El movimiento Regularización Ya celebra la aprobación de la medida, aunque también muestra preocupación por las personas que puedan quedar fuera del proceso
El camino hacia la nueva regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que representa la séptima de este tipo desde la instauración de la democracia en España, no fue sencillo. La iniciativa prosperó tras intensas negociaciones políticas, luego de que PSOE y Podemos alcanzaran un acuerdo en enero pasado, pero, principalmente, gracias al trabajo constante de los colectivos migrantes. Integrados en la plataforma Regularización Ya, su lucha arrancó hace seis años, el 12 de abril de 2020, cuando presentaron una carta al Gobierno reclamando “una regularización amplia, permanente y sin condiciones, dirigida a cerca de 500.000 personas que estaban en situación irregular durante la pandemia, sin acceso a derechos básicos”.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno permitirá a quienes ya residían en España obtener un permiso de residencia y trabajo, disminuyendo así la precariedad y los riesgos de explotación vinculados a la irregularidad administrativa. Este proceso brinda mayores garantías y protección, representando un avance significativo para superar la clandestinidad y mejorar las condiciones de vida de más de medio millón de personas en el país.
“Han sido seis años de lucha continua, atravesando múltiples procesos, tales como la presentación de propuestas, la impulsión de una Proposición No de Ley y la recolección de 700.000 firmas en 2022 para respaldar una iniciativa legislativa popular, que posteriormente quedó bloqueada por la falta de consenso político. Comparecimos dos veces ante el Congreso, en la Comisión de Trabajo, Migración y Asuntos Sociales, en 2023 y 2024 y, finalmente, retomamos el diálogo con el Gobierno para obtener la aprobación de un real decreto, que era nuestra demanda inicial”, explicó a Infobae la activista Edith Espínola, una de las portavozas de Regularización Ya.
Publicación en el BOE
La plataforma celebra la aprobación de la medida, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo 15 de abril y entrará en vigencia desde el 16, aunque también manifiestan inquietudes respecto a quienes puedan quedar excluidos del proceso. “Sentimos alegría por el avance, pero nos preguntamos cómo podremos apoyar a quienes no logren regularizar su situación, si eso ocurriera”, añadió Espínola.
El movimiento alerta sobre el endurecimiento de las políticas y controles migratorios tanto en España como en la Unión Europea recientemente, y remarca las dificultades para salvaguardar los derechos de las personas migrantes frente a una perspectiva “centrada en la seguridad, el miedo y la exclusión, presente en buena parte del discurso político y social, vinculada además a mensajes de odio y xenofobia”.
“Ha valido la pena”
No obstante a las dificultades a lo largo de estos años, Espínola señala que la lucha por los derechos de las personas migrantes “ha valido la pena”. “El esfuerzo colectivo, las horas dedicadas a reuniones y las emociones compartidas se reflejan ahora en la esperanza de quienes podrán presentar su solicitud de regularización y comenzar a reconstruir sus vidas”, sostuvo. “La lucha migrante y antirracista demuestra que, cuando se trabaja en comunidad y se priorizan los derechos humanos, siempre hay razones para continuar”, añadió.
Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)
El proceso de regularización requiere que los migrantes acrediten al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. Además del empadronamiento, los migrantes podrán demostrar su residencia continua en el país con otros documentos como facturas de servicios, informes médicos o comprobantes de servicios municipales.
Después de las recomendaciones presentadas la semana pasada por el Consejo de Estado, los requisitos para obtener el certificado de antecedentes penales se han endurecido, de modo que no será suficiente con una simple declaración del solicitante, y deberá presentarse un documento emitido por el país de origen. Sin embargo, el Gobierno facilitará que la mayor cantidad posible de personas consiga dicho certificado.
La norma establece un plazo de un mes para presentar el certificado de antecedentes, pero si no se obtiene dentro de ese tiempo, el Ejecutivo lo gestionará por vía diplomática durante un período de tres meses. Si tras ese plazo el certificado no llega, el solicitante dispondrá de 15 días más para intentar obtenerlo personalmente. En caso de no presentar el documento en ese periodo, no podrá acceder al proceso de regularización.
También podrán acogerse aquellos en situación de vulnerabilidad, siempre que lo justifiquen. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales registradas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que, según explicó la ministra Elma Saiz, son