El 7 de mayo, la Venerable Tercera Orden de San Francisco ejecutó un quinto intento de desalojo contra Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años que había vivido toda su vida en el mismo piso del distrito de Embajadores en Madrid. Este caso ha generado protestas y reavivado el debate sobre la vivienda.
Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años, fue finalmente desalojado el pasado jueves de su hogar en el barrio de Embajadores, en el centro de Madrid, cuando se llevó a cabo la quinta orden de desalojo. En cuatro ocasiones previas, la presión vecinal había logrado paralizar el procedimiento; esta vez no fue posible impedirlo.
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Desde primeras horas de la mañana, un notable despliegue de la Policía Nacional acordonó la zona con hasta ocho furgones y cuatro vehículos patrulla. La portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Carolina Vilariño, resumió la situación con crudeza: había un exceso de agentes para desalojar a un pensionista de su vivienda.
En la actualidad, Ordaz no sabe cuál será su próximo paso. Cree que podrá alojarse en un refugio durante algunas semanas y un amigo le ha ofrecido un cuarto por unos 400 euros. No cuenta con ninguna otra alternativa habitacional.
Un propietario con votos de pobreza y más de 300 pisos
El propietario del edificio es la Venerable Tercera Orden de San Francisco de Asís (VOT), una entidad religiosa que, según sus críticos, gestiona sus bienes con una lógica más propia de un fondo de inversión que de una congregación religiosa. La orden posee más de 300 pisos solo en el centro de Madrid.
Varios inquilinos en inmuebles de VOT señalan particularidades de este arrendador: se les ofreció un alquiler algo inferior al mercado a cambio de que ellos mismos arreglaran el piso, dado el mal estado original de las propiedades. El mantenimiento de las zonas comunes era deficiente: filtraciones, ventanas rotas, luces fuera de servicio, tuberías oxidadas.
La situación de Ordaz encaja en este patrón. Tras la pandemia, perdió su empleo y no pudo hacer frente a las subidas del alquiler. Cuando le comunicaron que debía pagar 800 euros mensuales más una deuda acumulada de 15.000 euros, le resultó evidente que era inviable. Aún necesitaba cubrir sus gastos de alimentación, electricidad y agua.
La orden justifica el desalojo alegando que se requieren trabajos debido al deterioro del edificio. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinos sostiene lo contrario: señala que el “estado deplorable” de la propiedad se debe a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios, quienes habrían usado ese deterioro como pretexto para ejecutar el desahucio y vaciar el edificio.
La organización afirma que la orden franciscana no es un pequeño arrendador, sino una institución con vastos inmuebles exentos de impuestos, que además gestiona centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís.
Sin moratoria y la puerta abierta a miles de desalojos
El caso de Mariano no se comprende sin el contexto político que lo rodea. La moratoria contra desalojos expiró en el Congreso el 26 de febrero tras el voto en contra de partidos de derecha. Con esta derogación, el Sindicato de Inquilinos advierte que personas como Mariano han perdido una de las pocas herramientas para protegerse.
El sindicato alerta que este episodio abre la puerta a una ola de hasta 60.000 desalojos de familias vulnerables en todo el país. Las organizaciones de inquilinos responsabilizan a varios niveles de gobierno: la Delegación del Gobierno, el gobierno central por no derogar la Ley Mordaza, el ministro de Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Se ha convocado una manifestación en Madrid para el 24 de mayo bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”, que partirá de Atocha a las 12:00.
Madrid, el mercado de vivienda más tensionado de España
El desalojo de Mariano no es un caso aislado; según organizaciones vecinales, representa un síntoma de un mercado roto. El mercado del alquiler acumula 44 meses consecutivos de aumentos interanuales desde marzo de 2022. En este período, los precios han subido un 33%, expulsando a numerosas familias del mercado.
En Madrid, el distrito central ha registrado un incremento del 21% en los alquileres en solo un año, con precios que rara vez bajan de los 2.000 euros mensuales. Que una orden religiosa con cientos de pisos en ese mismo centro urbano opte por subir los alquileres hasta niveles inaccesibles y luego recurra a la vía judicial para ejecutar desalojos, confiere al caso un alcance que va más allá de una disputa entre arrendador e inquilino.
El aumento en rentas y precios de la vivienda está expulsando a muchos españoles del mercado habitacional, a pesar de la reciente recuperación económica. Los salarios no han avanzado al mismo ritmo y, según analistas, el auge turístico y el crecimiento demográfico en las ciudades, impulsado por la inmigración, han reducido aún más la oferta.