Desde Génova aclaran que los incentivos sociales y de vivienda no serán concedidos según la nacionalidad. Los criterios establecidos serán el empadronamiento y «la vinculación» con el territorio.
El primer acuerdo autonómico de la nueva etapa entre el PP y Vox nace marcado por dos palabras: «prioridad nacional». Esta expresión se asemeja demasiado a «los españoles primero» como para ignorar su repercusión política. De hecho, en menos de un día ha provocado una ola de polémicas. Mientras Vox asegura que existe el compromiso de otorgar «prioridad» a los españoles en el acceso a ayudas sociales y viviendas públicas, en la dirección nacional de los populares defienden que lo pactado no corresponde exactamente a eso, aunque Vox «lo realce, como es lógico», sino que se ha intentado un término medio entre las demandas de ambas partes.
En realidad, aseguran en Génova, la aplicación real de esta medida consiste en que no se penalizará a nadie por su origen, sino que habrá un «incentivo» que podrá ser «valorado» según el «arraigo» en el territorio, pero esto no dependerá de la nacionalidad. Es decir, la ventaja se asignará conforme al tiempo que la persona esté empadronada.
El acuerdo entre el PP y la formación de extrema derecha establece, literalmente: «Se incorporará un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social basado en el principio de prioridad nacional», pero «adaptado a la normativa vigente». El texto acordado especifica que dicho sistema debe garantizar «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo» y para quienes tienen «vínculos» familiares, laborales, de cotización y sociales con Extremadura.
Principalmente se trata de españoles, claro, pero la prioridad no se concedería únicamente por su nacionalidad, sino por su «antigüedad» y «vinculación» con el territorio. Esto podría aplicarse también al resto del país, como incentivo. «Que se dé prioridad sólo a españoles no es del todo cierto», puntualizan en Génova. «Lo que se aplicará es arraigo y vínculos nacionales, que es lo legal y razonable», argumentan.
«El lugar de nacimiento no define la prioridad para las ayudas», sostienen con rotundidad desde el equipo de Feijóo. «Un español no estará por encima de una persona de otro país. Son niveles de arraigo. Es una valoración», indican a este medio fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. No se trata de un conflicto con Vox, sino de aclarar la realidad detrás de la formulación de la medida.
Se incentivará a quienes lleven mucho tiempo residiendo en Extremadura, sin discriminar por su origen. «Son criterios de estímulo» dirigidos a las personas con más años viviendo en una zona, y no de sanción para los inmigrantes que llegan a España huyendo de la pobreza. «Valen igual para los daneses que para alguien de Marruecos», explican fuentes populares.
El Gobierno ya anticipó que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier medida del próximo Ejecutivo extremeño que vulnerase el principio de igualdad. «El papel lo aguanta todo, pero digo a la derecha y la ultraderecha que el Gobierno interpondrá recurso contra ese acuerdo con toda la fuerza del Estado para proteger los derechos y libertades de los extremeños si se lleva a legislación autonómica», afirmó ayer Sánchez en Barcelona.
La réplica del PP es igualmente contundente: «Si el Gobierno pretende impugnar algún punto del acuerdo, aquí los esperamos», aseguran a este diario fuentes de Génova. «No hay nada dudoso ni ilegal», recalcan. De hecho, los equipos jurídicos de la dirección nacional de los populares «han revisado cada cuestión y no detectaron indicios de ilegalidad en ninguna».
¿Por qué? Porque «prioridad nacional» es el nombre de la medida, pero no su definición exacta: sería más preciso decir «prioridad para quienes tienen más arraigo y vínculos, sin discriminar por origen, lo que rozaría la xenofobia». La principal cuestión es cómo se valorará un «vínculo».
El segundo punto, para Feijóo, es que el PP no ha asumido el fondo del asunto, sino el lenguaje nacionalista de Vox, y eso ha llevado a que incluso Isabel Díaz Ayuso haya cuestionado el criterio de «prioridad nacional». A pesar de que, como recuerdan en Génova, en la Comunidad de Madrid también se aplican criterios de arraigo para sumar puntos en las políticas sociales a quienes llevan más años empadronados.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha distanciado del pacto en Extremadura, por la simple razón de que él busca un pacto con su propio partido sin concesiones a Vox. Para ello, precisa renovar su mayoría absoluta el próximo 17 de mayo.
Para el número dos de Vox, Ignacio Garriga, es un «hito histórico» aprobar «el principio de prioridad nacional como requisito indispensable en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda». «Es la primera vez que ocurre en la historia política de España y será un eje estratégico tanto para el Gobierno extremeño como para futuros acuerdos».
Todos salen ganando, ya que en el entorno de Feijóo concluyen así: «Hemos ganado y ellos no pierden».