Durante más de un año, LaLiga ha emprendido una persecución contra enlaces, plataformas e IPTV ilegales que transmiten partidos de fútbol sin autorización, pero al mismo tiempo que bloquea estos sitios, ha afectado a otras páginas completamente legítimas que no tienen relación alguna con el fútbol.
Esto ocurre porque varios portales web comparten la misma dirección IP al alojar sus servidores en plataformas en la nube como Cloudflare, un servicio legal que emplean tanto aplicaciones piratas como legales. Como consecuencia, en todo este tiempo de bloqueos se ha producido un caso de “pagar justos por pecadores”, y pese a las repetidas quejas de usuarios e incluso las advertencias de expertos en Bruselas, hasta ahora no se había tomado ninguna medida.
No obstante, según una propuesta presentada por ERC en acuerdo con el PSOE, y luego apoyada por Sumar, Bildu, PNV y Compromís, y a la que se sumó Demócrata, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital ha dado luz verde a una reforma mediante enmienda a la Ley de Servicios Digitales para poner fin a la impunidad en los bloqueos realizados por LaLiga.
El pacto busca implementar una proporcionalidad tecnológica que evite «impactos indebidos en servicios legítimos». De manera inicial, esta proporcionalidad ya estaba contemplada en la ley, que respaldaba los bloqueos de LaLiga “siempre que no afectaran a terceros”, pero en la práctica, el organismo dirigido por Javier Tebas no ha tenido ningún límite, pese a vulnerar este principio.
Desde ERC señalaron el caso de Transporta’m, una plataforma que ofrece información sobre el estado de las infraestructuras de transporte en Cataluña. «Cada vez que se disputa un partido de fútbol, miles de personas pierden acceso a este servicio«, afirmó la diputada.
“Los intereses privados están condicionando el funcionamiento de Internet con repercusiones directas en la ciudadanía, se requieren normas claras”, concluyó una portavoz del partido.
Por ahora, se trata de una iniciativa que debe ser aprobada y, aunque el PP votó en contra, reconocen la necesidad de encontrar una solución más equitativa y proporcional que garantice el objetivo de evitar “afectaciones indebidas a servicios legítimos”.