Pedro Sánchez defiende la legalización de más de medio millón de inmigrantes sin documentos como un acto de justicia y normalización.
El presidente sostiene que esta medida es esencial para afrontar el envejecimiento de la población, la falta de trabajadores y mantener la estabilidad económica.
La regularización ha sido ratificada en el Consejo de Ministros, a pesar de las advertencias sobre un posible «efecto llamada» y las dudas de algunos socios europeos y Bruselas.
Sánchez resalta la importancia de reconocer derechos y exigir responsabilidades, vinculando la integración de los inmigrantes con el bienestar social y laboral de España.
Pedro Sánchez ha optado nuevamente por dirigirse a la ciudadanía con un discurso simbólico y emocional para respaldar una de las medidas más polémicas de esta legislatura: la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes irregulares.
En su comunicado, difundido antes del inicio del Consejo de Ministros que aprobará esta iniciativa, el presidente habla de «orgullo» y «justicia» al referirse a un «acto de normalización» de quienes «ya forman parte de nuestra cotidianeidad».
Sánchez señala que el propósito principal de esta regularización es «reconocer derechos, pero también exigir obligaciones».
Al respecto, pide «gestionar con responsabilidad» este proceso y «integrar con justicia» para transformar esta acción en una «prosperidad compartida».
Defiende esta vía frente a quienes buscan «sembrar miedo, enfrentar a la sociedad y condenar a miles a la exclusión».
Con un tono más emotivo, sostiene que la regularización representa «un acto de justicia con nuestra propia historia» y recuerda a «los abuelos y abuelas que emigraron a América y Europa en búsqueda de mejores oportunidades».
Además, basa su argumento en factores demográficos y económicos: el envejecimiento poblacional, la escasez de trabajadores y la necesidad de aumentar la base de cotizantes.
El presidente asegura que «sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se detiene» y enfatiza que «es indispensable» porque España «está envejeciendo».
Esta medida, aprobada hoy en el Consejo de Ministros tras la evaluación del Consejo de Estado —que otorgó su aprobación jurídica pero pidió cautela y rigor en los criterios de acceso— llega con advertencias sobre un posible «efecto llamada» y con las reservas de Bruselas y otros países europeos, que no fueron informados previamente.
En su comunicado, Sánchez omite las recomendaciones del informe del Consejo que solicitaban garantías adicionales para evitar que la regularización se percibiera como un incentivo a la entrada irregular, y enfatiza la necesidad de vincular la medida estrictamente a la integración laboral y social.
Cabe destacar que, debido a su gira por Asia, Sánchez no participará en el Consejo de Ministros que dará luz verde a esta medida. La presidencia de la reunión ministerial estuvo a cargo del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, por primera vez.
La carta de Sánchez, que ya ha recurrido a este formato en otras ocasiones, como cuando su esposa fue imputada, emplea nuevamente un enfoque emocional para dotar de épica a una decisión que, según fuentes gubernamentales, se consideraba inevitable y se originó tras un acuerdo con Podemos.