Un juez se enfrenta a un proceso disciplinario por haber redactado una sentencia a través de inteligencia artificial, concretamente ChatGPT, sin notificarlo a los demás miembros del tribunal.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha propuesto imponerle una suspensión de empleo y sueldo por 15 días además de una multa de 1.000 euros, luego de que sus colegas denunciaran esta conducta.
El magistrado cargó todo el procedimiento judicial en ChatGPT, y la resolución entregada contenía fragmentos de las interacciones con la IA, lo que facilitó descubrir el uso de esta herramienta.
Se le atribuye una falta muy grave por delegar en la IA la elaboración de la sentencia y una falta grave por divulgar información judicial a una plataforma externa.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evaluará por primera vez en las próximas semanas la posible responsabilidad de un magistrado por haber redactado una sentencia utilizando inteligencia artificial tras introducir el procedimiento judicial en dicho programa, sin comunicarlo a sus compañeros del tribunal.
Los otros miembros detectaron que la resolución presentada para su firma había sido generada por ChatGPT debido a que al magistrado se le olvidó eliminar algunas consultas realizadas a la IA, según ha informado EL ESPAÑOL.
Fueron los integrantes restantes del tribunal quienes decidieron informar al presidente de la Audiencia, quien a su vez remitió el caso al órgano de gobierno judicial.
El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha recomendado que se sancione al magistrado con una suspensión de empleo y sueldo por 15 días y con una multa de 1.000 euros.
Esta propuesta se sitúa en el límite más bajo de las sanciones contempladas. De acuerdo con la ley, las suspensiones pueden extenderse hasta tres años y las multas alcanzar los 6.000 euros.
Según las fuentes consultadas, el Promotor tiene por probado que el juez deliberó junto a los demás miembros del tribunal –de jurisdicción civil– un recurso de apelación cuya ponencia le correspondía.
Al presentar la sentencia para su firma, los integrantes de la Sala notaron que había sido elaborada con ChatGPT, ya que partes de las interacciones realizadas por el ponente con el programa de IA figuraban dentro del texto de la resolución.
El análisis del expediente disciplinario permitió concluir dos puntos.
Primero, que el magistrado subió a ChatGPT el procedimiento civil completo del que era ponente, evidenciado por la advertencia que la IA realizó sobre la denegación de una prueba en un momento dado.
“¿Qué prueba fue denegada?”, preguntó entonces el magistrado. “¿De dónde obtienes la información sobre la denegación de la prueba?”, insistió.
En segundo lugar, no se trató simplemente de una corrección o mejora formal del texto previamente redactado por el juez, como él afirmó. Las consultas demuestran que la IA fue la encargada principal de redactar la resolución, reemplazando al magistrado en esta función jurisdiccional.
Esto se evidencia en una instrucción emitida por el juez a ChatGPT para que el texto “fuera un poco más extenso”.
“Aquí tienes una versión más detallada y jurídicamente precisa”, respondió la IA.
En otra interacción, la IA sugirió: “Si deseas mayor precisión, habría que revisar el auto de admisión y denegación de prueba en la audiencia previa para confirmar la justificación del juzgador. ¿Quieres que reformulemos el texto del recurso enfatizando este aspecto con mayor claridad?”. “Sí”, contestó el magistrado. “Aquí tienes una versión mejorada”, replicó ChatGPT.
El Promotor sostiene que ningún juez está autorizado a utilizar sistemas de IA para reemplazar la función jurisdiccional de valorar las pruebas, interpretar las leyes o fundamentar la decisión, sin importar que en esta ocasión la resolución ya hubiese sido tomada por el tribunal y no fuera producto directo de la inteligencia artificial.
Por ello, considera que el magistrado incumplió de manera “inexcusable” sus obligaciones judiciales, lo que constituiría una falta disciplinaria muy grave.
También sostiene que incurrió en una falta grave por revelar información obtenida en el ejercicio de sus funciones al introducir deliberadamente el expediente judicial en una plataforma de IA de uso general.