Las claves
La Eurocámara alerta sobre un deterioro en la independencia judicial en España y destaca una percepción creciente de la corrupción.
El informe señala la ausencia de colaboración del Gobierno español, que no aceptó reunirse con los eurodiputados durante su misión en Madrid.
Se critica la saturación de los tribunales, la insuficiencia de jueces y fiscales, y el uso excesivo de decretos-ley, elementos que menoscaban la confianza en el sistema judicial.
La Eurocámara expresa preocupación por la gobernanza de RTVE, la transparencia, los conflictos de interés y el aumento de amenazas hacia periodistas.
El Parlamento Europeo ha dejado constancia de que en España existe un retroceso en la «independencia judicial», empeoran los índices de corrupción y el Gobierno ha mostrado falta de cooperación con las instituciones de la UE.
Un informe aprobado este miércoles en la Eurocámara, al que ha tenido acceso este medio, lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negaran la reunión con los eurodiputados que visitaron España en febrero, junto con la presidencia de RTVE y otras entidades públicas.
En sus conclusiones, los integrantes de la misión advierten que el actual modelo de gobernanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «continúa generando inquietudes […] respecto al potencial de influencia política en la gobernanza judicial«.
La delegación apunta que las recomendaciones europeas exigen que «al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por sus propios pares«. Además, advierte que la suma de tensiones sobre el CGPJ y otros factores «reduce la confianza pública y afianza la percepción de politización«.
El informe también señala a España por el incremento de la corrupción. Recuerda que los indicadores de percepción han «alcanzado su mínimo más bajo desde 2012, según Transparencia Internacional».
Además, advierte que los retrasos en los casos emblemáticos, como Kitchen, así como el ambiente político general generado por el primer juicio del ‘caso Ábalos’, pueden «minar la confianza pública en la eficacia e imparcialidad de la aplicación de las leyes anticorrupción«.
Examen del Europarlamento
La misión de la comisión de Libertades Civiles (LIBE) viajó a Madrid el 16 y 17 de febrero.
Su propósito fue «recoger información directa» sobre la situación del Estado de derecho en España y específicamente, sobre la judicatura, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción.
Aunque mantiene el lenguaje moderado típico de las instituciones europeas, la delegación describe un país con instituciones «formalmente sólidas, pero enfrentadas a una polarización creciente y a tensiones que dañan su credibilidad«.
De hecho, el dictamen resalta que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, expresó a los eurodiputados su alarma por el «deterioro de la práctica legislativa». Concretamente, por el uso «excesivo» de los decretos‑ley y el bloqueo o demoras en las iniciativas parlamentarias.
Según el informe, la delegación constató que «desde 2018, el Gobierno ha emitido más de 120 reales decretos ley«. Esto significa una media anual de 15, «la cifra más elevada registrada en períodos democráticos similares en España».
Y advierten que el uso reiterado e injustificado de este mecanismo «puede limitar la deliberación y debilitar los mecanismos de consulta, incluido el papel asesor de los órganos judiciales», especialmente en reformas políticamente sensibles.
Los miembros de la misión recogieron las críticas de asociaciones judiciales y del propio CGPJ por el desconocimiento del Ejecutivo hacia el Parlamento.
Varios interlocutores alertaron que estas prácticas «corren el riesgo de debilitar el papel constitucional del Senado como cámara territorial y cámara de segunda lectura.»
El informe concluye que asegurar «la transparencia en los procesos legislativos, una consulta efectiva y una relación equilibrada entre Gobierno, Parlamento y órganos de control constitucional seguirá siendo clave para fortalecer la solidez del sistema español de pesos y contrapesos«.
Falta de medios en la Justicia
Durante la reunión con el Poder Judicial, la presidenta del CGPJ denunció la sobrecarga en los tribunales causada por «falta de recursos».
El documento habla de «decenas de miles» de asuntos pendientes y de una «grave escasez de jueces por habitante, bajo número de fiscales, sobrecarga crónica de trabajo y financiación insuficiente«, situación atribuible a la ausencia de Presupuestos Generales y a la dependencia financiera del Ministerio de Justicia, un aspecto que alimenta la «apariencia de politización».
Estas deficiencias «impactan en la eficacia del sistema judicial y en los índices de corrupción» al ocasionar retrasos incluso en los procedimientos más complejos.
El informe refleja también la crítica de Isabel Perelló respecto a la reforma de las vías de acceso a la carrera judicial. Tanto la presidenta del Supremo y CGPJ como varias asociaciones advirtieron que el nuevo proyecto de ley sobre las carreras de jueces y fiscales «socava la selección basada en el mérito» y que flexibilizar los requisitos para jueces auxiliares «podría debilitar los estándares generales de calidad«.
La delegación concluye que «restaurar un marco de gobernanza judicial estable, despolitizado y ampliamente respaldado será fundamental para preservar la credibilidad a largo plazo del sistema del Estado de derecho en España».
Plante del Gobierno
El informe fue aprobado este miércoles en la comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, reunida en Estrasburgo. La votación ocurre casi tres meses después de la misión a Madrid, que estuvo marcada por la controversia debido a la negativa del Gobierno a recibir a los eurodiputados.
La presidenta del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG), la liberal neerlandesa Raquel García Hermida‑van der Walle, lamentó entonces que Moncloa rompiera la práctica no escrita de recibir este tipo de delegaciones.
García Hermida destacó que en otros países en revisión, como Eslovaquia, el primer ministro sí mantuvo encuentros con la misión y que la ausencia de interlocución en Madrid «no tiene precedentes recientes».
Ahora, el texto aprobado en la Eurocámara «lamenta que no se hayan celebrado las reuniones solicitadas con el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, las empresas estatales y la radiotelevisión pública«. Además, advierte que la falta de participación de estos actores «restringió la capacidad de la delegación para obtener explicaciones directas del Gobierno».
La delegación sí mantuvo numerosas reuniones con jueces, fiscales, asociaciones profesionales, organizaciones civiles, medios de comunicación y expertos académicos. Tras estos encuentros, los eurodiputados constatan «un contexto de creciente polarización política, reflejada en la dinámica institucional y las prácticas legislativas».
Asimismo, advierten que dicha polarización «puede deteriorar la confianza pública con el tiempo», aunque España continúe «funcionando dentro de los límites constitucionales establecidos».
RTVE, transparencia y desconfianza
El capítulo relativo a la corrupción se vincula directamente con críticas políticas que ya son evidentes tanto en Bruselas como en Madrid.
La misión tomó nota del reciente proyecto de Ley de Integridad Pública, presentado por el Gobierno en respuesta a los últimos escándalos, pero recuerda que las recomendaciones del GRECO «siguen implementándose solo de manera parcial» y que aún faltan avances concretos en transparencia, conflictos de interés y regulación del lobby.
En el ámbito mediático, la Eurocámara manifiesta inquietud.
Sin mencionar la censura, la delegación recoge «la preocupación sobre la gobernanza independiente de la emisora pública RTVE», el aumento de amenazas y acoso a periodistas y «las dificultades para acceder a información oficial».
Un informe interno del Consejo de Informativos, remarca el informe, denuncia «repetidas violaciones de las normas editoriales» y el uso de formatos que mezclan información y mensajes políticos de una forma «incompatible» con los estándares de imparcialidad.
Las conclusiones, aunque formuladas con tono diplomático, son firmes: a pesar de que España conserva una estructura formal de Estado de derecho «estructuralmente robusta», presenta deficiencias graves y en aumento.
Sufre «persistentes desacuerdos institucionales», problemas en la gobernanza judicial, controversias legislativas, dudas sobre la independencia de los medios públicos y un clima político que alimenta la desconfianza. Para la Eurocámara, el desafío ya no es únicamente jurídico, sino también político e institucional.