Las claves
Miguel Ángel Figueroa fue designado por una red vinculada al PSOE para encabezar la SEPI como testaferro de Vicente Fernández, con Leire Díez desempeñando el rol de jefa de Gabinete.
Las agendas de Leire Díez evidencian un plan para sostener el control interno en la SEPI tras la marcha de Vicente Fernández, ubicando en cargos clave a personas de confianza.
El plan abarcaba sectores estratégicos como energía, defensa y agroalimentación, buscando además acceso a documentación sensible relacionada con los casos Isofotón y Aznalcóllar.
La inclusión de Figueroa en la investigación motivó su dimisión como interventor general de la Junta de Andalucía.
Miguel Ángel Figueroa, quien este viernes anunció su renuncia como interventor general de la Junta de Andalucía, era el testaferro con el que la red del PSOE pretendía controlar la Sepi desde marzo de 2021, con Vicente Fernández actuando tras bambalinas y Leire Díez como jefa de Gabinete.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en las agendas de Leire Díez un esquema manuscrito que reflejaba una estrategia para reorganizar el poder interno en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) tras la salida de Vicente Fernández.
El esquema colocaba a Miguel Ángel Figueroa en la cúspide operativa de esta nueva estructura. En las libretas aparece identificado en múltiples ocasiones como «MAF». Era definido como los «ojos» del grupo dentro de la entidad pública.
El segundo objetivo era que Leire Díez accediera al cargo de directora de Gabinete de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La operación, según reconstrucción de las anotaciones incluidas en el sumario, no prosperó. Ni Figueroa llegó a dirigir la entidad pública ni Leire Díez consiguió obtener la jefatura de Gabinete de Belén Gualda, quien fue finalmente nombrada presidenta de la organización el 30 de marzo de 2021.
La relevancia del nombre de Figueroa ha resurgido. Su aparición en los documentos de Díez y en el proceso judicial en la Audiencia Nacional motivó su dimisión este viernes como interventor general de la Junta de Andalucía, cargo para el que fue designado en enero de 2025.
Este caso revela una clave central de la supuesta red, que buscaba preservar la capacidad de decisión en la Sepi después de que Vicente Fernández dejara la presidencia del holding público tras ser imputado en el caso Aznalcóllar.
El esquema interno
El organigrama incautado a Leire Díez está fechado el 16 de marzo de 2021 y representa una «nueva» Sepi. En su parte superior aparece Miguel Ángel Figueroa, en aquel momento director de Participadas III del holding estatal.
No se trataba de un cargo menor. Desde esa posición supervisaba empresas participadas por el Estado y formaba parte del equipo directivo del organismo.
Justo debajo, Díez reservaba un rol propio. En el esquema figuraba como directora de Gabinete, conectada directamente con Figueroa.
![El organigrama de la SEPI ideado por Leire Díez en sus agendas para reemplazar a Vicente Fernández.](["https://s3.elespanol.com/2026/06/12/actualidad/1003744284529_263478818_1706x1710.jpg"])
Flanqueaban el organigrama Bartolomé Lora, entonces presidente en funciones de la Sepi tras la dimisión de Vicente Fernández, y el abogado Juan Antonio Carrillo.
Este último es otro personaje vinculado a la trama y aparece en las anotaciones relacionado con el acceso a documentación de expedientes delicados para Vicente Fernández.
Figueroa era una persona de confianza para Díez y Vicente Fernández. En una nota fechada el 3 de abril de 2021, Leire escribió: «Él va a ser nuestros ojos en la Sepi».
![Leire define a MAF [Miguel Ángel Figueroa] como nuestros ojos en la SEPI.](["https://s3.elespanol.com/2026/06/12/actualidad/1003744284587_263479683_1706x624.jpg"])
Esa expresión posiciona al renunciante ahora como una pieza de confianza interna. No meramente un vínculo administrativo, sino alguien encargado de vigilar, informar y sostener el peso del grupo desde dentro.
El plan mostraba una lógica definida. Fernández ya había perdido la presidencia de la Sepi en octubre de 2019 pero seguía ejerciendo influencia detrás de escena.
La solución, según las notas atribuidas a Díez, consistía en mantener una estructura paralela de control con allegados en posiciones clave, para garantizar que la gestión del holding permaneciera bajo su influencia.
Vicente, en la sombra
La salida de Vicente Fernández de la Sepi desencadenó esta reestructuración. Fernández había liderado el holding público entre junio de 2018 y octubre de 2019, momento en que dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
Las agendas incautadas muestran que Díez entendió aquella salida como un punto crítico. En una anotación de finales de 2019 escribió: «Si decidimos sacrificar a Vicente, estamos abriendo la puerta a que hagan lo mismo con otros; ya estamos viendo que la verdad no es la prueba con más peso».
La misma nota incluía una pregunta que resume el fin político y administrativo de la maniobra: «¿Dónde puede estar Vicente para seguir tutelando la acción de Sepi si sabemos que es la persona con mejores condiciones?»
De acuerdo con el sumario, el grupo no solo buscaba reubicar a allegados, sino que Fernández mantuviera capacidad de supervisión interna a pesar de haber renunciado formalmente al cargo.
Figueroa aparecía en esa coyuntura como un posible testaferro. Una figura interna, conocedora del funcionamiento de la Sepi, que serviría para perpetuar la influencia del núcleo duro.
El plan tampoco excluía a Leire Díez. Según el juez Santiago Pedraz, tras el nombramiento de Belén Gualda como presidenta de la Sepi, el grupo intentó que Díez accediera a la jefatura de Gabinete para «recuperar el control de Sepi».
La maniobra era sensible. Ubicar a Díez junto a Gualda, tras perder la opción de colocar a Figueroa al mando, habría permitido el acceso a la agenda, expedientes, contratos y dinámicas internas de la entidad.
La opción Gualda
Belén Gualda asumió la presidencia de la Sepi el 30 de marzo de 2021. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, provenía de la presidencia de Navantia, empresa pública dentro del grupo.
Su nombramiento puso fin a un período interino y frenó parte de las maniobras que planificaban Díez y Fernández. Sin embargo, abrió otra vía: que Leire se incorpore como jefa de Gabinete de la recién nombrada presidenta.
La documentación judicial indica que esa posibilidad fue evaluada explícitamente. Díez escribió que era necesario «recuperar el control de Sepi» y añadió: «Aunque deba ser yo quien hable con el superjefe«.
Esta frase refleja la ambición de la operación. No se trataba de un simple cambio, sino de una maniobra para influir en uno de los organismos públicos con mayor impacto económico estatal.
Finalmente, la operación no prosperó. Leire Díez no ingresó en la Sepi. En noviembre de 2021 fue contratada en Correos.
Tampoco Miguel Ángel Figueroa alcanzó la presidencia del organismo. Continuó su carrera administrativa y, años más tarde, volvió a la Junta de Andalucía, siendo nombrado interventor general.
Áreas sensibles
El organigrama incautado no solo asignaba cargos, sino también señalaba áreas prioritarias.
Díez detalló tres líneas de trabajo bajo la Dirección de Participadas vinculada a su Dirección de Gabinete: «Energía, militar y agroalim.» Es decir, energía, industria de defensa y agroalimentación.
Esta referencia apunta a una división sectorial dentro del holding público. Junto a Leire y a Bartolomé Lora figura el nombre de Juan Antonio Carrillo, vinculado al acceso de expedientes de los casos Isofotón y Aznalcóllar.
El caso Aznalcóllar era uno de los procedimientos que implicaban más a Vicente Fernández, siendo la causa fundamental de su salida de la Sepi en 2019.
Isofotón, por su parte, también se menciona como un expediente sensible en las anotaciones de Leire. En ambos casos, las libretas sugieren interés por documentación judicial o administrativa relacionada con el entorno de Fernández.
De acuerdo con el sumario, Leire Díez realizó gestiones para sostener la posición política de Fernández, incluyendo contactos con Santos Cerdán vinculados a la querella derivada del caso Aznalcóllar.
El juez Pedraz atribuye a Cerdán un rol jerárquico en la red presunta. Según su resolución, los indicios lo vinculan a decisiones estratégicas, como asignar investigados a puestos clave dentro de la Administración pública.
La dimisión de Figueroa
La aparición de Miguel Ángel Figueroa en las agendas de Díez ha tenido un efecto inmediato en Andalucía.
El hasta hace poco interventor general de la Junta de Andalucía ha presentado su renuncia tras hacerse pública su vinculación con la trama investigada.
Fuentes oficiales del Gobierno andaluz sostienen que ofreció su dimisión por «razones personales». Figueroa accedió al cargo en enero de 2025.
Su perfil era eminentemente técnico y administrativo. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada.
Entre 2005 y 2009 ejerció como interventor delegado en la Consejería de Educación. Posteriormente, trabajó en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el área de Control Financiero y en la División de Control del Gasto Público Sanitario.
En 2018 dio el salto a la Sepi junto a Vicente Fernández. Allí ocupó el puesto de director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente.
Esa etapa es ahora el foco de la investigación. Díez lo mencionó en sus agendas como «MAF» y lo estableció como un referente interno.
![Vct [Vicente Fernández] pedirá a MAF [Miguel Ángel Figueroa] vías de contacto, una de las anotaciones de Leire Díez en sus agendas.](["https://s3.elespanol.com/2026/06/12/actualidad/1003744284555_263479257_1706x269.jpg"])
Una de las anotaciones reflejaba: «Vct pedirá a MAF vías de contacto». Otra lo definía como los «ojos» del grupo en el holding público.
La Junta de Andalucía ya ha iniciado el proceso para sustituirlo al frente de la Intervención General, órgano superior de control interno de la Administración autonómica.
El plan presente en las agendas de Leire Díez nunca se concretó según lo previsto.
Vicente Fernández no recuperó el control formal de la Sepi. Miguel Ángel Figueroa no fue designado para presidir el organismo. Leire Díez tampoco se convirtió en jefa de Gabinete de Belén Gualda.
No obstante, los documentos intervenidos permiten reconstruir una intención: conservar influencia dentro del holding público tras una salida forzada por problemas judiciales.
La clave era Figueroa. Por su posición, confianza con Fernández y conocimiento del órgano interno, podía actuar como enlace entre la Sepi y el núcleo que pretendía seguir tutelando sus decisiones.
El papel de Leire Díez era más político y operativo. Sus notas muestran a una persona que diseñaba esquemas, identificaba cargos, señalaba contactos y trazaba vías para mantener la capacidad de maniobra.
La investigación judicial definirá ahora el alcance penal de estas anotaciones y comunicaciones intervenidas. Por ahora, las libretas ya han tenido un impacto político directo: la caída de Figueroa en la Junta de Andalucía.
La Sepi emerge así como uno de los escenarios claves de la presunta red de la fontanera. Un organismo estratégico, con presupuesto, empresas participadas y decisiones delicadas, que el grupo intentó mantener bajo su influencia pese a perder la presidencia.