Las claves
El juez Calama ordenó la entrega de todos los correos electrónicos desde marzo de 2020 pertenecientes a la cuenta profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, administrada por su secretaria Gertrudis Alcázar.
Además, se requirieron los correos electrónicos de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, responsables de la agencia What The Fav SL.
Zapatero está siendo investigado por posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en calidad de presunto cabecilla de una red que habría percibido comisiones ilícitas.
La agencia What The Fav SL, administrada por las hijas del exmandatario, es señalada como el canal financiero de dicha red y como un punto central para la redistribución de fondos.
El 18 de mayo pasado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitó una copia de todos los correos electrónicos generados desde marzo de 2020 hasta el presente, alojados en la cuenta profesional de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta cuenta, perteneciente al dominio (@presidentezapatero.com), estaba bajo la administración de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno, conocida como Gertru en círculos socialistas.
En una resolución emitida hace una semana, Calama requirió asimismo a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional una copia de los buzones electrónicos profesionales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero.
Ambas son responsables de la agencia de marketing y comunicación What The Fav SL, entidad registrada por la UDEF, así como también el despacho del exlíder socialista situado en la madrileña calle de Ferraz.
El magistrado Calama dirige la investigación contra Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el juez, Zapatero ocuparía el rol de «líder» de una supuesta red criminal que intermediaba con la Administración para obtener comisiones ilegales en beneficio de determinadas empresas, destacando la aerolínea Plus Ultra, que en marzo de 2021 recibió un rescate público de 53 millones de euros.
Calama señala en su resolución que «las transferencias [de las presuntas comisiones] hacia el entorno societario del entramado se habrían formalizado mediante contratos, normalmente de asesoría o consultoría, que funcionaban solo como justificantes documentales frente a terceros».
«El beneficiario final principal de estos ingresos sería José Luis Rodríguez Zapatero, junto con la sociedad What The Fav SL, cuya administración y propiedad corresponden a sus hijas, utilizando nuevamente contratos similares para justificar el movimiento de fondos», explicó el juez en su resolución.
«La dirección operativa habitual de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar, secretaria del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes recibidas de éste», detalló Calama.
De acuerdo con el relato del magistrado, Gertru desempeñó funciones de «coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que soporta las actividades de la red», conocida también como Grupo Zapatero o finance boutique.
«Recibió instrucciones directas para crear la apariencia documental de los pagos efectuados y recibidos por parte del entramado societario», indica la resolución que autorizó la entrada en el despacho de Ferraz. En otras palabras, la secretaria presuntamente habría generado facturas fraudulentas.
Por estas razones, el juez reclamó una copia de los correos electrónicos almacenados en la cuenta con dominio @presidentezapatero.com, sin importar si fueron eliminados, archivados o no abiertos.
Igualmente, solicitó acceso a los perfiles profesionales de Alba y Laura Rodríguez, con dominio @whathefav, además de los correos de otros tres empleados de la agencia de comunicación.
El juez Calama sostiene que, mediante las gestiones efectuadas en favor de Plus Ultra y otras compañías, el exfuncionario y sus hijas habrían recibido aproximadamente dos millones de euros en concepto de comisiones ilegales.
De hecho, en la resolución judicial referida, calificó a la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como núcleo de un «circuito circular de fondos», actuando como «canalizador financiero» de la supuesta red corrupta y como «punto de redistribución de flujos económicos».