Junto a Francisco Martínez, el PSOE también solicita prisión provisional para el comisario Andrés Gómez. Ambos encabezaron el supuesto operativo parapolicial que sustrajo documentos al ex dirigente del PP Luis Bárcenas.
El PSOE ha solicitado este lunes la prisión preventiva para Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016, argumentando riesgo de fuga antes del inicio del juicio, programado para el 6 de abril, relacionado con la Operación Kitchen, el presunto operativo parapolicial diseñado para sustraer documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso Europa Press, el PSOE también solicita prisión provisional por riesgo de fuga para el comisario Andrés Gómez, buscando asegurar la comparecencia de ambos en el juicio y «garantizar el adecuado desarrollo de la vista oral y la efectividad de una posible condena».
El PSOE sostiene que no se ha realizado ninguna investigación sobre la capacidad económica de los acusados, ni se les ha proporcionado acceso a dicha información en caso de existir.
Los socialistas, que ejercen la acusación popular en este proceso, señalan que Martínez está imputado por delitos con penas que superan ampliamente los dos años de prisión, incluyendo presuntos delitos de malversación, organización criminal, vulneración de la intimidad, revelación de secretos y cohecho, entre otros.
Por otra parte, subrayan que el ex secretario de Estado está casado con una ciudadana mexicana, circunstancia que «le conduce a viajar frecuentemente a México por motivos familiares».
Igualmente, el PSOE recuerda que Martínez está investigado por su presunta pertenencia a una organización criminal responsable de ciberataques contra bases de datos públicas, motivo por el cual permaneció en prisión preventiva hasta junio de 2025, además de estar siendo examinado en el caso conocido como ‘policía patriótica’ relacionado con el partido Podemos.
SOSPECHA DE SI PUDIERA TENER OTRAS CUENTAS
Por esta razón, los socialistas consideran que «presuntamente tendría un historial delictivo que se extendería desde 2013 hasta 2025, fecha de su última detención y encarcelamiento«.
Al mismo tiempo, destacan que, pese a las acusaciones, Martínez sigue desempeñando funciones como funcionario público, ejerciendo de letrado en las Cortes, y advierten que es «difícil justificar cómo se combinan sus frecuentes viajes internacionales, responsabilidades familiares y el coste de defensa en tres causas penales complejas con la percepción de un salario público que, de acuerdo con el régimen de incompatibilidades, difícilmente se complementa con actividades privadas», lo que genera sospechas sobre posibles otras fuentes de ingresos.
Por otra parte, el PSOE también solicita prisión provisional para el comisario Gómez Gordo, igualmente acusado en este proceso, al considerar que existe un riesgo de fuga que se agrava por «la previsión de una pena de inhabilitación, confirmada en una resolución judicial», lo que «supone la casi pérdida de su vínculo profesional con el territorio nacional» como miembro de la Policía, «eliminando uno de sus principales lazos con el proceso y aumentando el incentivo para evadir la justicia».
Además, cuestionan de qué forma «puede costear su defensa legal en varias causas penales complejas» con los ingresos como funcionario, sugiriendo que podría contar con «fuentes de ingresos adicionales no aclaradas».