Las personas vinculadas al caso correspondían a funcionarios del sector público con capacidad para influir en decisiones.
¿Quién fue corrompido dentro del sector público para facilitar, mediante tráfico de influencia, el rescate a Plus Ultra? ¿A quién involucró la red de Zapatero? El informe de la Udef señala, sin concluir, indicios, nombres y métodos. A continuación, se presentan los indicios de Udef en orden cronológico.
El 7 de octubre de 2020, seis meses antes de que Plus Ultra reciba finalmente un rescate público de 53 millones de euros, los integrantes de la red ya están activos y, según la Udef, consiguen, a través de Julito Martínez y, por ende, Zapatero, establecer contacto con personas «con cierto grado de control e influencia sobre los órganos decisorios».
Concretamente, en uno de los informes se recoge, en un audio enviado en esa fecha por el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, «a una persona identificada como Daniel, quien mantuvo conversaciones con AESA [la Agencia Estatal de Seguridad Aérea] respecto a las dudas surgidas sobre el plan de viabilidad» de la empresa. AESA realizaba una evaluación técnica inicial, SEPI tomaba la decisión, y el
Roselli va más lejos, presumiendo ante su interlocutor, el abogado vinculado al grupo Santiago Fernández Lena, sobre la capacidad de influencia del denominado «Grupo Zapatero» en el proceso público: «Los tenemos en un bolsillito bien guardadito», afirma categóricamente.
El 22 de ese mismo mes, Roselli comenta a Rodolfo Reyes, uno de los propietarios de Plus Ultra, que se cruzó «de casualidad» con Julito Martínez, quien le solicitó el pago por el trabajo realizado: facilitar el contacto con las instancias decisorias. «Ayer cobrando el contacto», le dice, enviando una foto en la que ambos, junto a otras personas, aparecen tomando algo. «Me esperó fuera del baño. Qué ladilla», señala Roselli, sugiriendo que Martínez fue insistente al reclamar la remuneración por ese contacto.
El 4 de noviembre, Roselli informa a Reyes sobre una conversación con «el tipo de la SEPI», dando a entender que se trató de un diálogo formal y legal, mientras que «de la otra línea también estaba el contacto, de forma clandestina». Según el informe policial, «indica que, según la opinión del ‘contacto’, la situación [la conversación] fue considerada favorable».
Texto literal del informe de Udef: «En este sentido, señala que desde SEPI habían expresado la intención de supervisar ‘nuestro caso’, llevando un seguimiento del expediente y mostrando una actitud favorable hacia el mismo».
El 21 de noviembre, Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, solicita más apoyo a Julio Martínez, el alter ego de Zapatero: «Tocayo. Debes averiguar qué ASESOR está gestionando nuestro expediente. Gracias», le escribe.
El 2 de diciembre, Roselli reenvía un mensaje procedente de SEPI a uno de los chats de los propietarios de Plus Ultra: «Ok, en breve os informamos, porque ya estamos contratando asesores y pronto empezarán». Ese mensaje proviene de una persona destacada en toda la operación según Udef: Jose Ángel Partearroyo, director de Participadas IV de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Partearroyo declaró en el Senado que solo cumplió con sus responsabilidades respecto al rescate. La UDEF incluye sus comunicaciones con el grupo en los informes.
El 9 de diciembre, los investigadores de Udef prestan atención a un detalle. Roselli le escribe: «Buenos días José Ángel, espero que estés bien. Quería comentarte que aún no hemos recibido el correo con los requisitos de la información que mencionamos la semana pasada. Un saludo». Partearroyo afirmó que SEPI solicitaría dicha información, pero esto no ocurrió. El alto cargo responde: «Os llegará hoy».
Cuando Roselli, minutos después, reenvía esa respuesta a Julio Martínez Sola, este contesta: «Ok. Entonces ya no importa llamarle». A lo que Roselli replica: «No».
«Hay que cuidar a jueces, policías y funcionarios», escribió un abogado próximo a la red
El 16 de diciembre, Roselli reenvía un mensaje enviado presumiblemente a Julio Martínez al chat «PU» de Plus Ultra. Confirma que se reunió con Partearroyo y todo está «bien»: «Hola Julio, este lunes mantuvimos una reunión con José Ángel. Cabe destacar que siempre fue muy amable y dispuesto a ayudar en todo momento. Ya han contratado asesores para el due diligence». SEPI debe revisar en profundidad las finanzas de Plus Ultra antes de aprobar el rescate. Partearroyo admitirá después en el Senado que la aprobación se hizo sin un informe interno.
A continuación, varios mensajes de los implicados evidencian que están «maquillando» (usan esa palabra) las cifras de Plus Ultra, usando un crédito de Panacorp, entidad en la que Rodolfo Reyes trabajó, para aparentar una mayor solvencia ante SEPI.
La UDEF confirma que estas maniobras constituyeron «una operación meramente aparente, orientada a presentar una imagen patrimonial y de solvencia distinta a la real«.
Los agentes incluyen aquí un curioso excurso. El 31 de diciembre, el abogado Miguel Palomero, supuestamente vinculado a la red, recibe de un tal Felipe Baca «un paquete» con «50.000 euros». Palomero responde: «Bueno, hay que cuidar a jueces, policías y funcionarios jeje». Los investigadores sugieren que este dinero podría haberse destinado a sobornar a algún decisor público del rescate.
Baca posteriormente pregunta si pudo entregar el dinero «a las dos señoras [una llamada Alejandra y Jésica, amante de Ábalos] y a Rodomax [Rodolfo Reyes]». Miguel indica que Reyes le comentó «que era para otra persona». Dicha persona sería uno de los decisores públicos. Finalmente, entrega 20.000 a Rodolfo para esa «otra persona».
En una conversación posterior, Roselli le reclama a Reyes una cantidad mayor, nada menos que medio millón: «Quizás necesitemos 500k a fin de mes, sé que soy una ladilla pero por ahora no llegamos».
El 13 de enero se celebra la primera reunión con SEPI y los «asesores financieros». Roselli escribe a Julito: «José Ángel Partearroyo ha insistido en que deben acelerar el proceso, lo cual nos pareció un mensaje muy positivo para los asesores«.
Los investigadores de SEPI documentaron después que las comunicaciones entre Plus Ultra y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, encargado de supervisar la idoneidad de la empresa para recibir los 53 millones públicos, eran prácticamente inexistentes. Volvieron a solicitar la información y, nuevamente, lo recibido fue insuficiente y, por ello, probablemente manipulado.
El 19 de enero se firma el contrato entre Plus Ultra y la consultora de Julito, Idella Consulenza Stratégica SL, por el que se pacta el pago del 1% del rescate si se consigue. Este documento serviría para cubrir legalmente el tráfico de influencias. La ilegalidad de dicho contrato también se evidencia porque en esa fecha Reyes, Roselli y otros decidieron no informar a otro de los propietarios de Plus Ultra, Antonio Caldeiro, sobre la firma del acuerdo.
El 27 de enero, entre los miembros de la red, Partearroyo comunica «buenas noticias». «¿Te enviará un cheque?», bromea Reyes con Martínez Sola. «Jajaja no, transferencia», responde este último, subrayando que Zapatero intervendrá para obtener los permisos que debe conceder la embajada española en Venezuela: «Mañana Zapatero actúa directamente. Intentará que nos otorguen los permisos sin la intervención de la embajada de España», comenta. «Excelente», responde Reyes.
Más tarde, el 2 de marzo, Partearroyo informa a los directivos de Plus Ultra que el Consejo Gestor ha dado la aprobación y que deben aceptar las condiciones ante su Consejo de Administración, quedando todo pendiente de la autorización del Consejo de Ministros. Esto ocurre siete días antes del acto final. En comunicación con este medio, el exdirectivo de SEPI asegura que su deber era informar a Plus Ultra para completar el proceso antes de que el rescate se presentara ante el Consejo de Ministros.
«Nada de prensa hasta el Consejo de Ministros»
Meses antes de que el rescate a Plus Ultra fuera autorizado, altos directivos de la empresa establecieron contacto con personas con poder de influencia en los órganos decisores. Entre ellos se encontraba José Ángel Partearroyo, quien mantuvo informado al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, cuando la propuesta del rescate fue elevada.
«TODO OK». En esa jornada, Partearroyo escribió a Martínez Sola: «Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros». Además, advirtió: «Nada de prensa hasta el consejo de ministros, por favor». Martínez Sola reenvió el mensaje señalando que solo algunas personas estaban al tanto, incluida la persona encargada de los pagos para Zapatero.