Sumar ha calificado el anuncio como “muy insuficiente”, por la partida presupuestaria y su contenido, donde ha destacado que no incluya medidas regulatorias ni fiscales
Este martes, el Consejo de Ministros presentó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuyo objetivo principal es fomentar la construcción de viviendas públicas y asequibles, renovar el parque residencial y facilitar el acceso al alquiler y la independencia de jóvenes y grupos vulnerables. Aunque el presupuesto asignado, 7.000 millones de euros, triplica al del plan anterior, ha recibido críticas tanto de aliados del Ejecutivo como de sindicatos y oposición.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó en rueda de prensa tras la reunión del Consejo que el 40% del presupuesto se dedicará a incrementar permanentemente la oferta de vivienda protegida; otro 30% se usará en la rehabilitación del parque residencial mediante ayudas específicas; y el 30% restante irá a programas para fomentar la emancipación juvenil, reducir la carga financiera y actuar en zonas con problemas de vivienda.
Tras la presentación, diversas autoridades del sector inmobiliario opinaron que la repercusión del plan será muy limitada en el mercado y en la reducción de precios, pese a que actualmente esta es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Inclusive algunos socios del Gobierno, como Sumar y Podemos, han señalado que el proyecto es insuficiente.
Un presupuesto “muy insuficiente”
Desde Sumar, socio principal del Ejecutivo, calificaron el plan de vivienda como “muy insuficiente” debido al presupuesto y contenido, resaltando la ausencia de medidas regulatorias y fiscales. Asimismo, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, señaló que la partida es un 30% menor que la destinada en el periodo 2009-2012 (post boom inmobiliario), aunque valoró positivamente que el plan prohíba la venta de vivienda protegida y evite fraudes en adjudicaciones.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incluirá financiación para obras de urbanización y priorizará la promoción de vivienda protegida.
Por su parte, Unidas Podemos expresó una opinión similar. En rueda de prensa, Ione Belarra criticó que las cuantías destinadas a vivienda por todas las administraciones públicas – Estado central y comunidades autónomas – hasta 2030 equivalen “a lo que España gasta en gasto militar en dos meses y medio”.
Feijóo considera el plan una “tomadura de pelo”
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también reaccionó al anuncio realizado por el Consejo de Ministros, afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto “un fracaso total” en materia de vivienda. “La política de vivienda, saquen los planes que saquen y prometan lo que quieran, es un fracaso absoluto”, expresó este martes en un acto de su partido en Getafe (Madrid).
Feijóo subrayó que al inicio del mandato de Sánchez, la vivienda era “el problema número 16 en España”, pero ahora ocupa el primer lugar: “Se ha alcanzado un récord histórico de precios, tanto en alquileres como en vivienda nueva, lo que refleja la precariedad en la que hoy viven millones de familias españolas”.
Además, el líder popular cuestionó cómo el Gobierno planea resolver el déficit habitacional actual “sin presupuestos, sin una ley del suelo, manteniendo medidas ideológicas que han reducido la oferta”. “No importa lo que digan o prometan, nadie va a creerles porque ocho años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo”, afirmó.
Buena dirección, pero impacto limitado
Por otro lado, asociaciones y sindicatos también emitieron su opinión. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) valoró que el plan es “un avance positivo”, aunque advirtió que “su impacto será reducido si no se incrementa la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea completamente con el nuevo marco europeo”.
En un comunicado, los grandes tenedores afirmaron asumir “en muchas ocasiones” una función de escudo social que correspondería al Estado mediante un parque público de viviendas suficiente y adecuado, por lo que destacaron que “cualquier sistema de protección debe incorporar mecanismos de compensación claros, efectivos y bien financiados que garantizen una distribución equilibrada de responsabilidades”.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas calificó el presupuesto del plan de “ridículo” y afirmó que, en la práctica, “no permite una ampliación significativa del parque público de vivienda”. Además, enfatizaron que este plan y la creación de Casa 47 configuran un modelo basado en “vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada”, que “no saca la vivienda del ciclo especulativo”.