Las claves
La Audiencia Nacional está investigando a Zapatero por unas joyas de procedencia árabe encontradas en la caja fuerte ubicada en su despacho, cuyo valor podría superar el millón de euros.
El PP ha solicitado que se impute a las hijas de Zapatero, Laura y Alba, por presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal mediante la empresa Whathefav.
La investigación también incluye el análisis de los registros de visitas de Zapatero a Moncloa, así como sus viajes internacionales y los de sus hijas, prestando especial atención a los desplazamientos hacia Venezuela.
Este caso está relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y busca determinar la posible existencia de una red dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.
Curiosamente, el José Luis Rodríguez Zapatero que durante años mantuvo a su esposa y a sus hijas en un discreto segundo plano, es ahora el que más las expone, aunque sea involuntariamente.
La causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama ha irrumpido en un ámbito que el expresidente socialista siempre consideró muy delicado: su familia.
Zapatero pone a sus hijas en el centro de la atención en dos aspectos distintos: las joyas de Sonsoles Espinosa encontradas en la caja fuerte de su despacho en Ferraz y los fondos que sus hijas, Laura y Alba, ingresaron en sus cuentas personales a través de su empresa de marketing digital, Whathefav.
Respecto a las joyas, se trata de piezas de alta joyería de origen árabe, según confirman fuentes cercanas a Zapatero.
En otras palabras, regalos que Sonsoles Espinosa no habría recibido si no fuera esposa de un presidente del Gobierno.
El 19 de mayo, los agentes de la UDEF abrieron la caja fuerte del despacho de Zapatero y descubrieron un pequeño tesoro: 103 piezas de joyería y relojería, que incluyen collares, pendientes, pulseras, anillos y relojes.
Entre estos objetos había una bolsa con la inscripción «Presidencia del Gobierno» que contenía varios pendientes, un brazalete, un anillo y dos relojes. Este detalle, una simple bolsa oficial, se convierte hoy en uno de los indicios más complicados para Zapatero.
La primera versión de su entorno intentó restar importancia a este hallazgo alegando que parte correspondía a una «herencia familiar» y otra parte a regalos obtenidos en diferentes viajes.
Según esta explicación, las joyas se guardaban en su oficina de la calle Ferraz porque actualmente «vive de alquiler» y no dispone de caja fuerte en su domicilio particular.
Un experto en joyería y tasación consultado por EL ESPAÑOL estima que el valor de mercado de las joyas incautadas oscilaría entre 600.000 y un millón de euros, aunque dicha cantidad podría multiplicarse en función de la calidad de las piedras preciosas.
Se requeriría un análisis más exhaustivo para confirmar si las piedras son zafiros y determinar la calidad de los diamantes.
Un portavoz autorizado de Zapatero rebajó inicialmente el valor de las joyas a «entre 30.000 y 50.000 euros». «No son las joyas de Sissi Emperatriz, como se ha estado diciendo», afirmó Luis Arroyo en una entrevista concedida a la SER el 26 de mayo.
Desde 2013, la ley obliga a que los regalos institucionales pasen al patrimonio público. Antes de 2011, existía la práctica de incorporar a Patrimonio Nacional los objetos de mayor valor, aunque no era obligatorio.
El juez ya ha ordenado una tasación oficial para establecer con exactitud el valor y la naturaleza de cada pieza.
¿Imputación de las hijas?
Este lunes, el PP, en calidad de coordinador de las acusaciones populares, solicitó al magistrado la imputación de las dos hijas de Zapatero por blanqueo, falsedad y participación en organización criminal. Esto ocurre mientras Zapatero se prepara para declarar como investigado los días 17 y 18 de este mes.
Laura y Alba Rodríguez Espinosa son administradoras solidarias y socias de Whathefav, S.L., que el juez describe en su auto como «una estructura artificiosa» que no realiza una actividad empresarial tradicional.
Según el magistrado, funciona como «un vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la cobertura formal» de operaciones económicas relacionadas con la red del caso Plus Ultra.
Sus principales pagadores fueron Análisis Relevante—consultora del empresario Julio Martínez, amigo cercano de Zapatero— e Inteligencia Prospectiva, dos entidades vinculadas a la presunta red.
La primera hija ingresó 247.191,06 euros entre 2021 y 2025, mientras que la segunda, 199.904,25 euros entre 2023 y 2025.
El PP subraya que el propio Zapatero «reconoció expresamente» durante su comparecencia en el Senado el pasado 2 de marzo que la incorporación de sus hijas en el circuito de Análisis Relevante a través de Whathefav «fue parte del acuerdo» con Julio Martínez, también investigado.
Con estos indicios, sostiene que los hechos podrían constituir delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal, según los artículos 301, 392 y 570 bis del Código Penal.
Visitas de ZP a Moncloa
El abogado del PP también ha solicitado al juez que requiera a Moncloa y al Ministerio de Transportes los registros de todas las visitas de Zapatero entre octubre de 2020 y mayo de 2026.
Además, se piden los posibles accesos de directivos de Plus Ultra y personas vinculadas al régimen venezolano en ese periodo.
La acusación popular unificada exige también un oficio urgente a la Policía Nacional para obtener «la relación completa de todos los viajes internacionales» de Zapatero desde el 1 de enero de 2017, así como la misma información sobre sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, con un desglose especial de los desplazamientos a Venezuela y el «propósito declarado» de cada viaje.
El escrito destaca que los registros de visitas a Moncloa y Transportes «constituyen prueba documental directa de los contactos previos entre los decisores políticos y los beneficiarios del rescate».
Indica que estos documentos son un «instrumento probatorio esencial» para demostrar el núcleo del delito de tráfico de influencias relacionado con el rescate de Plus Ultra, y sugiere que todo el expediente podría estar contaminado desde su origen.
Simultáneamente, el PP solicita un oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores para que la Embajada en Caracas remita sus informes, cables y notas internas sobre Plus Ultra y sus accionistas venezolanos.
También requiere información sobre si Exteriores comunicó al Gobierno las actividades de Zapatero en Venezuela y los interlocutores gubernamentales con los que se reunió.
La acusación incluso demanda una comisión rogatoria internacional a Venezuela para esclarecer la estructura y el origen del capital de Snip Aviation y de cualquier otra sociedad vinculada a Plus Ultra.
Tal como sospecha la diáspora venezolana opositora en Estados Unidos, la clave estaría en precisar el origen de los fondos aportados, «que podrían estar vinculados desde el inicio al blanqueo de fondos oscuros».
Las acusaciones piden además datos sobre las entidades financieras que intervinieron en la operación de Plus Ultra y si existen vínculos con el régimen o su entorno chavista.
Estas diligencias forman parte de una estrategia más amplia, basada en el sumario del juez Calama, que sitúa a Zapatero «en la cima de una estructura organizada de tráfico de influencias» relacionada con el rescate de 53 millones a la aerolínea.
El PP busca reforzar esta hipótesis con documentación que trace visitas, viajes, informes diplomáticos y movimientos de capital, con el fin de justificar nuevas imputaciones y solicitar fianzas y embargos que garanticen la responsabilidad civil.