Edurne Uriarte denuncia que el 85% de los presos recientemente excarcelados pertenecen a ETA, atribuyendo esta situación a una decisión política derivada de acuerdos entre el Gobierno y Bildu.
Uriarte critica la masiva regularización de inmigrantes promovida por el Gobierno, sugiriendo que el número real podría superar el millón, y advierte de los riesgos para la seguridad y los servicios públicos.
La diputada afirma que el Gobierno instrumentaliza la inmigración y la política penitenciaria con fines electorales y acusa a la izquierda de manipular tanto el lenguaje como la historia del terrorismo de ETA.
Uriarte lamenta el negacionismo y la invisibilización de las víctimas de ETA, así como el crecimiento del nacionalismo y la radicalización independentista en el País Vasco.
Edurne Uriarte (Vizcaya, 1960) recibe en el despacho de su vivienda, localizada a unos veinte minutos de Bilbao. Ese es su refugio de fin de semana, rodeada de árboles y una gran librería blanca con volúmenes acumulados durante décadas, los cuales narran su propia trayectoria: desde su etapa en el antifranquismo y el PSE, partido al que perteneció, hasta el PP, del que actualmente es diputada.
En medio, vivió una persecución por parte de ETA que la condujo a dejar el País Vasco para trasladarse a Madrid.
Uriarte comenta con entusiasmo por un libro próximo a publicarse y un proyecto que le ocupará durante los próximos meses: será la coordinadora de la ponencia que creará la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, destinada a analizar el impacto de la regularización masiva de inmigrantes.
Este proceso, impulsado por el Gobierno, se iniciará en abril, se prolongará por dos meses y pretende entregar documentación, inicialmente, a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular.
¿Cuándo estiman que estará listo el informe de la Comisión?
Nuestro propósito es tenerlo concluido antes de que termine el año.
¿Qué tipo de documentos o testimonios consideran indispensables para evaluar el impacto real de la regularización?
Dado que la ponencia se enfocará en el impacto de la regularización en la seguridad nacional, consideramos prioritarias las comparecencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional, autoridades europeas, expertos en inmigración y seguridad, y altos funcionarios encargados de los registros de antecedentes penales.
¿Contarán con la participación de estas entidades?
Cuando una ponencia conjunta del Congreso y el Senado convoca para colaborar en un informe, la gran mayoría de los contactados está dispuesta a aportar su testimonio.
Con el Partido Popular asegurando la mayoría junto a Vox en este órgano parlamentario, ¿podrán influir en el proceso de regularización aprobado por el Gobierno?
Como ponencia no tenemos facultad para modificar el proceso, mucho menos frente a un Gobierno que actúa al margen del Parlamento.
Sin embargo, sí podemos informar a la opinión pública sobre los riesgos que implica esta regularización y, por supuesto, también comunicarlo al Gobierno.
Pero con un Ejecutivo que decide sin considerar al Parlamento, nuestras posibilidades de incidencia son muy limitadas. La cuestión es si el Gobierno seguirá imponiendo medidas a pesar de las opiniones de los expertos y de la ciudadanía.
El Gobierno justifica esta regularización masiva aludiendo a razones humanitarias y de interés general, pues facilitaría la entrada de nuevos trabajadores. ¿Cuál cree que es la motivación principal de Pedro Sánchez?
Considero que tiene dos motivaciones centrales, ambas electorales. La primera es que Pedro Sánchez intenta posicionarse como el líder europeo que se opone a Trump.
Cabe recordar que inició esta regularización en medio de la polémica en Estados Unidos por las acciones del ICE para expulsar a inmigrantes ilegales. De hecho, logró que su iniciativa fuera mencionada en The New York Times.
Esto ha provocado un enfrentamiento con el resto de Europa, incluyendo a otros líderes socialistas, como el británico, que defienden restricciones contra la inmigración irregular.
La segunda motivación es también electoral: busca captar el voto de la extrema izquierda, es decir, apoyar a quienes defienden un reemplazo demográfico como mencionó Irene Montero.
El Gobierno inicialmente habló de 500.000 inmigrantes, pero ustedes, desde el Partido Popular, mencionan un informe policial que eleva la cifra a 1,3 millones. ¿Cuál sería la estimación más acertada?
Este es otro de los grandes desafíos con esta regularización masiva. El Ejecutivo carece de cifras precisas sobre los beneficiarios potenciales. Menciona 500.000 personas, mientras que Funcas calcula alrededor de 840.000, y un análisis de riesgo del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional apunta a un número mucho mayor: 1.300.000 personas.
Esta semana, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior e Inmigración, aclaró que la regularización no garantiza la libertad de movimiento entre países miembros, y que los inmigrantes regularizados deberán permanecer en España. ¿Es factible controlar esos flujos dentro de la Unión Europea?
En teoría, así es: los regularizados deberían quedarse en España, pero en la práctica controlar esos movimientos es complicado. Por ello, la Unión Europea muestra creciente preocupación ante la regularización española.
¿Cuál es la postura del PP europeo, considerando que gobierna en la Comisión Europea y en países como Alemania?
Justamente esta semana, el Parlamento Europeo emitió una advertencia directa a España.
Es la primera advertencia oficial en el informe final de la Misión de Peticiones a Canarias, donde expresa inquietud por la regularización masiva.
Se señala que podría provocar un efecto llamada y comprometer la seguridad del espacio Schengen, advirtiendo que tales decisiones no deben tomarse unilateralmente.
La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento para armonizar y endurecer las expulsiones de inmigrantes irregulares. Considera un fracaso que la tasa media de expulsiones sea del 20%, pero España solo alcanza menos del 10%. ¿A qué se debe esta disparidad?
La explicación es, sobre todo, política. Pedro Sánchez quiere ser percibido como el anti Trump europeo, lo que incluye ser un presidente contrario a expulsar inmigrantes irregulares.
Así, en vez de ser un anti Trump, se convierte en un opositor a otros líderes europeos.
Simultáneamente, se observan brotes de racismo. Esta semana se registraron cánticos islamófobos durante el partido España-Egipto en Cornellá.
El control de la inmigración irregular no está relacionado con el racismo, sino con la seguridad y el cumplimiento de la ley. Asociarlo al racismo, como hace la izquierda, es una manipulación para desviar la atención del problema real.
El racismo y la xenofobia son conductas sociales que me resultan profundamente repulsivas.
Es importante destacar que nuestra oposición a la regularización masiva no se basa en la raza ni en grupos étnicos, sino en la necesidad de controlar fronteras, respetar la ley, preservar la viabilidad de los servicios públicos y garantizar la seguridad.
¿Qué le inquieta personal y principalmente de esta política de “papeles para todos”?
Que un Gobierno, motivado por intereses electorales y políticos, abandone el control de fronteras y ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía y la sostenibilidad de los servicios públicos.
A esta regularización extraordinaria de este mes se suma el proceso para otorgar nacionalidad a extranjeros mediante la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno aún no ha especificado cuántas personas han adquirido la nacionalidad por esta vía.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos preguntado cinco veces al Gobierno cuántos extranjeros se han nacionalizado con la Ley de Memoria; sin embargo, como denunció nuestra portavoz Ester Muñoz esta semana, la respuesta oficial ha sido que no disponen de esa información.
En el propio partido hay voces, como la de Ayuso, que alertan que se busca modificar el censo para perjudicar a las opciones conservadoras en las elecciones.
Irene Montero declaró explícitamente que pretenden un “reemplazo de fachas”, frase propia de la extrema izquierda cuyo voto Pedro Sánchez busca captar.
Sin embargo, también pienso que los inmigrantes que residen y trabajan legalmente en España desean orden, legalidad y seguridad para ellos y sus familias.
Recordemos diciembre de 2000, Facultad de Periodismo de la UPV en Leioa. Una bomba de 3,5 kilos de Titadine en el ascensor, con potencial para derribar medio edificio, falla en el último momento. Edurne Uriarte era el objetivo. ¿Cómo se sintió?
Como participante en la resistencia antiterrorista, en el Foro de Ermua y activista en Basta Ya, estaba consciente del peligro y de que algo así podía suceder, pues era parte de la realidad diaria para quienes nos movilizábamos contra ETA.
Casi 25 años después, aún no sabe quién estuvo detrás del atentado.
Efectivamente, nunca se identificó al autor. Me preocupa poco, porque salí ilesa gracias a que el detonador falló.
Me inquieta mucho más que quedaran sin resolver casi 400 asesinatos de ETA, con autores aún impunes, dejando a numerosas familias sin justicia.
En esa época usted militaba en el PSE e incluso formó parte de la ejecutiva socialista.
Provengo del antifranquismo y de la izquierda, pero conforme viví la realidad del País Vasco y la persecución de ETA, crecieron en mí la decepción y las críticas hacia dos problemas de la izquierda, especialmente del socialismo.
Uno, sus complejos para defender con claridad la españolidad del País Vasco y el derecho de los vascos a sentirse y ser españoles.
Y dos, las dudas que percibí en la izquierda vasca respecto a la lucha antiterrorista y la movilización contra el terrorismo.
¿Cómo percibe ahora las excarcelaciones de Anboto o Txeroki?
Son fruto de los pactos de Pedro Sánchez con Bildu, y también de lo que Zapatero negoció con ETA en su momento, lo que muchos criticamos.
Estas excarcelaciones se realizan bajo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, pero masivamente privilegian a miembros de ETA y no al resto de presos, como denunció recientemente Javier de Andrés, presidente del PP vasco.
Un 85% de los liberados son miembros de ETA, lo que evidencia que es una decisión política enmarcada en la campaña de la izquierda y el nacionalismo para borrar la historia criminal de ETA.
Estas excarcelaciones fueron autorizadas por la consejera socialista María Jesús San José. ¿La conoció en su etapa en el PSE?
No la conozco directamente, pero lamento que socialistas vascos que aprecio hayan cedido a esta campaña ordenada por Pedro Sánchez.
¿Puede dar algún nombre?
Prefiero no citar nombres, aunque conozco y valoro a varios socialistas vascos.
Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, 147 presos de ETA han accedido al régimen de semilibertad.
La izquierda y el nacionalismo intentan reescribir la historia del terrorismo como un conflicto entre dos partes, cuando realmente fue la persecución de los terroristas hacia quienes se oponían a su proyecto totalitario.
Al mismo tiempo, se politiza una marcha como la Korrika con imágenes de presos de ETA.
El negacionismo de ETA incluye, por supuesto, la legitimación de sus crímenes, como ocurre con las imágenes de etarras en la Korrika, donde el PNV actúa con apatía o mirando hacia otro lado.
Sin embargo, está surgiendo una nueva generación de políticos en el PNV.
Lo que destaca de esta nueva generación, así como algo que también afecta a la generación anterior, es la radicalización independentista del PNV.
Históricamente, la mayoría del PNV ha sido autonomista más que independentista; pero ahora, aunque según las encuestas hay menos independentistas que nunca en el País Vasco, el PNV ha adoptado posturas independentistas. Esto resulta sorprendente porque contrasta con las tendencias mayoritarias en la región.
Aunque no tan extremas como las de Ibarretxe.
Tengo mis reservas, pues el PNV negocia lo que denomina un nuevo estatus político para el País Vasco con Bildu, y en ese estatus plantea incluir el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho a la independencia.
Se produce una paradoja: nunca hubo tantos vascos contrarios a la independencia, pero hoy el País Vasco presenta un bipartidismo entre PNV y Bildu, cuando en 2001 el PP era segunda fuerza con 19 parlamentarios y en 2008 el PSE tenía 25. ¿Dónde falló el constitucionalismo para que ahora socialistas tengan 12 y el PP 7?
Es consecuencia de una cultura política pro nacionalista que se ha fomentado desde todas las instituciones públicas bajo control nacionalista. Además, y esto preocupa, algunos medios culturales no nacionalistas han optado por adaptarse a las consignas mayoritarias.
No solo promovieron una cultura política pro nacionalista, sino que persisten en demonizar a los vascos que apoyan partidos nacionales.
Las encuestas también reflejan que Bildu cuenta con apoyo mayoritario entre los jóvenes y podría disputar la lehendakaritza al PNV. Además, algunos jóvenes desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco.
¿Qué se puede esperar de una comunidad donde, durante la Korrika dedicada al euskera, se permiten camisetas con rostros de etarras y eso se toma como algo normal?
Esto no sólo es responsabilidad de los partidos nacionalistas, sino también de la izquierda nacional, especialmente del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ha avanzado en un proceso de radicalización y pactos con el nacionalismo y Bildu, que han facilitado y alentado esta situación.
En su etapa como profesora en la UPV, primero sufrió el atentado fallido y luego le arrebataron la cátedra, pese a aprobar oposiciones y contar con el respaldo de cuatro catedráticos reconocidos en Ciencias Políticas. La cátedra fue asignada a Francisco Letamendia, exdiputado de Batasuna, con solo un apoyo.
Todo ello tras una campaña mediática en diarios como ‘Gara’, cuyo director por entonces era Mertxe Aizpurúa, actualmente diputada en el Congreso.
Fui una de las víctimas de la limpieza ideológica llevada a cabo por el nacionalismo radical, con la indiferencia del llamado nacionalismo moderado. Esa limpieza ideológica fue una realidad en el País Vasco.
Fui víctima, pero hubo muchas más: la violencia y persecución de ETA por un lado y la cancelación sociopolítica por otro, pues sufrimos procesos de cancelación ideológica, algo que ahora se menciona mucho.
No obstante, tuve suerte: la bomba que ETA colocó falló y salí ilesa, y pude recuperar la cátedra en tribunales, además de ser acogida profesionalmente en Madrid. Una ciudad que fue refugio y espacio libre para perseguidos en el País Vasco.
Aquella persecución y aquella cancelación fueron durísimas, pero también es terrible que las víctimas de esos procesos sigan siendo invisibles en el País Vasco.
¿Aún es así a día de hoy?
En el País Vasco hay un negacionismo sobre lo ocurrido: borrado y negación de ETA, que incluye en gran medida la invisibilización de las víctimas de aquella persecución, no sólo las víctimas directas, sino también quienes sufrimos cancelación o persecución ideológica.
Somos incómodos porque somos la prueba viva de la verdadera historia de persecución y cancelación.
Se trasladó a Madrid, a la Universidad Rey Juan Carlos, completando un giro ideológico gradual. ¿No sintió apoyo de los socialistas tras el atentado y los problemas con su cátedra?
Muchos socialistas me respaldaron entonces, tanto tras el atentado como frente a la cancelación de la cátedra.
Mi distanciamiento se produjo por diferencias ideológicas cada vez más profundas, incluyendo mis críticas hacia la posición del socialismo ante la lucha contra ETA.
He expresado y defendido que el liderazgo contra ETA lo ejerció el Partido Popular, en particular José María Aznar.
Su nuevo libro, «La batalla de las palabras para una nueva derecha» (Sekotia), está a punto de salir. ¿Está la izquierda dominando el lenguaje?
Sin duda. La izquierda controla el lenguaje, y por ende, domina la lucha por las ideas.
El libro expone esta manipulación izquierdista del lenguaje, por ejemplo, llamando “fachas” y “ultras” a todos los críticos con la izquierda, o etiquetando de ‘reaccionaria’ a la derecha y ‘revolucionaria’ a la izquierda, o presentando el cambio como de izquierdas y la reversión como de derechas.
Habla de una nueva derecha, pero esta se está transformando, con una facción populista y más estatista y otra fiel al liberalismo tradicional. ¿Deben utilizar el mismo lenguaje?
Hoy la prioridad para toda la derecha, sin importar su tendencia, es desmontar el lenguaje progresista, cuestionarlo y entrar plenamente en la batalla de las palabras y las ideas.
Eso debe hacerlo toda la derecha, cualquiera sea su corriente.
Hace tiempo defiendo que “no es la economía, estúpido”, como decía un asesor de Clinton, sino que “son las ideas, estúpido”. La batalla ideológica es clave en política y esencial en el debate cultural.
Otro tema que le inquieta son los intelectuales. Ha estudiado su orientación, vasca y nacional, y concluye que la mayoría está a la izquierda. ¿Por qué?
La mayoría de universidades, centros culturales y medios están dominados por intelectuales de izquierda, lo que dificulta mucho la acción de la derecha, ya que estos medios suelen difundir ideas favorables a la izquierda.
Esto es resultado de un largo proceso histórico donde los nuevos intelectuales se adaptan para sobrevivir.
Históricamente, fue mucho más sencillo “vender” el marxismo que el liberalismo o el conservadurismo. El marxismo prometía un paraíso, igualdad y un mundo feliz, mientras que el liberalismo y conservadurismo siempre estuvieron más ligados a la realidad.
De ahí surge el mito de la superioridad moral de la izquierda.
La izquierda, dominando el ámbito cultural e ideológico, ha difundido la idea de una superioridad moral propia, lo cual es falso.
Es impactante cómo ha impuesto tal idea considerando que entre los grandes totalitarismos —nazismo, fascismo y comunismo— el comunismo ha sido el que más víctimas ha causado.
Se calcula que 100 millones de personas murieron bajo regímenes comunistas. Aunque todos los totalitarismos fueron horribles, el comunismo es líder en número de víctimas, y sin embargo, la izquierda ha logrado imponer la idea de su superioridad moral.