La Audiencia Nacional sitúa al ex presidente del Gobierno al frente de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a la «obtención de beneficios».
Por primera vez en democracia, la Justicia investiga a un ex presidente del Gobierno por corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero es señalado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, como el presunto jefe de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuyo objetivo es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante entidades públicas en favor de terceros, especialmente Plus Ultra».
«En la cúspide de esta red se encuentra Rodríguez Zapatero», enfatiza el juez del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, «quien ejerce liderazgo estratégico y mantiene contactos institucionales y empresariales de alto nivel». Según el auto que ordena su imputación y convoca su declaración para el 2 de junio, destaca que desde «su despacho en Ferraz —centro de coordinación de la red— se dictan instrucciones, se redactan documentos, se gestionan comunicaciones delicadas y se organiza la operativa financiera y societaria». Basándose en esto, el magistrado autorizó ayer los registros en la oficina del histórico líder socialista, en las oficinas de sus hijas, propietarias de la empresa de marketing Whathefav, y en varias sociedades relacionadas con la trama.
La investigación judicial gira en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros, así como al cobro de comisiones vinculadas a esta millonaria operación.
Según Calama, las cantidades recibidas por el ex presidente en esta transacción superarían los 1.948.857 euros, distribuidos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para sus hijas. Tal y como adelantó en exclusiva EL MUNDO el 19 de enero, los pagos realizados por el asesor externo de Plus Ultra y amigo personal de Zapatero, Julio Martínez, se canalizaron mediante la sociedad instrumental Análisis Relevante. También se reveló la existencia de un contrato por el que Martínez acordaba con la aerolínea el cobro del uno por ciento del rescate. La investigación judicial confirma ahora que esta comisión se pagó a través de una sociedad con sede en Dubái controlada por el ex presidente.
El auto señala que la Policía Judicial ha intervenido conversaciones entre los propietarios de Plus Ultra donde se aborda abiertamente la posibilidad de obtener el esperado rescate gubernamental. Además de Zapatero, están investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO de la compañía, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez (amigo y pagador de Zapatero). El tráfico de influencias se camuflaba bajo asesorías falsas que nunca fueron realmente prestadas.
El 30 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes, ex propietario venezolano de la aerolínea, indicó que había que «pedir ayuda a Zapatero». «Tema lobby político Plus Ultra», añadió al ex viceministro de Economía de Venezuela, Ramón Gordils, quien respondió: «Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegarle a ZP». Frente a esta situación, el actual presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, comentó: «Como dice un amigo, vamos a por ello aunque tengamos que pagar un poco».
Zapatero afirma que se defenderá «con toda la firmeza y convicción»
«Por ahí vendrá la mordida»
En otra conversación interceptada, el principal ejecutivo de Plus Ultra, Roberto Roselli, le explica a Reyes que está en contacto con «el lacayo» de Zapatero, haciendo referencia al empresario Julio Martínez Martínez, y que éste «le informó a Martínez Sola sobre la estructura mercantil que habían creado para cobrar las mordidas». «Ya le dijo a Julio que han montado su finance boutique. Por ahí llegará la mordida», añadió.
En junio de 2020, Reyes retoma el tema del pago de comisiones a cambio del rescate y pregunta a Roselli si ya se había cuantificado la «mordida». Roselli respondió que «no», pero subrayó que, si prosperaban las gestiones de Julio Martínez, «vale la pena pagar». En dicha estrategia contemplaban también la posibilidad de llegar al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y se indica que habían contactado con Koldo García, además de concertar una cita con el ex secretario de Estado Pedro Saura. Incluso el auto menciona pagos a Jésica, la prostituta con la que Ábalos mantuvo una relación sentimental, realizados por empresarios relacionados con Plus Ultra.
Por otro lado, el auto describe el liderazgo que ejercía Zapatero sobre los demás miembros de la red criminal. Se explica que el ex presidente y Julio Martínez Martínez adoptan comportamientos encaminados a evitar establecer vínculos directos entre ambos.
Así, Julito elimina sistemáticamente algunos mensajes enviados por el ex dirigente socialista. En una de las conversaciones con el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón se incluyen expresiones claras como «presidente, le reporto las novedades» o «presidente, seguimos atentos a sus indicaciones en este asunto».
Según el magistrado instructor del caso Plus Ultra, la red corrupta utilizó sociedades pantalla, documentación falsa y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilegítimas, ocultar el origen y destino de fondos y obtener beneficios económicos para terceros y para la propia organización». Las comunicaciones intervenidas evidencian que la red operaba «tanto en España como en el extranjero, estableciendo contactos con autoridades y agentes económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el propósito de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran envergadura».
Petróleo, oro y divisas
El auto que imputa a Zapatero señala también que en la actividad de la red detectada se identifican «características comunes». Una de ellas es la «intervención directa» del ex presidente en «operaciones internacionales con un alto valor económico». Se mencionan ejemplos de estas operaciones: «las relacionadas con petcoke [un derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas».
En su resolución, el instructor recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron conseguir los 53 millones de euros de ayuda otorgados por la SEPI mediante «mecanismos externos a los procedimientos legales establecidos». Para ello, crearon dos vías de influencia distintas, una mediante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías operaron simultáneamente, la del ex presidente adquirió un «papel predominante» que permitió a Plus Ultra lograr los objetivos deseados.
El auto detalla que las acciones investigadas demuestran que la influencia ejercida por el ex presidente no buscó un trato general o una expectativa indefinida, sino la consecución específica de una resolución administrativa: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La sucesión temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, junto con el acceso anticipado a información privilegiada sobre la próxima concesión de la ayuda, evidencian que la red actuó con el propósito concreto de influir en la decisión del órgano competente.
El juez considera que el conjunto de indicios recopilados pone de manifiesto la existencia de una organización dedicada al tráfico de influencias fundamentada en las conexiones de Rodríguez Zapatero.
El acceso del ex presidente a altos cargos de la Administración fue fundamental. Esa red habría trabajado para beneficiar a terceros, quienes, en su condición de clientes, abonaban determinadas sumas a cambio de los servicios prestados. En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel destacado en varios niveles y vincularía en la misma, entre otros, a la secretaria del ex líder del PSOE.