El Ejecutivo de Ayuso acata finalmente la orden judicial del TSJ de Madrid tras anunciar que recurriría el fallo
La Comunidad de Madrid ha iniciado los procedimientos necesarios para establecer un registro oficial de médicos objetores de conciencia frente al aborto, a pesar de la oposición expresa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El proyecto correspondiente fue publicado este miércoles en el Portal de Transparencia autonómico.
Esta acción se realiza tras la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que instaba al gobierno regional a comenzar “de inmediato” los trámites para desarrollar dicho registro. La creación del registro es un mandato establecido en la ley del aborto de 2023, con la finalidad de evitar obstáculos en el sistema público de salud respecto a este derecho de las mujeres.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, por unanimidad de todas las comunidades autónomas, una serie de instrucciones vinculantes para coordinar la implementación de estos registros. Desde entonces, todas las regiones han dado inicio a los procesos para establecerlo. Madrid era la única que mantenía la oposición, lo que llevó al Ministerio de Sanidad a recurrir a la vía judicial.
Aunque el Ejecutivo regional comunicó su intención de impugnar la sentencia del TSJM, finalmente ha decidido empezar los procedimientos para crear el registro. Actualmente, esta iniciativa administrativa se encuentra en consulta pública, disponiendo de un plazo de 30 días hábiles para la presentación de observaciones y alegaciones. La apertura de este trámite no implica la creación inmediata del registro, pero sí marca el inicio del proceso necesario para cumplir tanto la sentencia judicial como el protocolo acordado en el sistema sanitario estatal.
La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró el avance a través de sus redes sociales, señalando: “Han sido necesarios meses, un recurso judicial y una orden del TSJM. Pero hoy Madrid deja de ser la excepción y comienza a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública”.
Una “lista negra” para “señalar” a los médicos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró este jueves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le obliga a crear el registro de objetores al aborto, que ella no va a “señalar” a “aquellos médicos que no quieran” realizar interrupciones voluntarias del embarazo. (Fuente: Asamblea de Madrid)
Isabel Díaz Ayuso ha expresado en diversas ocasiones su oposición a que la administración “identifique” a los profesionales que decidan no involucrarse en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo. Para el Ejecutivo madrileño, el registro de objetores representa una “lista negra” que estigmatiza a quienes rechazan practicar abortos, una situación que califican desde el Gobierno regional como “un fracaso”. Frente a esta postura, la ministra de Sanidad advirtió que la negativa de Ayuso a cumplir el mandato legal de crear el registro podría conllevar su inhabilitación para ocupar cargos públicos, conforme al artículo 410 del Código Penal, según la misma fuente.
Según la administración madrileña, la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en la región mediante mecanismos organizativos propios, incluidos los traslados de pacientes a centros autorizados cuando todos los médicos de una unidad recurren a la objeción de conciencia. Madrid es la comunidad que realiza la mayor cantidad de abortos en España, aunque menos del 1% de ellos se lleva a cabo en la sanidad pública. Las autoridades sanitarias locales argumentan que implementar el registro exige una reorganización interna que necesita una regulación detallada, un aspecto que consideran no debe imponerse de forma provisional sin anticipar el resultado del proceso judicial principal.