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- Autor, Atahualpa Amerise
- Título del autor, BBC News Mundo
- Fecha de publicación 26 minutos
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La justicia dominicana formalizó este lunes la imputación por homicidio involuntario contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, cuyo desplome en abril del año anterior causó 236 fallecidos y más de 180 heridos.
Esta resolución ha generado controversia, ya que los abogados de los familiares de las víctimas solicitaban que se los procesara por homicidio voluntario con dolo eventual, una figura legal más severa que conlleva penas potencialmente más elevadas.
No obstante, el juez Raymundo Mejía se ajustó a la acusación que presentó el Ministerio Público y mandó que ambos sean juzgados por homicidio involuntario, al considerar que hay pruebas suficientes para discutir su probable responsabilidad penal durante el juicio.
Las condenas por este tipo de delito alcanzan hasta un máximo de 2 años de prisión, mientras que las penas para homicidio voluntario con dolo eventual llegan hasta 20 años.
Durante la lectura del fallo, el magistrado afirmó que no existen fundamentos legales para concluir que los acusados actuaran con intención de provocar la muerte de las víctimas.
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La sentencia establece el rumbo a seguir en un caso que mantiene en suspenso a República Dominicana desde hace más de un año.
En el proceso judicial —cuya fecha de inicio será anunciada en un plazo de 15 días— se evaluarán las pruebas relacionadas con el deterioro estructural del edificio, el grado de conocimiento que tenían los dueños sobre los problemas en el techo y la responsabilidad que les corresponde respecto a la tragedia.
En relación con el juicio, el juez aceptó todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público —peritajes técnicos, declaraciones, documentos y evidencias físicas— junto con las pruebas presentadas por la defensa.
Además, mantuvo las medidas cautelares impuestas a los acusados: una fianza económica de 50 millones de pesos dominicanos (US$850.000) para cada uno, prohibición de salida del país y obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
También ordenó la congelación de bienes relacionados con los imputados y autorizó medidas conservatorias tales como embargos e hipotecas judiciales sobre propiedades de los acusados y de varias compañías vinculadas a la red empresarial de los Espaillat, por un valor de hasta 500 millones de pesos dominicanos (US$8,5 millones), para asegurar eventuales indemnizaciones civiles.
La polémica
“El juez está obligado a seguir la Constitución y la ley”, manifestó el propio magistrado al defender que el principio de legalidad le impedía aceptar la calificación legal solicitada por los familiares de los afectados para los responsables de la mayor tragedia humana de las últimas décadas en República Dominicana.
El juez argumentó que los hechos descritos en la investigación apuntan a una posible negligencia, pero no son suficientes para sostener que Antonio y Maribel Espaillat actuaran con intención o una aceptación consciente del resultado mortal, requisito para aplicar la figura de homicidio voluntario con dolo eventual.
“No se puede equiparar una conducta en la que una persona dispara contra una multitud con el colapso de un techo”, afirmó el magistrado, al explicar su rechazo a los argumentos de los abogados que proponían esa tipificación jurídica.
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Mejía también resaltó que Maribel Espaillat se encontraba dentro de la discoteca cuando ocurrió el derrumbe y sufrió heridas, lo que, a su juicio, dificulta sostener que los acusados habrían asumido conscientemente la posibilidad de una tragedia de tal alcance.
“Ni en esta ni en ocasiones previas se puede afirmar que querían matar a esas personas. No hay manera humana”, afirmó.
El magistrado reiteró en varias oportunidades que debía actuar conforme al principio de legalidad y que la calificación penal de homicidio voluntario, a su parecer, no encaja ni en la legislación ni en la jurisprudencia dominicanas.
El fallo generó una sensación generalizada de descontento entre los múltiples familiares de víctimas presentes en el Palacio de Justicia de Santo Domingo.
El Movimiento Justicia Jet Set emitió un comunicado en el que “manifiesta su respeto institucional por las decisiones judiciales, pero considera insuficiente el fallo dictado por el tribunal en esta fase del proceso”.
La asociación, que agrupa a familiares de víctimas y sobrevivientes, cuestionó varios de los argumentos empleados por el juez para descartar el homicidio voluntario con dolo eventual, y afirmó que seguirá en la “búsqueda de una justicia proporcional, seria y acorde a la magnitud del daño ocasionado”.
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“Aquí no se hace justicia”, protestó Luis Custodio, familiar de uno de los fallecidos y vocero del Movimiento Justicia Jet Set, según declaraciones al medio local De Último Minuto.
BBC Mundo conversó con Plinio Pina, abogado representante de varias familias afectadas, quien cuestionó los fundamentos del magistrado.
“El juez señala que no hay dolo eventual. Nosotros respondemos: para determinar la ausencia de dolo eventual, debió analizar en profundidad la prueba. Y no es usted quien hace ese análisis exhaustivo. Esa tarea corresponde al juez que ahora revisará el caso”, declaró a BBC Mundo.
Pina aseguró que la disputa legal aún está lejos de finalizar y adelantó que volverán a plantear la misma posición durante el juicio.
“En el lugar al que ahora remite el caso, que es donde se va a llevar adelante el juicio, esto se discutirá nuevamente y presentaremos de nuevo la tesis de que se trata de un homicidio voluntario”, afirmó.
El caso Jet Set
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El incidente ocurrió en la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set, uno de los locales nocturnos más populares de Santo Domingo, se desplomó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, al que asistían alrededor de 500 personas.
La tragedia provocó la muerte de 236 personas, incluido el cantante, y dejó más de 180 heridos.
Las investigaciones posteriores determinaron que la cubierta del edificio, que inicialmente fue construido como cine en los años setenta, había acumulado cargas excesivas debido a diversas instalaciones y modificaciones estructurales, además de presentar filtraciones y desprendimientos repetidos.
El Ministerio Público sostuvo que los dueños del local estaban al tanto de las fallas en el techo y no tomaron las medidas adecuadas para repararlas, mientras que la defensa argumentó que el derrumbe se debió a fallas ocultas de construcción y al desgaste progresivo de la estructura.
Este caso, que conmocionó a República Dominicana, ha originado un intenso debate social sobre las responsabilidades penales derivadas de la tragedia.