El PP ha presentado en el Senado una modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo para sancionar los homenajes a etarras del mismo modo que se penaliza la apología del franquismo.
La propuesta incluye multas que pueden alcanzar hasta los 150.000 euros y castiga acciones como homenajes públicos, exhibición de símbolos o el respaldo institucional a terroristas.
El régimen sancionador se dividirá en infracciones leves, graves y muy graves, incluyendo sanciones accesorias como la inhabilitación para ostentar cargos públicos.
El texto asegura el respeto a la libertad de expresión y establece un mecanismo para evitar la doble sanción si los hechos constituyen también un delito.
El Grupo Popular ha presentado en el Senado una modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo destinada a sancionar los homenajes a etarras con el mismo régimen que actualmente rige para la apología del franquismo.
Esta nueva «ley Feijóo», como la denominan desde el PP, establece multas que alcanzan hasta los 150.000 euros para quienes organicen o respalden los llamados ongi etorri a condenados por terrorismo. Un ejemplo reciente fue el homenaje a la etarra Anboto, recién liberada, en Escoriaza (Guipúzcoa).
La iniciativa incorpora un nuevo Título Octavo a la Ley 29/2011, con la finalidad de perseguir administrativamente actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas que no alcanzan el nivel del Código Penal.
Desde el PP sostienen que, aunque no se tipifiquen como delito, estas conductas son «inaceptables en una democracia».
El texto al que ha tenido acceso este medio precisa que «serán objeto de sanción los homenajes, recepciones públicas, la exhibición de símbolos o mensajes que ensalcen a terroristas, así como la humillación de víctimas y sus familias».
También se sancionará «la cesión de espacios públicos, la concesión de ayudas y el apoyo institucional, ya sea directo o indirecto, por parte de autoridades y cargos públicos a estas manifestaciones».
¿Franquismo sí, ETA no?
La estructura de la proposición replica, en esencia, el esquema de la Ley de Memoria Democrática que se aplica a la exaltación franquista.
Se clasifican tres niveles de infracciones: leves, graves y muy graves. El catálogo de multas es progresivo y se contempla un régimen de sanciones accesorias que incluye desde la pérdida de subvenciones hasta la inhabilitación para cargos públicos.
Las multas oscilan entre 200 y 2.000 euros para infracciones leves, de 2.001 a 10.000 para las graves, y de 10.001 a 150.000 euros para las muy graves.
Estas últimas incluyen infracciones cometidas en espacios oficiales o masivos, la exaltación explícita de organizaciones terroristas, la participación de cargos públicos o la reincidencia en faltas graves.
Dicha cifra coincide con el tope máximo de 150.000 euros ya previsto en la ley de memoria para casos de exaltación franquista.
Mecanismo de garantía
El PP añade una cláusula de garantía destinada a blindar la norma frente a posibles recursos.
La aplicación del régimen sancionador deberá respetar las libertades de expresión y reunión, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además, se establece un mecanismo de prejudicialidad penal para evitar sanciones repetidas si los hechos también constituyen delito.
La exposición de motivos destaca que «continúan» en espacios públicos los homenajes a etarras junto con mensajes que denigran a las víctimas.
El texto señala que el artículo 61 de la Ley de Víctimas ya prohíbe monumentos o distinciones de exaltación, pero lamenta la carencia de herramientas eficaces para responder rápidamente a actos sin relevancia penal.
La proposición subraya que, aun sin connotación penal, estas conductas «afectan la memoria colectiva y la dignidad de quienes padecieron violencia terrorista».
Asimismo, sostiene que «dañan gravemente la convivencia democrática» tanto en el País Vasco como en el conjunto de España, reivindicando a las víctimas como un «elemento fundamental» de la memoria democrática.
Pacto PSOE-Bildu
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presenta la iniciativa como una respuesta directa a los últimos ‘ongi etorri’ a etarras violentos recientemente excarcelados.
Acusa a Pedro Sánchez de «permanecer inactivo mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren». Además, le reprocha haber pactado con EH Bildu el acercamiento y la salida de presos de ETA.
García sitúa esta «ley Feijóo» en el contexto vasco, recordando que la consejera de Justicia regional, del PSOE, facilita la liberación de terroristas conocidos mediante decisiones administrativas, aplicando el artículo 100.2 del régimen penitenciario.
Para el PP, la flexibilidad en la concesión de beneficios penitenciarios requiere un control adicional para frenar la impunidad de los homenajes.
Subraya que no se trata de una reforma penal, sino de un complemento administrativo al artículo 578 del Código Penal, que sanciona la exaltación del terrorismo y la humillación a las víctimas.
La reforma legal determina que la instrucción y resolución de los expedientes corresponderá a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
El Ministerio del Interior asumirá los casos muy graves o aquellos que superen el ámbito provincial, aplicando la legislación administrativa para garantizar derechos de audiencia, defensa y proporcionalidad.
Al pleno ya mismo
La propuesta será debatida y votada en el Pleno del Senado el 8 de abril próximo, donde el PP cuenta con la mayoría que asegura su aprobación.
Génova la presenta como una de las leyes más importantes de la legislatura en la Cámara Alta, impulsada en su estrategia para «restaurar el parlamentarismo, secuestrado por Sánchez» a través del Senado.
Sin embargo, en el propio PP reconocen que la vigencia de la norma se complica al pasar al Congreso. Allí, la presidenta, Francina Armengol, mantiene bloqueadas decenas de proposiciones aprobadas en el Senado.
Este fenómeno fue denominado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, como «el congelador de Armengol».
La dirección de Alberto Núñez Feijóo denuncia que la mayoría de esas iniciativas no son ideológicas, sino que incluyen reformas con alto contenido social.
Entre ellas mencionan reformas en vivienda y suelo, la ley de conciliación y varias medidas de apoyo a familias y clases medias. Acusan a Armengol de bloquearlas «obedeciendo a Sánchez debido a la carencia de mayorías de un Gobierno incompetente».
Tellado ha reiterado en las semanas recientes que «en el Congreso ya no legisla el Gobierno ni la mayoría del hemiciclo».
Además, señala que Armengol funciona como un «tapón político” para impedir que prosperen iniciativas del Senado con apoyos transversales, como ocurrió recientemente con la reforma que frenaba el «coladero de delincuentes» en la regularización masiva de inmigrantes.