Las claves
Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, han pedido al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez y le prohíba abandonar España.
Del mismo modo, solicitan que Begoña Gómez deba acudir a un juzgado cada 15 días como medida preventiva.
Begoña Gómez enfrentará un juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación.
La Universidad Complutense acusa a Gómez de apropiarse de software y exige una indemnización civil de 113.000 euros.
Las acusaciones populares en el denominado caso Begoña, encabezadas por Hazte Oír, han solicitado al juez Juan Carlos Peinado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
Además, exigen que se le prohíba salir del territorio español y que tenga la obligación de comparecer quincenalmente en un juzgado.
Este lunes, desde las seis de la tarde, se ha celebrado ante Peinado la vista preliminar previa al juicio en la que, salvo eventualidades, Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular.
Hazte Oír, que lidera las acusaciones populares en este caso, ya solicitó estas tres medidas cautelares en un escrito, y este lunes las ha confirmado formalmente.
La audiencia preliminar es un trámite antes del juicio con jurado, durante el cual, tras concluir la instrucción, el juez escucha los argumentos de acusaciones y defensas para decidir si el proceso continúa.
Al comenzar la sesión, las partes expusieron sus puntos de vista. Hazte Oír defendió que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado, postura rechazada por las defensas y la Fiscalía.
En abril pasado, Peinado propuso que Gómez sea enjuiciada por un jurado popular por cuatro presuntos delitos.
Específicamente, tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, requieren una condena total de 24 años de prisión para la esposa de Sánchez.
Por otro lado, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) —donde Gómez dirigió una cátedra— la acusa de apropiarse de software de su propiedad.
En consecuencia, la UCM reclama a la esposa de Sánchez una compensación civil que asciende a 113.000 euros.
Durante la audiencia preliminar de este lunes, la Complutense respaldó la celebración de un juicio con jurado.