Las claves
El PP reprocha al Gobierno facilitar la regularización de presos extranjeros, alertando que esto reforzará su arraigo e impedirá su expulsión.
Instituciones Penitenciarias ha indicado a las prisiones que aceleren los trámites de solicitudes de regularización, según un documento interno difundido.
El decreto de regularización establece la ausencia de antecedentes penales, por lo que solo podrían acceder presos en prisión preventiva, según la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
El sindicato TAMPM y partidos como Más Madrid han destacado la rapidez del Gobierno en adoptar medidas para internos y han reclamado mayor transparencia en estos procedimientos.
«Regularizar a presos es fortalecer un arraigo que mañana impedirá su expulsión». Así ha resumido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la nueva iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar la regularización de migrantes en España.
Según ha publicado EL ESPAÑOL, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha indicado a las cárceles del país que faciliten la gestión de solicitudes de regularización de presos extranjeros.
La medida, que no ha sido anunciada oficialmente, consta en un documento interno firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, sobre el Real Decreto 316/2026 aprobado el 14 de abril, al que este medio ha accedido tras la denuncia del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
Ezcurra ha criticado con dureza esta medida, calificándola de «muy grave» y exigiendo al Gobierno que la clarifique de inmediato si es cierta.
Según su interpretación, el decreto de regularización —con sus disposiciones adicionales 20ª y 21ª— exige no contar con antecedentes penales, por lo que solo serían beneficiarios los presos preventivos.
Es decir, aquellos individuos a los que un juez ha privado de libertad por motivos de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, conforme al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La también eurodiputada del PP ha aclarado que aunque los antecedentes policiales no impiden de forma automática la regularización, el decreto indica expresamente que la Administración debe considerarlos para evaluar el riesgo para el orden público.
«No es desacertado suponer que una persona en prisión preventiva representa ese riesgo», ha señalado, cuestionando la conveniencia de aplicar este procedimiento a perfiles con esa gravedad.
Ezcurra ha ido más allá al alertar sobre las consecuencias a largo plazo: si después de la regularización se dicta una condena, expulsarlos será «significativamente más complicado».
Tanto la expulsión administrativa (artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería) como la judicial (artículo 89 del Código Penal) requieren ponderar el arraigo, y «en este país, ese arraigo se construye con la residencia legal». Por lo tanto, legalizar a presos equivaldría a «fortalecer» ese arraigo para impedir su expulsión futura.
Conviene recordar que el sindicato TAMPM ya había denunciado la «rapidez» del Gobierno en aprobar medidas favorables a internos frente al «silencio constante» respecto a sus demandas laborales, como la concentración horaria o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
La comunicación desde la Administración Central se produjo tras la presión ejercida por Más Madrid en el Congreso de los Diputados, que exigió acceso a estos procedimientos incluso en los CIE, advirtiendo sobre irregularidades que comprometerían la seguridad jurídica.