CCOO demanda «una normativa estatal básica y de cumplimiento obligatorio para todas las CCAA»
El sindicato CCOO ha convocado una huelga general en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en todo el territorio español, con el objetivo de denunciar las condiciones laborales precarias que enfrentan las trabajadoras —el 97% son mujeres— de estas escuelas, donde predominan salarios bajos y las ratios son elevadas, además de otras deficiencias.
Se espera la participación de unas 60.000 personas de 11.000 centros públicos (autonómicos y municipales) y privados, junto con centros de gestión indirecta, en «todo el Estado español», donde están escolarizados alrededor de medio millón de niños, equivalente a la mitad de la población infantil del país. La comunicación oficial de esta convocatoria está dirigida al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo, a las consejerías autonómicas y a las patronales Acade, Cece, Cecei, EyG, Alic y Fenacein.
Esta es la primera huelga educativa a nivel estatal que un sindicato convoca frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque desde 2018 se han registrado protestas puntuales restringidas a algunas comunidades autónomas —la más reciente en la Comunidad de Madrid—, ahora, a un año de las elecciones generales, la movilización abarca todo el país. La causa principal es la «desigualdad salarial estructural, con trabajadoras que realizan funciones similares bajo diferentes marcos educativos».
El sindicato exige al Ministerio de Educación incorporar en su proyecto de ley de ratios al primer ciclo de Educación Infantil, que actualmente carece de regulación, y establecer «una normativa estatal básica y de cumplimiento obligatorio para todas las administraciones públicas, que garantice condiciones retributivas dignas e igualitarias».
Una etapa educativa, no solo asistencial
Esta regulación única a nivel nacional debería orientarse a que el primer ciclo de Infantil sea reconocido «como una etapa educativa más», al igual que Primaria o Secundaria, contando con «las condiciones, recursos y calendario escolar correspondientes».
Esto implica «un aumento en la inversión, así como personal especializado para la atención e inclusión del alumnado especialmente vulnerable», una «revisión de los pliegos en las licitaciones públicas para mejorar la situación de las trabajadoras» y el «reconocimiento de condiciones laborales equiparables, reducción de ratios, jornada laboral, carga educativa y reconocimiento profesional».
El sindicato pide a las CCAA y ayuntamientos que cada trabajadora cuente «con una pareja educativa en el aula» y que haya «mayores apoyos para atender a todo el alumnado», según palabras de Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
A las patronales les solicitan mejores salarios y equiparar los sueldos de las trabajadoras de las escuelas privadas con los del sector público.
Manifestaciones el 23 de mayo
Además de la huelga del 7 de mayo, CCOO convoca a que en las manifestaciones del 1 de mayo las trabajadoras de escuelas infantiles conformen un bloque propio en todas las ciudades, y llama a salir a las calles el 23 de mayo en todas las ciudades españolas.
Esperabé ha señalado que muchos centros presentan condiciones deficientes y ha denunciado el «abandono por parte de todas las administraciones, desde el Gobierno hasta las CCAA y ayuntamientos, pasando por las patronales». «Este abandono ha provocado una fragmentación del sector, que carece de un modelo educativo o pedagógico con condiciones dignas», afirmó.
En las escuelas privadas y públicas de gestión externalizada, las condiciones laborales son «muy precarias» y «las educadoras reciben salarios cercanos al mínimo interprofesional». «Son trabajadoras en situación de pobreza, obligadas a realizar otros empleos para llegar a fin de mes, porque con su sueldo no alcanzan a vivir; condiciones inaceptables amparadas por licitaciones que priorizan el coste más bajo en lugar de un proyecto educativo de calidad».
Falta de apoyos
En las escuelas públicas, tanto autonómicas como municipales, «existe una ausencia de un modelo educativo que ofrezca una respuesta de calidad al alumnado y a las familias, sumado a ratios elevadas». Por ejemplo, para bebés la ratio es de ocho alumnos por aula, cuando lo adecuado sería cuatro; en el caso de niños de 1-2 años es de 13, frente a un ideal de seis; y para los de 2-3 años, la ratio alcanza 20, siendo la óptima ocho.
Asimismo, en estas escuelas no se cuenta con dos educadoras por aula —la denominada «pareja educativa»— ni con «apoyos suficientes» para atender a alumnado con necesidades especiales.
«El 97% de las trabajadoras son mujeres. Considero que si hubiera más hombres en este sector, existiría un mayor reconocimiento social y mejores salarios», afirmó Esperabé.
Respuesta del Ministerio
Tras la convocatoria, el Ministerio de Educación emitió un comunicado asegurando que antes del verano se iniciarán los trabajos para «revisar» el decreto de 2010 que regula las ratios del primer ciclo de infantil. «Esta decisión se adoptó tras escuchar y evaluar las reivindicaciones de las trabajadoras de esta etapa educativa en cuanto a modificar las actuales ratios para reducirlas y así mejorar la calidad educativa y aproximar una atención más personalizada», señaló, aunque aclaró que las autonomías también «poseen competencias para modificar las ratios de estos centros de forma inmediata».
Esta es la respuesta a la carta que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, envió a la ministra de Educación, Milagros Tolón, solicitando que se regule la ratio en la normativa estatal para luego poder modificarla en la legislación autonómica, y acusándola de «pasividad».
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha devuelto la responsabilidad a Ayuso, indicando que, hasta que no se apruebe la normativa del Gobierno, «es competencia de las CCAA fijar las ratios» y que la falta de cambio se debe «exclusivamente a ausencia de voluntad política».
Esperabé respondió al Ministerio que, pese a este anuncio, continuarán con la huelga.