Las claves
El abogado que representa a Jordi Pujol Ferrusola acusa a la Fiscalía de «manchar» la imagen del clan Pujol y de no contar con evidencias sólidas que demuestren el origen ilícito de su patrimonio.
La defensa sostiene que la riqueza familiar procede de la herencia de Florenci Pujol, descartando que derive de pagos indebidos o manipulación de contratos.
Los letrados denuncian la ausencia de pruebas específicas en materia de blanqueo de capitales y critican la inadecuada inversión de la carga de la prueba.
Asimismo, la Abogacía del Estado ha sido señalada por tratar, según la defensa, de tipificar los hechos como blanqueo frente a la prescripción de los delitos fiscales.
El abogado Cristóbal Martell, defensor de Jordi Pujol Ferrusola, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de «manchar a brochazos» y de «contaminar la percepción» sobre la fortuna y los negocios de la familia Pujol.
Así se expresó este miércoles durante la penúltima jornada del juicio por el caso Pujol.
En esta sesión correspondió presentar los alegatos finales de las defensas, y Martell solicitó la «absolución total» para su defendido, primogénito de Jordi Pujol i Soley, expresidente de Cataluña, y de la fallecida Marta Ferrusola.
Según Martell, la postura de la Fiscalía —que atribuye la riqueza de los Pujol a comisiones ilegales a cambio de manipulación contractual— carece de un «vacío probatorio insoportable» y de una «evidente falta de elementos probatorios».
Los siete hijos de la familia Pujol están en el banquillo; el padre, de quien Martell también era abogado, fue excluido del juicio por su «deterioro cognitivo»— sostienen que la fortuna oculta en Andorra procede de la herencia del abuelo Florenci, progenitor del expresidente.
Para Martell, esta es una «alternativa viable» frente a la teoría acusatoria de la Fiscalía. El abogado ha destacado que contemplar ambas hipótesis «nos obliga a comparar una con la otra y, si eso genera dudas, la conclusión sólo puede ser la absolución».
«Hablan de negocios ficticios sin especificar cuál sería el verdadero», remarcó Martell, en referencia a las actividades de su cliente, antes de señalar que «no resulta sencillo» presentar documentación sobre «fondos opacos desde las décadas de los 70 y 80».
«No es irracional, sino razonable», defendió Martell respecto a la deixa (herencia, legado en catalán) de Florenci Pujol, quien, como recordó, «llegó a ser cambista en Tánger». «Hemos aportado datos sobre él basados en cuatro o cinco libros de historia», explicó el letrado.
Además, Martell criticó que la Fiscalía «ha generado un clima» adverso a los Pujol al asociarlos con «un personaje condenado por corrupción como [el fallecido empresario] John Rosillo».
«Así es prácticamente media Barcelona», comentó Martell, quien lamentó que, salvo Jordi Pujol Ferrusola, administrador de los fondos familiares, los demás hijos hayan resultado afectados por el proceso.
«El recurrente argumento de ‘mucho efectivo, sociedades pantalla, testaferros’ es insuficiente», criticó el abogado de Jordi Pujol Jr. «Se requiere especificar la actividad delictiva previa [al presunto blanqueo]. No bastan supuestos genéricos ni conjeturas», subrayó.
«El diablo está en las fechas. ‘Tal día asaltaron el tren de Glasgow y ese mismo día los Pujol recibieron un ingreso…'», ejemplificó durante su contundente alegato final.
«Durante todo el juicio y la instrucción no he observado ni un testigo ni una prueba que relacione a Jordi Pujol i Soley con actos de corrupción pública que alimentaran el patrimonio familiar», afirmó Martell.
Seguidamente, rechazó que el clan Pujol, como sostiene el fiscal, pueda considerarse una «organización criminal».
«En el mejor de los casos, tendríamos un fundador y un —como dicen nuestros hijos— CEO: Jordi Pujol i Soley y Jordi Pujol Ferrusola. Sólo dos… ¿Puede Pujol Ferrusola formar una organización criminal consigo mismo? ¿O sólo con su padre?», planteó el abogado.
La Abogacía del Estado, encargada de representar a la Agencia Tributaria en este procedimiento, también fue objeto de críticas. Martell la acusó de «autocomplacencia».
«Al no poder acusar por delitos fiscales, porque están prescritos, intentan encuadrarlo en blanqueo de capitales. ¡Con tal ligereza!», censuró durante su intervención, que incluyó numerosas referencias jurisprudenciales (sentencias del Supremo, casos Gürtel, Nóos, Roldán, Ballena Blanca…).
Por su parte, Jaime Campaner, abogado de Josep, otro de los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, también cargó contra la acusación fiscal: «No se describe ni una sola operación de blanqueo a partir del 1 de julio de 2011».
«Las acusaciones adoptan una visión sesgada cuando algo no les conviene. Todas las anotaciones [de Josep en sus agendas] sobre el legado [de Florenci] se ocultan y sólo se muestra al tribunal lo que les resulta conveniente…», reprochó Campaner.
De acuerdo con Martell, el abogado enfatizó que «el criterio innegociable» para anular la presunción de inocencia es que se demuestre «más allá de toda duda razonable».
«Esto implica que la teoría acusatoria debe ser la única probable. Si no lo es, favorece a la defensa…», añadió Campaner.
«Percibo cierto imperialismo jurídico por parte de la Agencia Tributaria en su escrito, al pretender aplicar técnicas regulatorias y presunciones administrativas dentro de un procedimiento penal», criticó el abogado, en referencia a los delitos fiscales atribuidos a su cliente.
«Las cuentas de Josep [Pujol] mostraban un comportamiento extremadamente rutinario durante períodos ya prescritos. Sería absurdo buscar irregularidades bajo esas condiciones…», concluyó.
Campaner también censuró la «inadmisible inversión de la carga de la prueba» y una «minimización de la presunción de inocencia» afectando a su representado.