Doce meses después, todo indica que se produjo un fallo en cadena dentro del sistema eléctrico que causó la interrupción del suministro en gran parte de España y Portugal. La CNMC ha iniciado expedientes tanto a las principales compañías energéticas como a Red Eléctrica, aunque persisten dudas en cuanto a los responsables directos.
“Hostia, hostia, hostia, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”, exclamó un operario de Red Eléctrica instantes antes de que el sistema se colapsara hace un año. A las 12:32 horas del 28 de abril de 2025, España sufrió un apagón masivo, conocido entre especialistas como “cero energético”, que dejó sin suministro a 36 millones de personas en España y Portugal. La conclusión, tanto del Gobierno como de los distintos análisis realizados, es que no existió una causa única, sino una sucesión de fallos que el sistema no pudo controlar. Sin embargo, aún quedan interrogantes sin resolver; el principal, quiénes fueron los responsables concretos.
Al mediodía de ese lunes, la tensión del sistema eléctrico ibérico se desplomó súbitamente hasta cero. En cuestión de segundos, millones de hogares, negocios e infraestructuras clave se quedaron sin electricidad. El apagón afectó casi toda la península ibérica, forzando a detener el transporte, la industria y servicios digitales. El suministro no se recuperó completamente sino hasta la madrugada siguiente. La restauración fue progresiva, pero provocó un impacto económico inmediato. Según el informe de Entso-e (Asociación Europea de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad), este fue “el incidente más grave en el sistema eléctrico europeo de las últimas dos décadas”.
PUBLICIDAD
Durante este tiempo, la principal incógnita ha sido qué causó exactamente el colapso. Actualmente, el consenso técnico apunta a un fallo multifactorial. El informe del comité de análisis publicado por el Gobierno descartó la posibilidad de un ciberataque o un evento extraordinario, señalando en cambio una combinación de factores: variaciones en la generación eléctrica, especialmente en plantas fotovoltaicas del suroeste, y una sobretensión de energía reactiva (energía que ocupa capacidad en la red sin consumirse) que no fue absorbida con la rapidez necesaria.
Una red al límite antes del colapso
No obstante, según numerosos informes publicados a lo largo del último año, el problema radicó menos en la cantidad generada y más en la estabilidad del sistema. Las fuentes renovables, como la solar y eólica, aportaban energía, pero por sí solas no poseen la capacidad para estabilizar la red en circunstancias críticas. Para esta tarea, se requieren centrales convencionales, como las de gas, hidráulicas o nucleares, que pueden responder en segundos.
PUBLICIDAD
Varias personas escuchan la radio de un coche en un taller durante el apagón.
Ese fue el punto decisivo aquel día. Solo diez centrales de respaldo estaban activas. Una de ellas sufrió una avería que no fue reemplazada a tiempo. Este vació, en un contexto de tensión creciente en la red, desencadenó un efecto dominó que derivó en el “cero energético”. Dicho de otro modo, España contaba con mecanismos para impedir el colapso, pero la ejecución falló.
A lo anterior se suman, en semanas recientes, nuevos elementos. Por ejemplo, audios filtrados de conversaciones entre técnicos de Red Eléctrica y operadoras eléctricas, algunos de meses antes y otros justo cuando ocurrió el apagón. En esas grabaciones previas, los técnicos ya advertían problemas en la red. “En algún momento nos la damos igual, seguro”, se oye en una de ellas, indicando que los riesgos no eran desconocidos del todo.
PUBLICIDAD
Choque de versiones
El intercambio de acusaciones entre las principales compañías del sector ha contribuido a aumentar la percepción de falta de claridad. Este enfrentamiento también llegó a la comisión de investigación del Congreso sobre el apagón, que comenzó el 18 de abril pasado, donde las eléctricas han defendido sus posturas, señalando deficiencias en la gestión de Red Eléctrica.
Endesa afirmó que el operador rechazó estudiar varios episodios de sobretensión ocurridos semanas antes, estimándolos irrelevantes. Su consejero delegado, José Boga, dijo que entre enero y febrero de 2025 “las señales de inestabilidad en el sistema ya eran muy graves”. Por su lado, Iberdrola sostuvo que el proceso debe enfocarse en el análisis técnico y no en asignar culpas de manera precipitada. En resumen, ninguna compañía ha reconocido responsabilidad directa en los hechos.
PUBLICIDAD
No obstante, aunque ninguna empresa haya asumido responsabilidades, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado a varias compañías. El regulador ha abierto expedientes sancionadores contra algunas de las principales energéticas del país, entre ellas Endesa, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica de España y Repsol. En un comunicado, la CNMC aclaró que dichas sanciones responden a “diversos indicios de incumplimiento” pero que no “implican por sí solos la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”.
El organismo también investiga posibles infracciones graves en la operación y coordinación del sistema eléctrico. Aunque la investigación está en etapas iniciales, podría derivar en multas millonarias y cambios regulatorios profundos. La CNMC cuenta con un plazo de 18 meses para resolver los expedientes, por lo que no se determinarán los responsables hasta finales de 2026 o inicios de 2027.
PUBLICIDAD
Coste económico y ajustes en el sistema
Las casi 12 horas sin energía también tuvieron consecuencias económicas. Sectores como la industria, transporte y comercio sufrieron pérdidas inmediatas, pero el impacto mayor es de carácter estructural. Para disminuir el riesgo de un nuevo colapso, el sistema eléctrico ha incrementado la utilización de centrales de gas como respaldo. Si el día del apagón operaban siete plantas, ahora cerca de 25 están en marcha diariamente. Este refuerzo ha generado un sobrecoste estimado por el sector entre 600 y 1.500 millones de euros anuales.
Este aumento cuestiona el equilibrio entre la transición energética y la seguridad del sistema. España es uno de los países europeos con mayor penetración de renovables, pero con casi ninguna capacidad de almacenamiento, y el apagón expuso las limitaciones de un modelo que aún depende en gran medida de tecnologías tradicionales para mantener la estabilidad en momentos críticos.
PUBLICIDAD
En respuesta, el Gobierno y la CNMC han comenzado a implementar cambios para reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Las acciones se enfocan en mejorar el control de la tensión (uno de los aspectos clave durante el fallo) y en actualizar las normas que rigen la operación de la red. El propósito es que más tecnologías, incluidas renovables y sistemas de almacenamiento, puedan contribuir a mantener el equilibrio del sistema en situaciones de tensión, reduciendo el riesgo de que un fallo similar vuelva a ocurrir.
Preguntas abiertas un año después del apagón
Transcurrido un año, varias incógnitas continúan sin resolverse. ¿Se habrían podido activar antes los mecanismos de protección? ¿Fueron ignoradas las señales previas de alerta? ¿Existieron fallos de coordinación entre operadores y empresas? Y, más importante aún, ¿está actualmente el sistema mejor preparado para impedir un nuevo colapso?
PUBLICIDAD
El apagón del 28 de abril de 2025 se ha convertido en un caso de estudio clave para minimizar riesgos en el marco de la transición energética que experimenta España. Mientras continúan las investigaciones y se resuelven posibles sanciones, el sistema eléctrico opera ahora con mayor precaución, aunque también con mayores costos.