. A medio plazo, sugieren reformar la gobernanza, rediseñar los incentivos y formar unidades especializadas de gestión. El horizonte más ambicioso contempla el desarrollo de sistemas predictivos basados en inteligencia artificial y la consolidación de un modelo de salud laboral interoperable entre administraciones.

Concretamente, los expertos demandan en el apartado de gobernanza actualizar el Real Decreto 1299/2006 sobre enfermedades profesionales, considerado obsoleto frente a los riesgos psicosociales emergentes; uniformizar los baremos de recuperación óptima entre comunidades autónomas y reforzar el plantel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con 300 inspectores adicionales y un mayor número de psicólogos. Describen un sistema “público en universalidad, privado en agilidad”, con mutuas financiadas por cotizaciones y capacidad para brindar atención sanitaria completa a los trabajadores, sin que ello suponga recortes en la protección ni pérdida de derechos adquiridos.

Otro aspecto clave de la reforma es la interoperabilidad entre los sistemas de información sobre incapacidad temporal. Actualmente, un inspector del INSS o un facultativo de una mutua no pueden acceder a la historia clínica del servicio público de salud. El informe exige que estos datos circulen entre administraciones, respetando estrictamente la normativa de protección de datos y garantizando que los registros clínicos permanezcan dentro del ámbito sanitario público. Además, propone la creación de un Observatorio de la IT con participación multidisciplinar, capaz de realizar un seguimiento riguroso y homogéneo de datos, causas y resultados a nivel nacional.