En una jornada de gran tensión en la Audiencia Provincial de Madrid, el colaborador televisivo y su exesposa reconocen haber ocultado un patrimonio millonario y una vivienda en Pozuelo
Este viernes 17 de abril, el estudio de televisión fue reemplazado por el estrado de la Audiencia Provincial de Madrid. En un inesperado giro, Kiko Matamoros y María José Giaever, más conocida como Makoke, han asumido su responsabilidad. Lo que comenzó como una investigación por una deuda millonaria con la Agencia Tributaria terminó con una confesión directa: ambos planearon un método para ocultar bienes y evitar que la administración pudiera cobrar lo que les correspondía.
El colaborador de televisión reconoció sin rodeos que, durante años mantuvo oculto patrimonio —incluyendo efectivo e inmuebles de lujo— para impedir que Hacienda ejecutara embargos por impagos fiscales. Por su parte, Makoke admitió su rol como cómplice, aceptando figurar como titular de una propiedad en Pozuelo de Alarcón que pertenecía realmente a su exmarido.
El modo en que se ejecutó: sociedades y testaferros
Durante su declaración, Matamoros expuso con detalle el esquema del fraude. Según admitió, desde 2009 utilizó sociedades creadas por él para establecer una “falsa apariencia de inexistencia de ingresos”. Por medio de estas entidades, canalizaba sus salarios por colaboraciones mediáticas y su trabajo como representante, vaciando las cuentas en beneficio propio mientras Hacienda se encontraba ante un entramado ficticio.
El punto culminante de esta operación tuvo lugar en 2011 con la adquisición de un inmueble en una urbanización exclusiva de Pozuelo de Alarcón por valor de 1.315.750 euros. Aunque era su residencia habitual y el dinero para la hipoteca provenía de Matamoros, la propiedad fue inscrita a nombre de Makoke. Ella confirmó ante el tribunal que aceptó este acuerdo para evitar el embargo de la vivienda de su exmarido y que incluso figuró como titular de la cuenta bancaria donde Kiko depositaba los fondos para abonar las cuotas.
El acuerdo que evita la cárcel
La confesión produjo un resultado inmediato. Tras admitir los hechos, la fiscal aplicó las atenuantes por confesión y dilaciones indebidas, reduciendo considerablemente las penas inicialmente previstas. En un principio, para Kiko Matamoros se solicitaban 5 años y 6 meses, y para Makoke 4 años.
Después de declarar el delito, las penas disminuyeron a 2 años y 1 año y 9 meses, respectivamente. Estas condenas, no superior a dos años y sin antecedentes penales que influyan en el caso, implican que ninguno deberá cumplir prisión. No obstante, la Fiscalía pide que compensen a Hacienda de forma conjunta con una suma que supera los 400.000 euros. Por su parte, el abogado del Estado ha solicitado una pena más severa de tres años y medio para el colaborador.
El juicio tuvo un fuerte componente emocional. Makoke, que en varios momentos no pudo contener las lágrimas, describió la experiencia en el banquillo como “muy desagradable”. A la salida, dejó patente que no mantiene relación alguna con su exmarido: mencionó que no lo saludó ni le dirigió la mirada. Matamoros, fiel a su estilo combativo, salió de la Audiencia proyectando su atención hacia futuras acciones legales.
Pese a aceptar el delito de alzamiento de bienes, la pareja de Gonzalo Fernández recordó que Hacienda ya había embargado cerca de 800.000 euros y anunció que, cuando la sentencia sea firme, iniciará un proceso civil para reclamar sus intereses. “La lucha por mis derechos”, afirmó, refiriéndose a que en la vivienda de Pozuelo —la misma que ocultaron al fisco— todavía residen familiares de su exesposa. La Agencia Tributaria determinó en 2017 que la deuda de Matamoros ascendía a 1.240.425 euros. Aunque el colaborador ignoró los requerimientos en ese momento, provocando el “fracaso de las acciones de embargo”, hoy ha tenido que responder ante la justicia.