Las claves
El Congreso ha dado luz verde al procesamiento de una nueva ley de vivienda propuesta por el PP, que modifica la aprobada por el Gobierno en 2023.
La propuesta del PP logró 178 votos favorables (PP, Vox, Junts, UPN), 6 abstenciones (PNV) y 163 votos en contra (PSOE, Sumar y aliados).
El texto elimina las zonas de alquiler tensionadas, los índices de referencia de precios y las prórrogas obligatorias, además de facilitar los desahucios y acelerar la concesión de licencias de obra.
El PP afirma que esta nueva ley desbloqueará suelo y licencias, además de reactivar el sector inmobiliario tras el fracaso de las políticas del Ejecutivo.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta del PP para una nueva ley de vivienda, que actúa como enmienda total a la ley que aprobó el Gobierno en 2023.
La iniciativa de los populares representa un nuevo revés para Pedro Sánchez en un tema que su Ejecutivo había puesto en primer plano y vuelve a mostrar su actual minoría en el Parlamento.
El resultado de la votación fue 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 6 abstenciones del PNV y 163 votos en contra de PSOE, Sumar y socios.
En adelante, la iniciativa comenzará su tramitación, contando los populares con la ventaja de que la comisión de Vivienda y Agenda Urbana está presidida por María Borrego, diputada del PP, lo que dificulta que la izquierda pueda bloquear el proceso.
El borrador del PP busca corregir la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, prometiendo «desbloquear» terrenos y licencias en medio de la crisis de acceso a la vivienda.
Propone modificar el Texto Refundido de la Ley del Suelo para diferenciar los defectos graves —que podrían anular planes urbanos completos— de errores menores que serían corregibles, permitiendo así que no se descarte por completo el planeamiento municipal.
También agiliza la emisión de informes sectoriales obligatorios, incluyendo la aplicación del silencio administrativo positivo tras tres meses para las licencias de nuevas viviendas, y limita a cuatro años el tiempo para impugnar planes urbanísticos, protegiendo actuaciones ya ejecutadas frente a demandas tardías.
Este texto elimina las zonas de alquiler tensionadas, los índices de precios de referencia y la obligación de prorrogar contratos. Asimismo, reduce los umbrales de vulnerabilidad para facilitar desahucios —de seis meses a menos en casos no extremos— y autoriza a cualquier persona jurídica a recuperar inmediatamente viviendas ocupadas ilegalmente, sin necesidad de esperar procesos judiciales.
Además, Ceuta y Melilla obtendrían mayor autonomía para aprobar sus instrumentos urbanísticos con un simple informe estatal previo, y la acción pública se limitaría a entidades sin ánimo de lucro con al menos dos años de trayectoria en ámbitos ambientales o territoriales.
El PP sostiene que esta ley supondrá «rescatar» el sector inmobiliario ante el «experimento fallido» del Gobierno en materia de vivienda, que ha provocado un aumento de precios y frenado nuevas promociones.
Este revés al Gobierno se produce justo una semana antes del debate para la convalidación del Real Decreto sobre la prórroga de alquileres, una votación en la que se volverá a evidenciar la soledad del Ejecutivo, dado que Junts anunció su voto en contra.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, envió una carta al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instándole a «reconsiderar» su negativa a apoyar ese derecho. Señaló que «no podrán justificar ir en contra del sentido común y de más de 2,6 millones de ciudadanos».
Esta misma semana, el Gobierno volvió a anunciar una inversión de 2.800 millones para vivienda pública dentro del Nuevo Plan Estatal 2026-2030, que se suma a los 34.000 millones comprometidos en años recientes para la construcción de 276.000 viviendas protegidas, aunque hasta ahora solo se han entregado 49.000.