Vox reconoce que será complicado aumentar su número de escaños en Andalucía y reduce sus expectativas después de lo vivido en Castilla y León.
El partido liderado por Abascal enfrenta el dilema entre negociar para ganar relevancia o preservar su integridad ideológica, asumiendo el riesgo de perder representación.
La experiencia de Ciudadanos y los peligros de ser un socio minoritario en coaliciones condicionan la estrategia actual de Vox.
Las encuestas muestran que el PP de Juanma Moreno mantiene su mayoría absoluta, dejando a Vox en un papel secundario poco determinante.
Cuando una formación decide pactar e integrarse en un Gobierno, puede ser vista como útil a corto plazo, aunque frecuentemente esto se logra sacrificando su identidad ideológica ante un socio mayor.
Por el contrario, si opta por rechazar acuerdos para conservar su pureza, los votantes podrían interpretar que apoyar a ese partido carece de efectividad.
Este conflicto es conocido en política, y su caso más reciente en España lleva el nombre de Albert Rivera.
Ciudadanos alcanzó 57 diputados en abril de 2019, pero rechazó pactar con el PSOE para disputar el liderazgo del bloque de derechas.
El desenlace fue devastador: en noviembre del mismo año perdió 47 de sus 57 curules, pasando de ser la tercera fuerza a la sexta. La renuncia a ser una opción útil acabó con la esencia del partido.
Actualmente, Santiago Abascal se enfrenta a esta misma disyuntiva. Aunque la situación varía —ya que Cs podía pactar tanto con socialistas como con populares, mientras Vox solo puede con el PP— el mecanismo es idéntico.
Si la ciudadanía percibe que su formación se niega a colaborar en lugar de construir, corre el peligro de perder relevancia.
Partiendo de esa experiencia, Vox llega a Andalucía con expectativas más moderadas.
Actualmente, parece que busca evitar la frustración que dejó su paso por las elecciones en Castilla y León.
Allí, el partido de Santiago Abascal mejoró sus resultados, logrando su mejor marca, pero quedó por debajo de sus propias previsiones.
Ese sabor agridulce, que nunca se expresó públicamente, es algo que no desean repetir en Andalucía.
En una carta interna dirigida a la militancia el 1 de abril, a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso, Ignacio Garriga reconoce que Vox enfrenta «el complejo desafío de aumentar nuestra presencia en una región donde la mafia bipartidista es extremadamente fuerte y subvencionada«.
En la misma misiva, la dirección de Vox arremete contra el PP y apunta directamente a la cúpula de Alberto Núñez Feijóo como responsables de un «brutal ataque, calumnioso y miserable» contra su formación.
La tarea de manejar expectativas no es ajena para Vox. Algo parecido ocurrió en 2022, cuando Macarena Olona irrumpió en Andalucía tras su etapa en el Congreso, aunque el resultado dejó una sensación de estancamiento.
De hecho, Vox creció en esos comicios, pasando de 12 a 14 diputados, pero ese avance fue insuficiente. Durante la campaña, Olona se refirió a Juanma Moreno como «su vicepresidente» en un debate electoral.
Los últimos sondeos reafirman esa perspectiva realista que tiene Vox, ya que, pese a poder mejorar ligeramente sus cifras de 2022, el PP de Moreno sigue conservando la mayoría absoluta.
En otras palabras, aun si Vox sumara uno o dos escaños más, su influencia sería marginal, dado que el PP no requeriría sus apoyos para gobernar.
El socio minoritario, absorbiendo cargas
Más allá de presentarse como un proyecto políticamente útil, surge otro debate.
Cuando se forma un gobierno de coalición, el socio menor corre el riesgo de ser absorbido: el mayoritario acapara los éxitos, mientras el pequeño asume los costes de las políticas menos populares.
Esto fue lo que sucedió en Reino Unido con los liberal-demócratas de Nick Clegg. Pactaron con David Cameron, Clegg se convirtió en viceprimer ministro y, cinco años después, el partido quedó casi eliminado del mapa mientras los tories de Cameron alcanzaban mayoría absoluta.
En España, esta situación es comparable a la de Sumar. Entraron al Gobierno en 2023, pero las encuestas llevan meses prediciendo un desplome para el partido de Yolanda Díaz, que aparece desdibujado y absorbido por el PSOE.
Por eso, para muchas formaciones resulta más sencillo y cómodo mantenerse en la oposición que gobernar.
De ahí surge el debate en Vox sobre si debería o no participar en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón o Castilla y León. Un tema que Abascal resolvió al declarar que, si pactan con el PP, será para formar parte del ejecutivo.
¿Se ha alcanzado el techo?
En las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León, Vox logró el mejor resultado de su historia, con un 18,9% de los votos y 14 procuradores.
Sin embargo, no alcanzó el 20% que el partido había marcado como meta durante la campaña, y que algunas encuestas también habían pronosticado.
No obstante, su resultado fue superior al logrado en Extremadura (16,9%) o Aragón (17,9%).
En estas dos comunidades, sin embargo, Vox se presentó como los ganadores morales por haber duplicado su representación.
La noche electoral, Abascal afirmó que «Vox no tiene techo«. Intentó mostrarse optimista, pese a que el resultado quedó por debajo de sus previsiones.
Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, resumió con ironía en un tuit: «Abascal diciendo que baten récords con cara de funeral«.
Fuentes internas de Vox admitieron en privado que el resultado fue «sin duda» inferior a lo esperado.
¿Qué pudo impedir alcanzar ese 20%? Un dirigente del partido señaló a EL ESPAÑOL que el bloqueo en Extremadura y Aragón, donde Vox es indispensable para que el PP gobierne, pudo afectar negativamente en las urnas.
Y que quizá fue ese factor, más que otros, el que terminó inclinando la balanza.
Incluso más que las crisis internas que están afectando a la formación, como la expulsión de Javier Ortega Smith y la marcha de José Ángel Antelo. «Esas telenovelas no nos quitan ni un voto«, aseguraban fuentes de Vox.