El juez destaca la «información privilegiada» proporcionada por Julio Martínez y menciona una reunión del ex presidente del Gobierno con José Luis Escrivá
Cuando la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, junto con otros altos cargos del Ejecutivo, se reunieron para aprobar el rescate de Plus Ultra y llevarlo al Consejo de Ministros, la aerolínea ya conocía el resultado con anticipación de cuatro días gracias a «información privilegiada», según el auto de la Audiencia Nacional. Este aviso fue dado el 26 de febrero de 2021 por Julio Martínez Martínez al empresario venezolano cercano a Delcy Rodríguez, Camilo Ibrahim Issa, considerado el verdadero accionista principal de Plus Ultra. Martínez fue apodado «lacayo de Zapatero» por el consejero delegado de Plus Ultra, también venezolano, Roberto Roselli, quien habría creado una «boutique financiera» para que el ex presidente del Gobierno recibiera «la mordida».
Martínez acertó en su aviso, ya que el 26 de febrero llegaron finalmente los informes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) necesitaba para otorgar la autorización formal al rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra. Días antes, el 9 de febrero, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) había iniciado el proceso de ayuda, como publicó este diario, incluso antes de recibir los informes justificativos. No obstante, fue durante la última semana de febrero cuando se recibieron los documentos del Ministerio de Fomento bajo José Luis Ábalos, aunque el ministro había asegurado no tener relación con el rescate, junto con el informe jurídico favorable de Deloitte, asesor de la Sepi. Por lo tanto, el empresario alicantino Martínez tuvo información en tiempo real acerca de la llegada de documentos al brazo industrial del Gobierno adscrito al Ministerio de Hacienda, como es la Sepi.
El 2 de marzo, los miembros titulares del Consejo Gestor —la mencionada Aagesen, la actual presidenta de Patrimonio Nacional y entonces secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, así como las subsecretarias de Hacienda, Pilar Paneque, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco— cumplieron con lo esperado por el «lacayo» de Zapatero, expresando su «conformidad con la propuesta de resolución planteada por Sepi, que se acepta en sus propios términos». Así queda reflejado en el acta —ver reproducción adjunta— a la que tuvo acceso este diario. No se registraron desacuerdos, sino un «agradecimiento al trabajo y esfuerzo llevado a cabo».
El entonces presidente en funciones de la Sepi, Bartolomé Lora, presidió aquella reunión. En ese día, Julio Martínez almorzó con el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el mencionado Roselli para celebrar la formalización del rescate. Posaron para una foto con motivo de la ocasión, y el «lacayo» de Zapatero, conocido por su sentido del humor, acompañó la imagen tomada en el restaurante con un comentario jocoso respecto al dinero público: «La Sepi no aprueba estos gastos». Roselli replicó rápidamente: «Tranquilo, eso sale del 1%». Se refería así a que le habían prometido a Martínez una mordida del 1% de los 53 millones recibidos del Gobierno de Pedro Sánchez. «Entonces, aprobado», concluyó el comisionista en broma. Para esas fechas, Plus Ultra ya había firmado un contrato por ese 1% con Idella Consulenza Strategica, sociedad de Martínez, y ésta había creado una entidad opaca en Dubái bajo instrucciones, según el auto judicial, directamente de Zapatero.
De acuerdo con el auto del juez Calama, «la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, incluyendo el acceso adelantado a información privilegiada sobre la pronta concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con el propósito específico de influir en la decisión del órgano competente».
Otra circunstancia que llama la atención del magistrado respecto a la influencia de Zapatero en el Gobierno fue una comida del ex presidente con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando este último desempeñaba el cargo de ministro de Inclusión y Seguridad Social. Este encuentro forma parte de la cronología de contactos que condujeron al rescate y tuvo lugar el 7 de septiembre de 2020, una semana después de que Plus Ultra solicitara la ayuda pública. El juez expresa sorpresa por el trato favorable recibido por la aerolínea de parte de la Seguridad Social. Solo se permitía a la aerolínea solicitar el rescate si estaba al día con sus pagos en la Tesorería General de la Seguridad Social previo a la pandemia, certificación que obtuvo el 20 de agosto. Esto ocurrió «a pesar de que, según la información recabada mediante el requerimiento judicial dirigido a la TGSS, se informa de una deuda». La aerolínea arrastraba un adeudo desde 2017 y no había saldado sus cuentas antes del estallido del Covid, y mucho menos después. La pregunta que surge es por qué le otorgaron entonces el certificado como si no tuviera deuda, documento clave para acudir a la Sepi. Según el auto judicial, la cifra adeudada ascendía a 452.000 euros y la aerolínea consiguió un nuevo aplazamiento para pagar en octubre de 2020.