Aunque la Casa Blanca ha mostrado interés en fortalecer la colaboración con Ankara, algunos legisladores han expresado inquietudes respecto a los planes para permitir que Turquía se reintegre al programa de cazas.
La posibilidad de que Turquía vuelva a formar parte del programa de cazas F-35 ha abierto un nuevo frente en Washington, donde el lobby grecoamericano y ciertos miembros del Congreso buscan mantener los obstáculos legales existentes para la venta de estos aviones a Ankara.
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Este tema volvió a la agenda tras la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aunque hasta el momento no existe una resolución oficial por parte del gobierno de EE.UU. acerca de la reincorporación de Turquía al programa.
Atenas reconoce que las decisiones sobre armamento son un derecho soberano de cada nación y que no dispone de poder de veto sobre las decisiones estadounidenses. Sin embargo, considera que tiene el derecho y la responsabilidad de plantear a sus aliados cuestiones de seguridad que considera esenciales para mantener la estabilidad regional.
Fuentes oficiales en Atenas subrayan que Turquía continúa siendo un aliado de la OTAN, pero que persisten asuntos pendientes en las relaciones greco-turcas, como la vigencia de la justificación de guerra aprobada por la Asamblea Nacional Turca en 1995, las disputas sobre los derechos soberanos griegos y los conflictos en el Egeo y el Mediterráneo Oriental.
Por ello, Grecia solicita que cualquier decisión relativa a la venta de sistemas armamentísticos avanzados incluya garantías claras y compromisos para evitar que se utilicen contra otro país miembro de la Alianza.
El debate, sin embargo, ya se ha trasladado al Congreso estadounidense, donde quienes apoyan mantener las restricciones recuerdan que la exclusión de Turquía del programa F-35 en 2019 fue no solo una cuestión política, sino que estuvo vinculada directamente a la compra del sistema ruso S-400.
Carta de Dina Titus e iniciativas en el Congreso
La primera reacción pública contra un posible cambio de política surgió de la congresista demócrata Dina Titus, de Nevada, quien reunió la firma de 18 legisladores en una carta dirigida a la dirección de la Cámara de Representantes.
Los firmantes exigen que se respeten las leyes vigentes de EE.UU. y que el Congreso esté preparado para actuar si la administración intenta avanzar con la reincorporación de Turquía al programa.
Como explica Thanos Davelis, director de Asuntos Públicos del Hellenic American Leadership Council (HALC), esta carta representa la primera respuesta organizada dentro del Congreso.
“Dina Titus ha reunido a varios representantes, principalmente demócratas —un total de 18— que enviaron una carta a los líderes de la Cámara para que estén preparados para reaccionar y evitar cualquier avance de Trump respecto a los F-35,” señaló.
No obstante, Davelis señala que la situación entre los republicanos es distinta. Aunque muchos también se muestran cautelosos sobre la posible venta, prefieren una estrategia más discreta.
“Los republicanos parecen actuar internamente. No desean asociar sus nombres a esta carta y buscan influir en la administración Trump desde dentro, mediante sus contactos,” explica Davelis.
El muro legal frente a la venta
El argumento principal de quienes se oponen a que Turquía regrese al programa F-35 se basa en ciertas restricciones legislativas que el Congreso impuso.
La compra turca del sistema ruso S-400 motivó la aplicación de la ley CAATSA en EE.UU., que establece sanciones para quienes adquieren equipos militares rusos. Además, mediante los presupuestos de defensa estadounidenses, se establecieron disposiciones que condicionan el retorno de Turquía al F-35 a la eliminación del S-400.
“El asunto comenzó durante el primer mandato de Trump. El Congreso aprobó la ley CAATSA, la cual no se diseñó exclusivamente para Turquía, sino para que EE.UU. sancione a países que adquieren sistemas militares de naciones como Rusia,” explica Davelis.
Agrega que, tras la decisión de Ankara sobre los S-400, el Congreso estadounidense promulgó legislaciones adicionales:
“Existen dos leyes que establecen que los F-35 no pueden ser entregados a Turquía mientras esta mantenga los S-400.”
La interpretación clave del término “posesión”
Uno de los puntos centrales en Washington se refiere a la interpretación del concepto «posesión».
La ley estadounidense no solo considera el uso o activación de los S-400, sino también si Turquía continúa teniendo bajo su control el sistema ruso.
Por esta razón, se discuten escenarios como la remoción de los S-400 del territorio turco o su transferencia a un tercer país, para argumentar que esta barrera legal dejaría de existir.
Más allá del aspecto legal, la principal preocupación estadounidense radica en preservar la tecnología del F-35.
Washington teme que la presencia operativa del sistema ruso S-400 en el mismo ámbito que el caza furtivo de quinta generación permita la captura de datos sensibles sobre sus características furtivas, sistemas electrónicos y capacidades operativas.
“Existe el riesgo de que los S-400 puedan registrar información clasificada sobre los F-35 que después llegue a Rusia,” advierte Davelis.
Esta fue la razón fundamental por la que Turquía fue excluida del programa en 2019, pese a ser un país copropulsor desde 2007.
Los próximos pasos del lobby grecoamericano
El esfuerzo de lobby no se limita a la comunidad grecoamericana. Según Davelis, otras organizaciones en Washington, incluidos grupos de la comunidad judía estadounidense, también participan en esta causa.
“Los judíos estadounidenses siguen siendo una voz política poderosa. Están bien organizados y actúan en Washington con una posición similar sobre el tema de los F-35,” comenta.
Simultáneamente, HALC mantiene el contacto con legisladores, funcionarios gubernamentales y think tanks.
La resolución final dependerá del equilibrio entre la voluntad de la Casa Blanca de relanzar las relaciones con Ankara y la postura del Congreso, que ya implementó un marco legislativo riguroso respecto a la posesión de los S-400.
Davelis estima que “si el Congreso se moviliza eficazmente, podrían observarse avances.”