Las claves
La Audiencia Nacional ha decretado la suspensión provisional de la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, siguiendo la petición de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso celebra esta resolución judicial y critica que el Gobierno utilice la memoria histórica para fracturar a la sociedad y perjudicar la imagen institucional.
El Ejecutivo central solicitará la revocación del auto, argumentando que la declaración no afecta ni los usos ni la imagen de la sede de la Comunidad de Madrid.
El ministro Ángel Víctor Torres subraya que la declaración busca hacer justicia con las víctimas y que la medida es únicamente provisional.
Isabel Díaz Ayuso ha expresado este lunes su satisfacción porque la Justicia le haya «quitado la razón» a Sánchez «en uno de sus nuevos intentos sectarios» y ha defendido su estrategia de enfrentar al Gobierno por vía judicial.
El motivo del entusiasmo de la presidenta madrileña radica en la suspensión provisional, dictada por la Audiencia Nacional, del acuerdo que declara lugar de memoria democrática a la Real Casa de Correos, sede actual de la Presidencia de la Comunidad de Madrid (situada en la Puerta del Sol), y antiguo emplazamiento de la Dirección General de Seguridad.
El auto da la razón al recurso presentado por el abogado de la Comunidad de Madrid que solicitaba paralizar el acuerdo, al considerarlo dañino para la imagen institucional.
Según el tribunal, «no se puede afirmar de manera categórica que la imagen de la sede padecerá un daño irreversible, aunque tampoco se puede negar con certeza que pueda existir un impacto negativo». Además, señala que la declaración de lugar de memoria democrática podría influir en diferentes grados sobre las actividades que allí se desarrollan.
Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid, presidido por ella, Díaz Ayuso calificó de «profundamente sectario», «falso» y «populista» el hecho de «recurrir continuamente a la memoria por ley», agregando que el Gobierno se dedica a «dividir a los ciudadanos entre buenos y malos».
«Lo que realmente considero inhumano es borrar a las víctimas de una parte de un conflicto fratricida como fue aquel absurdo episodio, pretendiendo así repartir carnés de humanos y demócratas. Por eso, dejar fuera a la mitad de las víctimas me parece sectario, especialmente en una región donde fallecieron más de 15.000 personas. Empezaríamos un bucle si comenzáramos por el Frente Popular», añadió.
Sostiene que «ningún político puede otorgar el carné de democracia como pretende Sánchez» y criticó que se intente recurrir «a la memoria por ley», algo tremendamente sectario, falso y propio de gobiernos populistas.
«Buscan hacer un revisionismo histórico para dividir a la ciudadanía en buenos o malos y, una vez controlado ese pasado, dirigir el futuro. A eso también nos hemos acostumbrado», indicó Ayuso, calificando la situación de «profundamente inhumana».
La presidenta solo ve un intento de «reescribir la historia enfrentando a unos con otros» y considera «inhumano borrar» a las víctimas de una parte. «Pero no hablemos de historia, que solo pueden narrarla algunos, ya saben», expresó.
«Si uno se deja someter por el Gobierno (…) muchas de estas victorias ni existirían», puntualizó.
El Gobierno recurrirá
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que impugnará el auto por la suspensión provisional. A través de redes sociales, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, enfatizó que se trata de «una medida cautelar, no definitiva, y que la Audiencia Nacional no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto».
Se recurrirá la resolución porque, señala, declarar lugar de memoria a ese edificio «no afecta a los usos» que tiene actualmente.
«Que la fachada recuerde el pasado del inmueble no altera ni la actividad administrativa ni la imagen institucional, un argumento apoyado por uno de los magistrados en un voto particular contundente», destaca el ministro.
La decisión adoptada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en octubre de 2025 y cuestionada por la Comunidad de Madrid, según Torres, busca rendir «justicia a las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar».
«Cualquier demócrata debería respaldar que sea un lugar de memoria, al menos por humanidad. Estamos convencidos de que la Justicia lo terminará reconociendo. El tiempo lo dirá«, concluyó.