El PP aborda el caso Koldo: Zapatero’s partner testifica este jueves en la comisión de investigación, seguida por la esposa de Cerdán y directivos de SEPI la próxima semana

Los populares aprovechan el inicio del juicio sobre el caso mascarillas en el Tribunal Supremo para reiterar que quienes accedieron al poder con la intención de «regenerar» la política, «han terminado por degradarla».

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su esposa, Francisca Muñoz.

Con mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular intensifica la investigación sobre el caso Koldo y el polémico rescate de Plus Ultra en la comisión de investigación de la Cámara Alta. Entre esta semana y la próxima, los populares tienen previsto un calendario completo de comparecencias que coincidirán con el desarrollo del juicio por las mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo, donde están acusados el ex ministro José Luis Ábalos; su ex asesor, Koldo García; y el empresario señalado por la Guardia Civil como el «nexo corruptor» de la trama, Víctor de Aldama.

La primera declaración ante la comisión de investigación corresponderá a Julio Martínez. Este lobista de Plus Ultra, administrador único de Análisis Relevante, amigo y socio de Zapatero, conocido como «Julito», está citado para este jueves. Posteriormente, el martes 14, comparecerá Sergio Sánchez, director de relaciones institucionales de Movistar Plus, quien redactó los informes de Zapatero para Análisis Relevante y posee un 25% de participación en la entidad.

El jueves 16, la Mesa de la comisión ha decidido, además, convocar nuevamente a Francisca Muñoz, esposa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Muñoz, conocida como «Paqui», ha evitado su comparecencia en dos ocasiones gracias a la presentación de informes médicos. El último se recibió ayer, con un certificado del servicio de urgencias del centro de salud de Valtierra (Navarra), fechado este domingo, que avala el deterioro de la salud de Cerdán. Sin embargo, la publicación reciente de fotografías de Muñoz disfrutando la Semana Santa junto a su marido ha generado dudas en la comisión sobre la veracidad de su estado, que ha decidido citarla de nuevo de manera inminente.

Para el PP, las maniobras de la esposa de Cerdán constituyen «una burla para todos los españoles» y evidencian «el desprecio con que el sanchismo trata a las instituciones y la verdad».

La próxima semana también deberán comparecer la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, su segundo al mando, el vicepresidente Bartolomé Lora, así como su predecesor, Vicente Fernández.

Este plan de comparecencias fue anunciado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien aprovechó la inauguración del juicio por el caso mascarillas en el Supremo para recordar que uno de los acusados, el ex ministro Ábalos, fue precisamente quien defendió en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. En aquella ocasión, Ábalos afirmó: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como algo habitual».

Ocho años después, la portavoz popular subraya que «los que llegaron hablando de corrupción han acabado protagonizándola, quienes prometían regenerar la vida pública la han degradado, y aquellos que daban lecciones de limpieza institucional hoy están afectados hasta el cuello».

García remarcó que, además del caso mascarillas, «con un botín investigado que supera los mil millones de euros», existen múltiples casos de presunta corrupción que involucran, entre otros, a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno. «Este», afirmó la portavoz, «no es un Gobierno decente».

El PP también señala que los ciudadanos enfrentan «un infierno fiscal sin precedentes», con una recaudación del IRPF que «ha aumentado un 72%, alcanzando los 142.000 millones». La portavoz insistió en que el Gobierno «ha convertido a los ciudadanos en una máquina para recaudar fondos destinados a sostener su propaganda, su red clientelar y sus concesiones políticas» y aseguró que «los responsables de la corrupción terminarán pagando por ello en los tribunales y en las urnas», ya que la investigación continuará igualmente en la Cámara Alta.

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