Las claves
PSOE y Sumar han acordado extender los contratos de alquiler hasta julio de 2028, según el nuevo decreto de vivienda.
Esta disposición beneficiará a aproximadamente cuatro millones de personas y amplía cerca de un millón más los posibles beneficiarios en comparación con propuestas previas.
El decreto también contempla la regulación del alquiler temporal y de habitaciones, un incremento del IVA al 21% en los pisos turísticos y un aumento de las sanciones por su promoción en plataformas digitales.
Además, se plantean acciones para proteger a familias en situación vulnerable y prevenir desalojos, aunque todavía se negocian apoyos parlamentarios, especialmente con Junts.
PSOE y Sumar han convenido que el nuevo decreto de vivienda incorpore una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028, como confirmaron este miércoles fuentes del socio minoritario del Ejecutivo.
Ambas formaciones esperan que el texto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros y ya han comenzado las negociaciones con los grupos parlamentarios, principalmente con Junts, para asegurarse los respaldos necesarios en el Congreso.
El proyecto de decreto contempla la prórroga de los contratos de alquiler que expiren antes del 30 de junio de 2028, beneficiando a cerca de cuatro millones de personas desde el 21 de marzo de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.
Fuentes de Sumar señalan que esta «prórroga reforzada» incrementa en casi un millón las personas susceptibles de beneficiarse de esta medida.
El texto también incluye otras disposiciones anunciadas previamente, como la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para evitar el uso indebido de estos arrendamientos como mecanismo para eludir las normas sobre alquiler de vivienda habitual y los límites de precios en áreas tensionadas.
Asimismo, se contempla un aumento del IVA a un 21% para los pisos turísticos y un endurecimiento del régimen sancionador respecto a su publicidad en plataformas, con el objetivo de desincentivar el alquiler turístico.
El nuevo decreto ley dedicará una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios relacionada con medidas para proteger a las familias en situación vulnerable, con la finalidad de evitar desalojos y garantizar que ninguna quede sin alternativa habitacional.
Junts, el principal escollo
Tras el acuerdo interno en el Gobierno, el Ministerio de Vivienda debe entablar negociaciones con los grupos parlamentarios para asegurar su respaldo en la convalidación del decreto en el Congreso.
Para ello, requiere los votos fundamentales de Junts, partido que ya bloqueó en abril pasado la convalidación de la prórroga anterior.
Ese decreto, que entró en vigor el 22 de marzo, fue derogado el 28 de abril por los votos en contra de PP, Vox, Junts, con la abstención del PNV y el respaldo del resto del hemiciclo.
Luego de que el Congreso rechazara ese decreto ley, Sumar se comprometió a presentar un nuevo texto incluyendo esta medida y otras, como bonificaciones fiscales para caseros, para lograr el apoyo de Junts, formación que inicialmente se manifestó contraria a la prórroga de alquileres.
El socio minoritario del Ejecutivo prometió aprobarlo antes de concluir el verano y este miércoles avanzó parte del contenido, aunque por ahora no ha detallado las bonificaciones fiscales a propietarios de inmuebles, un punto que, de incluirse, provocaría que Podemos se abstenga en la votación.
La inclusión en el decreto de la suspensión de desalojos a familias vulnerables sin alternativa habitacional es una demanda de Podemos, aunque Junts y el PNV expresan objeciones con matices.