El Gobierno español impulsa la incorporación del derecho al aborto en la Constitución, aunque esta reforma tiene un valor simbólico debido a la falta de una mayoría suficiente para su aprobación.
Los abortos en España alcanzan niveles históricos, con 106.172 casos registrados en 2024; destaca el aumento de la proporción entre mujeres latinoamericanas.
Las investigaciones señalan que la precariedad laboral junto con las barreras culturales son factores que explican el incremento de abortos entre las mujeres inmigrantes latinoamericanas.
La Comunidad de Madrid realiza cerca del 20% de los abortos en España, desmintiendo la existencia de grandes impedimentos para acceder a este derecho en dicha región.
El Gobierno de España ha decidido avanzar con su iniciativa para incorporar el derecho al aborto en la Constitución Española, con el objetivo de protegerlo como un principio fundamental.
Este paso tiene un carácter simbólico, puesto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez requiere una mayoría cualificada, dependiente del apoyo del PP, para aprobarse, algo difícil de obtener. Sin embargo, reactiva un debate que parecía extinguido en el país.
El número de abortos en España alcanza niveles sin precedentes y, aunque la mayoría se realizan en clínicas privadas, no representan un gasto para las mujeres, ya que la Seguridad Social cubre los costos si se tramita a través de ella.
Por otro lado, el examen de las interrupciones voluntarias del embarazo registradas por el departamento de Mónica García durante 2024, último año con datos disponibles, indica cambios en cuanto a quién ejerce y cómo se ejerce este derecho.
Especialmente en el perfil de las solicitantes: los abortos entre mujeres latinoamericanas aumentan del 18,6% (casi uno de cada cinco) al 25% (uno de cada cuatro), mientras los de mujeres europeas descienden cinco puntos.
Los datos revelan que las mujeres nacidas en América han sido las que más han incrementado en esta estadística, impulsadas por el aumento de residentes originarias de Sudamérica y América Central.
La serie histórica muestra una tendencia al alza constante tras un descenso puntual provocado por la pandemia.
![Tabla elaborada por el Ministerio de Sanidad.](["https://s3.elespanol.com/2026/04/09/actualidad/1003744200935_262356326_1706x1755.jpg"])
Mientras que en 2015 las interrupciones voluntarias del embarazo sumaban 92.565, en 2024 esta cifra alcanzó un récord absoluto en la última década con 106.172 casos.
Este aumento, que supera las 100.000 intervenciones por segundo año consecutivo tras las 101.322 de 2023, ratifica una subida que solo fue interrumpida por el descenso excepcional de 2020, cuando se registraron 86.990 abortos durante la pandemia.
Asimismo, se observa una reducción en la proporción de mujeres nacidas en España: su participación en el total disminuye del 63,87% al 62,21% a lo largo de la última década.
El crecimiento se atribuye principalmente a las latinoamericanas, que aumentan su proporción del 14,51% al 19,02% en este periodo.
¿Por qué?
Diversos trabajos científicos y sociológicos explican las causas de dicha transformación demográfica.
Entre las mujeres inmigrantes, poseer estudios superiores no reduce la incidencia de embarazos no planeados, a diferencia de lo observado en las españolas.
Así lo indica un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico (OPIK) de la Universidad del País Vasco.
¿Las razones? Muchas de estas mujeres, a pesar de contar con una elevada formación académica, no consiguen empleos acordes a su nivel y terminan en trabajos sumamente precarios.
Las matronas e investigadoras del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia evidencian en sus estudios que estas mujeres emigran con un plan de vida «obligado al éxito» para garantizar la subsistencia familiar; un embarazo inesperado pone en peligro ese equilibrio.
Además, enfrentan dificultades para acceder a la planificación familiar y barreras culturales: en sus países de origen, la prevención puede ser un tema tabú y el uso de anticonceptivos es frecuentemente visto de forma negativa.
Tensión política
Complementariamente, según un estudio sobre Andalucía de Miguel Ruiz-Ramos, Lourdes Ivañez-Gimeno y Francisco Javier García León, existe una doble desventaja: la burocracia y la ausencia de redes de apoyo.
El debate sobre el aborto surge tras un enfrentamiento directo entre el Gobierno central y el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien se negó a implementar el registro de objetores de conciencia.
Luego de la imposición de medidas cautelares por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Ejecutivo autonómico finalmente inició la tramitación de dicho registro mediante una consulta pública, aunque anunció que recurrirá el fondo del asunto.
En este marco se ubican las contundentes declaraciones de este miércoles del portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien afirmó que el aborto debe ser «legal, seguro y poco frecuente».
Asimismo, criticó al PSOE por intentar reavivar este debate, argumentando que la bandera del feminismo «se les ha caído debido a leyes como la del ‘solo sí es sí'» y como una distracción frente a la «corrupción» que afecta a Moncloa.
A pesar de que Pedro Sánchez y sus ministros sostienen que las mujeres madrileñas «no pueden ejercer» el derecho al aborto por culpa del Gobierno regional, los datos del propio Ministerio de Sanidad lo desmienten rotundamente.
En realidad, la Comunidad de Madrid realiza cerca del 20% de estos procedimientos en toda España.
En 2024 se superaron las 21.000 interrupciones del embarazo en la región, de las cuales más de 18.000 correspondieron a mujeres residentes y cerca de 3.000 a personas desplazadas de otras comunidades autónomas, principalmente desde Castilla-La Mancha.