El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado un programa de ayudas que ofrece subvenciones entre 5.000 y 25.000 euros para más de 140.000 beneficiarios
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha una línea extraordinaria de ayudas destinada a respaldar al sector primario frente a los daños ocasionados por las borrascas de enero y febrero. Este plan, con un presupuesto de 100 millones de euros, ofrece subvenciones que van desde 5.000 hasta 25.000 euros para agricultores y pescadores cuyas explotaciones sufrieron pérdidas debido a los temporales que azotaron Andalucía y Extremadura a principios de año.
Con la publicación este martes de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, más de 140.000 titulares de explotaciones agrarias y operadores del ámbito agroalimentario y pesquero podrán solicitar desde hoy estas ayudas para paliar los daños sufridos. El programa destina 75 millones de euros para subvencionar hasta el 15% de la deuda principal de los préstamos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y 25 millones para asumir el coste de los avales otorgados por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), necesarios para el acceso a dichos créditos. Según cálculos oficiales, la financiación total movilizada podría alcanzar los 500 millones de euros.
El otorgamiento de las ayudas seguirá el orden de presentación de las solicitudes durante el periodo abierto hasta el próximo 27 de abril. Los beneficiarios podrán aceptar la ayuda a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ya sea de forma individual o mediante organizaciones profesionales, cooperativas y demás entidades colaboradoras.
Casi 24 millones ya abonados
Desde el Ministerio han enfatizado que el procedimiento para aceptar las ayudas será “sencillo y rápido”, según indicaron el lunes el subsecretario Ernesto Abati y la presidenta del FEGA, Silvia Capdevila, en un encuentro con representantes de organizaciones agrarias y cooperativas. Aseguran que el trámite podrá completarse en cuestión de minutos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la implementación de un paquete de medidas para fomentar el reto “urgente” del relevo generacional en los sectores agrario y ganadero españoles, mediante la creación de Tierra Joven, una plataforma que facilitará información y activará la movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)
El 27 de marzo, el Ministerio efectuó un primer pago de 23,9 millones de euros a 17.314 titulares de explotaciones que cuentan con más de 20.000 pólizas de seguro agrario vigentes, ampliando la subvención de la prima de seguro hasta el 70% del coste, que es el máximo permitido según la normativa europea.
Asimismo, el Gobierno ha destinado 600 millones de euros para reparar infraestructuras agrícolas afectadas en Andalucía y Extremadura. Paralelamente, la línea ICO-MAPA-SAECA moviliza otros 100 millones de euros en créditos y avales, cuyo acceso se habilitará próximamente. No obstante, las organizaciones agrarias solicitan que se amplíe la lista de municipios beneficiarios, mientras el Consejo de Ministros termina de aprobar la declaración de nuevas zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en varias comunidades autónomas.
Ayudas adicionales al campo por la guerra
Más allá de los daños por los temporales, el sector agrario español ha enfrentado este año nuevas dificultades derivadas de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento en los precios de los combustibles y sus derivados durante la campaña de fertilización. Para contrarrestar estos efectos, el Gobierno aprobó el 20 de marzo un real decreto con 80 medidas enfocadas a sectores estratégicos como el agrario y el transporte. Entre las principales iniciativas figura la ayuda de 20 céntimos por litro en el gasóleo agrícola y subvenciones directas de fertilizantes de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, con un límite máximo de 300 hectáreas por explotación.
El decreto también contempla una línea de financiación de 300 millones de euros a través de créditos ICO avalados por el Estado. A pesar de estas medidas, las organizaciones agrarias consideran que las ayudas resultan insuficientes, especialmente para apicultores y quienes dependen del uso de productos plásticos.