Las claves
El Código de Buen Gobierno que Zapatero estableció en 2005 requería entregar al Patrimonio del Estado aquellos regalos ostentosos, como joyas de alto coste.
Las joyas descubiertas en el despacho de Zapatero, presuntamente obsequiadas por el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz, deberían haber sido rechazadas o transferidas a las instituciones.
Zapatero decidió no declarar ante el juez que lo investiga por presuntos delitos de contrabando y fiscales relacionados con estas joyas.
El Partido Popular ha solicitado al PSOE la suspensión de militancia de Zapatero tras su negativa a responder al juez y debido al elevado valor de los regalos.
El Código de Buen Gobierno aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2005 le prohibía conservar las joyas de gran valor localizadas en su despacho de la calle Ferraz.
Esa normativa, elevada a un compromiso ético y político del Ejecutivo, imponía a los miembros del Gobierno la obligación de rechazar obsequios suntuosos o entregarlos al Patrimonio del Estado.
El texto indicaba que «se rechazará cualquier regalo, favor o servicio que exceda los usos habituales, sociales y de cortesía«. Además, puntualizaba que, en el caso de regalos «de mayor importancia institucional», debían incorporarse al patrimonio del Estado conforme a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
En otras palabras, si la última versión del entorno de Zapatero fuera cierta, él y sus ministros (también supuestamente agasajados) no podían conservar dádivas como un conjunto de joyas valorado en varios cientos de miles de euros tratándolas como un recuerdo privado.
Si el regalo contenido por el rey saudí, Abdalá bin Abdulaziz, superaba una mera muestra de cortesía —como parece claro— debía rechazarse o ponerse a disposición de las instituciones, sin importar que se entregase «en el marco de las relaciones bilaterales». En ningún caso debería haberse ocultado durante años en una caja fuerte personal.
Pese a lo exigido por la orden ministerial literal de 2005, el entorno del expresidente ha planteado ahora esta nueva versión como una coartada ideal, que busca evitar los delitos fiscales y de contrabando.
Además, el presunto donante falleció en 2015, lo que impide contrastar con el único testigo directo posible para justificar la presencia del collar, la pulsera y los pendientes en el despacho del antiguo presidente en la calle Ferraz de Madrid.
Se negó a declarar
Esa versión fue expuesta en el programa Mañaneros 360 de TVE mientras el expresidente declinaba declarar ante el juez José Luis Calama, quien lo había citado como investigado.
El magistrado de la Audiencia Nacional lo investiga por siete presuntos delitos graves, incluyendo contrabando y delito fiscal, en un proceso separado del caso Plus Ultra desencadenado por el hallazgo de las joyas.
Mientras Zapatero ejercía su derecho a no responder a las preguntas judiciales, su entorno intentaba presentar las joyas como un gesto protocolario sin consecuencias penales. De hecho, el argumento era erróneo, alegando que en 2007 no existía una norma que obligara a rechazar o entregar al Estado esas joyas.
Sin embargo, el espíritu y la letra del Código de Buen Gobierno, impulsado por el propio Zapatero dos años y medio antes del supuesto regalo saudí, buscaban distinguir claramente lo público de lo privado y evitar que los cargos altos recibiesen regalos que pudieran influir en sus decisiones.
Ese marco ético y legal fue presentado por Zapatero como un pilar fundamental de su proyecto político al llegar a La Moncloa. El mensaje era inequívoco: tolerancia cero frente a privilegios y regalos que pudieran generar dependencia o apariencia de favor.
Desde la perspectiva penal, importa poco si el rey saudí quiso homenajear al presidente de forma personal o institucional. En ambos casos, el líder del Gobierno estaba estrictamente vinculado por la normativa fiscal general, por su propio Código y por el régimen aplicable a regalos a altos cargos.
Si ese obsequio se considera personal y superaba con creces la cortesía, era obligatorio rechazarlo. Si, según su entorno actual, era un regalo «de mayor significación institucional», entonces había que entregarlo al Patrimonio del Estado.
No obstante, el debate jurídico inevitablemente se cruza con la valoración política. En la práctica, nadie entrega joyas de alto valor a un presidente extranjero sin buscar consolidar una relación de privilegio o reforzar determinados intereses.
Por tanto, la cuestión no reside solo en qué delitos podrían derivarse por conservar esas piezas, sino qué se esperaba obtener a cambio, tomando por válida la tercera o cuarta versión sobre el origen de las joyas que ha ofrecido el entorno de Zapatero.
«Confíen en mí»
A pesar de los continuos cambios en su relato, Zapatero emitió un comunicado donde se declara «completamente inocente» y asegura que demostrará su versión de los hechos. Solicitó tiempo, pidió que se confíe en él y afirmó que «no defraudará» a sus bases ni votantes.
Sin embargo, Anticorrupción solicitó la retirada de sus pasaportes, incluido el diplomático, como medida cautelar. La Fiscalía considera que existe riesgo suficiente para limitar la movilidad de quien fue presidente del Gobierno durante casi ocho años.
Finalmente, el juez no impuso restricción alguna al expresidente, teniendo en cuenta su estatus público y arraigo. No porque confiase en la veracidad de su declaración, ya que Calama advirtió en su escrito que «la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad«.
En cualquier caso, el Partido Popular exigió al PSOE la suspensión de militancia del expresidente mientras se aclaran los hechos. Los populares consideran la negativa a responder al juez y el elevado valor de las joyas motivos suficientes para que Ferraz establezca distancias internas con uno de sus referentes históricos.