Las claves
Hasta un 33% de los chiringuitos situados en el litoral andaluz están en proceso de regularización debido a la reforma de la Ley de Costas.
La normativa vigente exige obtener concesión mediante concurso público, elimina las renovaciones automáticas y delimita las instalaciones a una sola planta, desmontables y sin sótanos.
La Junta de Andalucía se opone a esta reforma, argumentando que pone en peligro hasta 50.000 puestos de trabajo y perjudica el turismo regional.
En provincias como Málaga, Huelva y Cádiz, muchos locales no han renovado sus licencias, generando inseguridad y cierres temporales en plena temporada.
Es una imagen habitual durante el verano para quienes visitan las playas: sombrillas, aroma a mar acompañado por la música ambiental de los chiringuitos, que ofrecen relax junto a pescado fresco y comida de calidad a pocos metros del mar.
No obstante, los empresarios encargados de estos espacios llevan tiempo inquietos por el reglamento que el Gobierno central planeaba implementar, obligándolos a realizar cambios importantes para continuar con sus actividades.
Tras analizar en detalle el borrador de la reforma, el sector empresarial que engloba a los chiringuitos en las zonas costeras andaluzas ha incrementado sus preocupaciones por los avances en la modificación de la Ley de Costas, que impacta especialmente en este sector.
Desde la Unión Europea se ha advertido reiteradamente a España que su gestión de estas concesiones «no cumple» con los requisitos europeos en cuanto a competencia y transparencia.
Esta nueva regulación afectaría particularmente a las prórrogas otorgadas bajo la Ley 2/2013 para la protección y uso sostenible del litoral, que permitió extender concesiones antiguas, incluyendo tanto a restaurantes en playas, instalaciones costeras y negocios turísticos en general.
Hasta la fecha, muchas ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre podían renovarse con relativa facilidad cada década, algo que la Comisión Europea consideró contrario al mercado único.
Por esa razón, desde el Ejecutivo central han evitado asumir responsabilidad directa en la aplicación de esta norma, señalando que su intención es alinearse con las directrices europeas.
Establecimientos a concurso
Con esta reforma, uno de los cambios principales es que se requiere concesión para las actividades económicas mediante concurso público.
Se establecen tres límites para las concesiones: 30 años para la mayoría de actividades económicas, 50 años para servicios públicos costeros y 75 años exclusivamente para proyectos de restauración.
No se permiten renovaciones automáticas ni privilegios para el anterior concesionario. En la práctica, al expirar la concesión de un chiringuito, podrá salir a concurso y ser adjudicada a otra empresa.
Según ha confirmado este medio, la principal inquietud para los propietarios radica en la prohibición de sótanos, motivada por criterios medioambientales y la protección del dominio público marítimo-terrestre.
El borrador enviado por el Ministerio indica que las estructuras deben ser 100% desmontables en todos sus componentes. Se clasificarán estrictamente como «instalaciones temporales», debiendo demostrar su desmontaje o paralización en periodos de inactividad.
Asimismo, se impone una restricción en el tamaño de los negocios, limitándolos a una sólo planta de altura, suprimiendo segundas alturas o terrazas elevadas.
Cabe mencionar que numerosos establecimientos en el litoral andaluz, situados a pie de playa, usan esos sótanos para almacenar materiales, instalar cocinas más amplias y guardar diverso equipamiento.
El rechazo de la Junta de Andalucía
La normativa que el Gobierno de España pretende aplicar enfrenta el rechazo contundente de la Junta de Andalucía, una de las administraciones autonómicas que con más dureza critica estas medidas, argumentando una postura «conservacionista» que impide autorizar «casi nada».
En Andalucía existen cerca de 500 negocios hosteleros denominados chiringuitos, que generan aproximadamente 50.000 empleos según datos de la Junta, de los cuales unos 160 están pendientes de regularización.
Catalina García, consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha lamentado que el Gobierno «no escucha a nadie» y ha alertado sobre la intención de aprobar la reforma de la ley de Costas «por la puerta de atrás«.
La responsable del área ambiental ha subrayado que esta actividad es esencial para la economía, al tiempo que sostiene que en Andalucía es viable proteger el litoral y mantener la actividad económica.
Reunión suspendida con los propietarios
Esta semana, el Gobierno ha intensificado lo que los chiringuitos interpretan como un ‘nuevo ataque’ por parte del Ministerio de Transición Ecológica, en su intento de ajustarse a las directrices europeas.
Ante las protestas del sector, el Ejecutivo canceló una reunión prevista con el Secretario de Estado, donde iban a participar representantes del sector, sin ofrecer ninguna explicación, según indicó Antonio Guerrero, de la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz.
Previo a esta cancelación, Guerrero había adoptado un tono conciliador y mostraba confianza en resolver la situación tras dicho encuentro, que finalmente no se realizó.
Preocupación en el litoral andaluz
La problemática, lejos de mejorar, se ha agravado en días recientes, causando una enorme inquietud en el sector, sobre todo en municipios donde estos negocios son el medio de vida principal de muchos empresarios.
En lo que respecta a la repercusión sobre el turismo, Málaga es la provincia más afectada, con más de 60 establecimientos aún pendientes de regularización.
En las provincias de Huelva y Cádiz, donde las localidades costeras dependen en gran medida de estos negocios en la temporada estival, también persiste una considerable preocupación.
Esta situación se suma a controversias recientes, especialmente en localidades costeras como Punta Umbría, donde algunos negocios tuvieron que cerrar o imponer restricciones el verano pasado por falta de permisos vigentes.
En Cádiz, varios chiringuitos en la localidad de El Puerto de Santa María cesarán su actividad en julio, tras no lograr renovar la licencia otorgada por la Autoridad Portuaria.
En Huelva, EL ESPAÑOL confirmó que en Punta Umbría, a pesar de 20 aperturas este verano, varios establecimientos aún están en proceso de regularización.
Aunque el balance presentado por el ayuntamiento local es positivo, la campaña estival estuvo marcada por cierres y restricciones causados por denuncias vecinales, debido a la ausencia de permisos.
No obstante, el problema persiste, ya que alrededor de diez negocios aún intentan regularizarse, incluyendo locales de playa como La Sombrilla, que no pudieron abrir sus puertas apenas días antes de comenzar julio.
Uno de los empleados del local declaró a EL ESPAÑOL que «la situación no pinta bien», al acercarse la fecha límite.
Otro foco de conflicto en Huelva se sitúa en Matalascañas, una de las zonas turísticas más importantes de la provincia, especialmente para visitantes procedentes de Sevilla.
EL ESPAÑOL contactó con Pedro Roldán Cabrera, presidente de la Asociación de Empresarios de Almonte, quien manifestó la preocupación generalizada entre los propietarios de estos establecimientos.
Además, este tema se une a otros problemas locales, como la falta de regulación de la Zona ORA en Matalascañas, que también genera inquietud en el sector.
En este sentido, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que en los próximos días se celebrará una Junta de Chiringuitos en la localidad, previa al inicio de la temporada estival, para tratar este y otros temas relacionados con estos negocios.
Por su parte, Francisco Bella, alcalde de Almonte, municipio al que pertenece Matalascañas, se ha mostrado muy crítico con la medida, afirmando que «impacta negativamente en el turismo local».
Bella mantiene un rechazo firme a los planes de Costas, que incluyen reubicar los negocios e infraestructuras turísticas alejados de la primera línea de playa, denunciando que esta acción supone «destruir el modelo turístico y comercial» de Matalascañas.