Ana Isabel Hernández, ex presidenta del comité de empresa, denunció en su momento tanto dentro de la institución como ante el Ministerio de Ciencia que el centro líder en la lucha contra el cáncer adquiría «artículos innecesarios como bañeras de hidromasaje». Actualmente, la Autoridad Independiente le concede la condición de informante.
La Autoridad de Protección al Informante (AIPI) ha reconocido recientemente a la investigadora del CNIO Ana Isabel Hernández, quien desde hace ocho años reporta en la institución prácticas corruptas que ahora están bajo investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, como una «informante con derecho a protección».
Hernández, que en noviembre pasado declaró a EL MUNDO haber «temido» por su «integridad» y haber sentido «verdadero miedo» al denunciar irregularidades internas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), había solicitado protección dentro del organismo el pasado 15 de abril, pero días después recibió notificación del actual director científico, Fernando Peláez, negándole dicha protección.
Por su parte, la AIPI ampara ahora a Hernández, que ha atravesado un verdadero calvario en esta institución española de referencia en oncología, tras denunciar desde 2018 múltiples irregularidades en las finanzas que sólo comenzaron a ser tomadas en serio cuando un ex alto cargo, el director de Operaciones, denunció hace un año ante Anticorrupción un presunto desfalco de entre 25 y 30 millones de euros a lo largo de 17 años, con la supuesta complicidad y apoyo del entonces gerente, Juan Arroyo.
En realidad, Hernández venía desde años atrás denunciando la falta de control en las cuentas y posibles enriquecimientos ilícitos de ex altos cargos de la institución mediante empresas creadas ad hoc fuera del centro.
Todo comenzó, según relató a EL MUNDO, cuando en 2017 ganó las elecciones al comité de empresa en medio de expectativas de despidos entre los investigadores: «Empecé a revisar las cuentas, a las que tenía acceso como presidenta del comité, y hallé numerosas partidas sospechosas». Señaló que el CNIO destinaba grandes sumas a ferretería y a equipamiento que nunca se utilizaría en el centro, como por ejemplo bañeras de hidromasaje.
Hernández denunció estos hechos en la institución, que no actuó, y también al Ministerio de Ciencia, entonces bajo el mando de Pedro Duque, sin obtener respuesta alguna. Se dirigió a los tribunales con el apoyo de Vox, «porque fueron los únicos que atendieron mi denuncia, intenté con todos los partidos».
El caso fue archivado inicialmente por falta de pruebas, pero el punto de inflexión llegó con la denuncia ante Anticorrupción del ex director de Operaciones: un informe de 120 páginas cargado de evidencias, elaborado junto a la directora de Cumplimiento Normativo durante ocho meses mediante una especie de auditoría forense, y respaldado por grabaciones de empleados que admitían prácticas corruptas.
EL MUNDO publicó en exclusiva en noviembre pasado esa denuncia, donde se mostraba incluso que una de las subcontratas del CNIO había sido constituida en el domicilio del ex gerente, Juan Arroyo. El entonces gerente, José Manuel Bernabé, también presentó abundantes pruebas de las irregularidades, y la Fiscalía encargó a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) una investigación que cuenta con la colaboración directa de Hernández.
Mientras la institución quedaba seriamente cuestionada, incluso con la dimisión del propio Bernabé, «aterrado» por las «irregularidades» detectadas, según su propia declaración ante la Policía, la figura de Hernández, quien durante años fue marginada dentro del centro y acosada por el entorno de los investigados, comenzaba a ser reivindicada ante sus colegas.
Recientemente, ella volvió a solicitar amparo institucional después de haber sido señalada por Mariano Barbacid en una entrevista para ‘ABC’; tras ello, Peláez le denegó cualquier protección. Ahora, la AIPI la respalda al confirmar, según fuentes de este medio, que cumple con los requisitos para acceder a esta protección. Mientras tanto, continúan las investigaciones de Anticorrupción y la UDEF.