De acuerdo con la Udef, las conversaciones entre los involucrados «refuerzan y complementan, revelando nuevos indicios del uso de influencias y las irregularidades detectadas para obtener el apoyo de 53 millones concedidos a la empresa Plus Ultra.»
Los principales acusados en el caso Plus Ultra presumían de contar con influencia para «detener» el proceso judicial que en Plaza de Castilla investigaba el rescate de la aerolínea. En las conversaciones interceptadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), el expropietario venezolano de la compañía, Rodolfo Reyes, comenzó a impartir instrucciones para intentar paralizar las diligencias judiciales que dirigía la jueza Esperanza Collazos.
En este contexto, el 29 de abril de 2021, Reyes ordenó a sus colaboradores principales que «había que frenar» las investigaciones judiciales y que debían mantener informado a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, además de recurrir a la influencia del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal y financiador del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre varios investigados, incluyendo a los abogados Miguel Palomero, se comenta que «la instrucción es crucial» y que era necesario «contactar» de inmediato con Julio (Martínez Sola) y organizar lo que llaman un «Kitchen Gabinet» [sic] ya que «la fiscal jefe es amiga».
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