En sus informes, la Udef destaca el papel fundamental del ex presidente Rodríguez Zapatero dentro de la supuesta organización criminal.
Los emails recuperados del ordenador del supuesto «testaferro» de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez —como lo define la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en sus reportes— muestran la dinámica de facturas falsas y trabajos fingidos dentro de la red criminal liderada por el ex secretario general del PSOE, con el fin de traficar presuntamente con influencias en los niveles más altos de la Administración pública.
Según los documentos de la policía judicial, a los que EL MUNDO tuvo acceso en exclusiva, los agentes implicados en el caso Plus Ultra examinan los correos enviados por la secretaria de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar Jiménez, quien «ejecutaba instrucciones directamente ordenadas por él», interactuando tanto con el empresario conocido como Julito como con Cristóbal Cano, responsable de la estructura societaria y de la facturación ad hoc.
La Udef sitúa en el nivel más alto de la red criminal, «dirigiendo sus acciones», al ex presidente del Gobierno. En un segundo escalón se encuentran Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García, considerados testaferros de Zapatero en España y Venezuela. Según los informes policiales, el «beneficiario final principal de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el traslado de recursos a partir de contactos que solo sirven como respaldo documental». El expresidente está imputado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional; sin embargo, por ahora, sus hijas no están investigadas en el proceso.
Los correos electrónicos analizados también evidencian que las presuntas labores de asesoría documentadas en esta investigación de corrupción eran ficticias, y que la organización criminal decidía a su «conveniencia» la emisión de facturas, incluyendo los conceptos y las cifras a consignar.
Gran parte de estas facturas, por trabajos que el magistrado José Luis Calama considera inexistentes, se emitían a través de la empresa central de la trama, Análisis Relevante; esta sociedad instrumental servía para simular servicios de asesoría, generaban contratos y facturas que conferían apariencia legal a los pagos, canalizando fondos provenientes de empresas con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia los integrantes de la red criminal.
Según indica la Udef, existía «una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, orientada a crear un soporte documental». Así lo refleja un email fechado el 22 de septiembre de 2021, en el que Gertru, desde la cuenta de correo de ‘presidente zapatero’, consulta a Cano sobre la emisión de una factura por 20.000 euros y pregunta sobre la posibilidad de crear una o varias facturas, solicitando también detalles acerca de los conceptos que deben incluirse. «Buenos días Cristóbal, tengo que emitir una factura de Análisis Relevante por importe de 20.000 euros. Por favor, ¿puedes verificar si se refiere al asesoramiento de los informes o si son dos? ¿Y en qué concepto? Te adjunto un listado de las emitidas hasta ahora, ya que la última vez Julio me preguntó», explica la secretaria de Zapatero.
En otra comunicación interceptada, Julio Martínez Martínez, a través de Cano, responde a la secretaria personal del expresidente que los 20.000 euros deben facturarse como informes correspondientes al tercer trimestre de 2021.
En un correo, Gertrudis Alcázar comunica a Cristóbal Cano que el presidente Zapatero le ha indicado que a «finales de mes» le dirá qué hacer con las facturas. Un mes después, «el patrón operativo se repite» ya que se les ordena emitir facturas y Cano responde a la secretaria que «podemos ir consensuando los conceptos» a incluir en las mismas.
La Udef concluye que, «del análisis conjunto de los correos electrónicos revisados se deduce la existencia de una operativa en la que la emisión de facturas no está directamente relacionada con la prestación de servicios, sino que se articula posteriormente y mediante la coordinación entre las partes involucradas».
Asimismo, los correos electrónicos intervenidos refuerzan, según la Policía, la idea de que Zapatero mantenía un «control directo y conocimiento efectivo» sobre las gestiones de las empresas pantalla, especialmente en lo relativo a la intervención en el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra.
De hecho, en otro de los mensajes incautados a la red, Manuel Aarón Fajardo García menciona que «el amigo me pregunta cómo van los avales», haciendo referencia a la búsqueda de financiación para Plus Ultra.
Por añadidura, los informes de la Udef revelan que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, imputado en este caso, festejó la concesión del rescate público a la aerolínea con una mariscada en un restaurante de lujo en Madrid, acompañado por su principal ejecutivo, Roberto Roselli. Este último capturó una foto de su jefe y se la envió a Julio Martínez Martínez, donde aparecen degustando ostras junto a una botella de champán G.H. Mumm Cordon Rouge Brut, cuyo coste asciende a 273 euros por unidad.
Con tono bromista, el amigo de Zapatero escribió a Roselli: «Aviso para navegantes. La Sepi no aprueba esos gastos». Seguidamente añadió: «Tranquilo, eso sale del 1%», en referencia a la comisión pactada con Plus Ultra para lograr el rescate de 53 millones de euros y que se planeaba cobrar mediante una sociedad en Dubái. Esta comisión habría sido canalizada a través de Análisis Relevante y, posteriormente, abonada al ex presidente Zapatero disfrazada de trabajos de asesoría que, según el juez, nunca se realizaron.