La proposición no de ley del PSOE impulsa controles más rigurosos, mayor transparencia y prohíbe la descalificación de las VPO para evitar su uso especulativo
La vivienda será el tema central en el Pleno del Congreso que tendrá lugar mañana martes, donde se discutirá la prohibición de compra de inmuebles por parte de personas jurídicas, empresas y fondos buitre, además de reforzar los mecanismos de control para evitar adjudicaciones arbitrarias de pisos protegidos.
En particular, el Pleno abordará una proposición no de ley presentada por Sumar, que propone vetar la adquisición de viviendas por parte de empresas, personas jurídicas y fondos de inversión conocidos como ‘fondos buitre’. Asimismo, esta iniciativa contempla la derogación del marco legal vigente de las socimis, sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, que representan una vía principal de inversión en el mercado residencial español.
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No es la primera vez que Sumar presenta una propuesta similar. En noviembre de 2025 registró un proyecto de ley con objetivos semejantes, que fue rechazado en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras PSOE y PNV optaron por la abstención.
Ahora, Sumar retoma la iniciativa con una proposición no de ley que, aunque carece de carácter obligatorio, pretende reabrir el debate político respecto al acceso a la vivienda. Esta acción se produce tras la propuesta que a comienzos de este año hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la prohibición a grandes inversores para adquirir viviendas unifamiliares, respaldo que contó con el apoyo de Vox en España.
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Este contexto ha sido aprovechado por Sumar para fortalecer su estrategia política y volver a colocar esta cuestión dentro de la agenda del Congreso.
El economista Santiago Carbó analiza la coyuntura actual del mercado inmobiliario, alertando sobre “incrementos significativos” en los precios de compra y detallando cómo la escasez junto a los elevados costos de alquiler hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.
Derogación de las socimis
Además del veto a la compra de viviendas por grandes fondos, la iniciativa demanda la derogación urgente de la ley que regula las socimis, aprobada en 2009. Actualmente, estas sociedades tributan al 1% en el impuesto de sociedades, un régimen fiscal que Sumar considera privilegio injustificado.
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El grupo argumenta que este marco ha incentivado la entrada de grandes fondos internacionales en el mercado inmobiliario español, hecho que, según su visión, ha incrementado la presión sobre los precios de la vivienda y ha provocado la expulsión de residentes en ciertos barrios.
Sumar apunta específicamente a fondos como Blackstone o Cerberus, señalándolos por concentrar extensas carteras de viviendas en España y operar con finalidades especulativas. Según la argumentación, este modelo de inversión estaría obstaculizando el acceso a una vivienda adecuada y fomentando dinámicas que encarecen el mercado.
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Evitar “corruptelas”
Mañana martes, el Pleno del Congreso también discutirá una proposición no de ley del PSOE que busca fortalecer los mecanismos de control, transparencia y vigilancia en la asignación de vivienda protegida. La iniciativa propone proteger de manera indefinida este tipo de inmuebles para impedir su uso especulativo y mitigar posibles irregularidades en los procesos de adjudicación.
El PSOE fundamenta su propuesta en varios casos de supuestas irregularidades detectadas en administraciones locales del PP en ciudades como Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Según el texto, dichos casos han contribuido a “socavar la confianza ciudadana” en los sistemas de adjudicación de vivienda protegida.
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Los socialistas insisten en que estos procedimientos deben basarse en criterios claros, objetivos y transparentes, que aseguren concurrencia pública y eviten cualquier arbitrariedad en la entrega de viviendas.
Prioridad a los registros públicos de demandantes
La proposición plantea que las adjudicaciones de vivienda protegida prioricen a las personas inscritas en registros públicos de demandantes. Además, propone que el orden en estos registros sea el criterio principal para acceder a una vivienda, lo que reduciría significativamente la discrecionalidad administrativa.
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Según los socialistas, el propósito es mejorar la seguridad jurídica del proceso y asegurar que el acceso a la vivienda protegida se base en normas claras y uniformes en todo el territorio.
Vivienda protegida “para vivir, no para especular”
Uno de los puntos clave de la propuesta es el blindaje permanente de la vivienda protegida. El PSOE plantea que los inmuebles construidos o adquiridos con ayudas públicas, beneficios fiscales o situados en suelo público mantengan indefinidamente su condición de protección.
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Así, las viviendas no podrían perder este régimen mientras el suelo mantenga su clasificación urbanística de protección, evitando su incorporación al mercado libre. La iniciativa también recalca que la vivienda protegida debe destinarse únicamente a residencia habitual, prohibiendo su uso para fines especulativos o de inversión.
Se contemplarían excepciones muy limitadas, como alojamientos temporales o de emergencia, siempre con la autorización expresa de las autoridades competentes.
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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incluirá financiación para obras de urbanización y estará enfocado en promover la vivienda protegida.
El texto presentado por el PSOE incorpora además una serie de medidas destinadas a fortalecer la supervisión del parque público de vivienda. Entre estas destacan la creación de registros públicos de demandantes, la elaboración de un inventario actualizado de vivienda protegida y la identificación del suelo público con capacidad residencial.
La iniciativa también propone auditar las adjudicaciones y ventas de suelo público realizadas en los últimos tres años, con la finalidad de detectar y corregir posibles irregularidades. Asimismo, plantea la implementación de nuevos mecanismos institucionales de control para optimizar la vigilancia sobre todo el sistema de vivienda protegida.