Las claves
La Comunidad de Madrid demanda la repatriación urgente de 110 menores migrantes, entre los cuales 40 ya han alcanzado la mayoría de edad y todos muestran perfiles problemáticos.
El Ejecutivo regional solicita al Gobierno central que active los procesos de retorno, advirtiendo que emprenderá acciones legales si la inactividad persiste.
Madrid señala irregularidades en el sistema de acogida, con 16 denuncias sobre falsos menores que habrían hecho uso indebido de fondos públicos.
La Comunidad argumenta su posición por razones de seguridad y la saturación de los centros de acogida, alineándose con la política nacional del Partido Popular en materia migratoria.
Las tensiones institucionales entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la crisis migratoria alcanzan un nuevo nivel.
El Consejo de Gobierno, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, exigirá este miércoles a la Delegación del Gobierno en Madrid la activación inmediata del retorno de 110 menores extranjeros no acompañados a sus países de origen o a sus familias.
Un informe presentado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, revela que la falta de acción del Ejecutivo central en estos procesos ha resultado en que 40 de los 110 jóvenes ya hayan cumplido la mayoría de edad en España, sin que se haya iniciado trámite alguno para su repatriación.
Frente a esta situación estancada, la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, enviará un escrito urgente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En este documento, se le exigirá cumplir con sus responsabilidades legales, recordando que el órgano técnico autonómico considera que la devolución a sus familias es «la opción más adecuada para el interés superior de los menores».
Según fuentes cercanas a la Consejería, este nuevo comunicado del gobierno de Isabel Díaz Ayuso advierte oficialmente su intención de iniciar acciones legales si «persiste la inactividad o existe una negativa injustificada» por parte de la Delegación del Gobierno.
Esto implica que Madrid responsabilizará al Gobierno de España por cualquier consecuencia derivada de las acciones futuras de estos menores no acompañados.
Desde la Consejería reiteran que la mayoría de estos jóvenes presentan problemas de conducta, lo que afecta directamente a la seguridad en la región.
A esta acción administrativa se suma la detección de fraudes dentro del sistema de acogida en Madrid.
La Consejería de Asuntos Sociales ha registrado 16 denuncias contra «falsos menores» por delitos de estafa agravada, acusándolos de haber utilizado recursos públicos de protección infantil indebidamente. Estas denuncias ya provocaron las primeras detenciones en la región.
Consumo de drogas
La cantidad de repatriaciones exigidas por el Gobierno madrileño refleja la evolución de un conflicto que lleva meses gestándose, durante los cuales la Comunidad ha intensificado sus exigencias.
Hace exactamente un año, en junio de 2025, el equipo de Ana Dávila solicitó formalmente la repatriación de 19 menores migrantes.
Por entonces, la Comunidad justificó su petición apelando a la «seguridad y protección» de los propios jóvenes, señalando su falta de integración y que sus vidas en Madrid estaban gravemente influenciadas por «mafias y graves consumos de drogas».
Ya en el verano pasado, Madrid denunciaba la saturación de sus centros de acogida, que llegaron a estar al 150% de su capacidad tras recibir a más de 937 jóvenes en seis meses, criticando además la ausencia de respuesta por parte de la Delegación del Gobierno.
Desde entonces, las cifras han aumentado. El dato más reciente de la Comunidad de Madrid, ofrecido en marzo, indicaba 88 menores migrantes no acompañados.
En abril de 2026, el conflicto se profundizó con la acción directa del Ejecutivo autonómico, que envió una dura carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En esta misiva, el Gobierno regional anunciaba que impediría nuevos traslados sin respaldo legal, tras identificar casos de desorganización nacional evidentes: menores reubicados en Madrid contra su voluntad, a pesar de disponer de familiares, empleo y un entorno estable en otras comunidades.
En medio del enfrentamiento, Madrid rechazó a 30 de los 124 jóvenes enviados por el Estado desde Canarias, tras confirmar que en realidad eran adultos con arraigo en España.
La política del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la exigencia de devoluciones se alinea con las posturas defendidas por el Partido Popular a nivel nacional.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propuso en 2025 reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal para repatriar «de forma inmediata» a migrantes que cometan delitos, defendiendo una política de tolerancia cero ante la irregularidad.