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- Autor, Luis Barrucho
- Título del autor, Servicio Mundial de la BBC
- 10 febrero 2025
- Tiempo de lectura: 6 min
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos ha generado diversas disputas legales y preocupación entre las familias inmigrantes.
Por casi 160 años, la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense ha garantizado que cualquier persona nacida en el país es automáticamente ciudadana estadounidense.
Sin embargo, dentro de su estrategia para reducir el flujo migratorio, Trump intenta revocar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes presentes en el país sin permiso legal o con visas temporales.
La propuesta parece contar con respaldo en la opinión pública, ya que una encuesta de Emerson College indica que la mayoría de los estadounidenses apoyan a Trump en esta cuestión.
Pero, ¿cómo se compara esta política con las normas de ciudadanía en otras partes del mundo?
Ciudadanía por derecho de nacimiento en el mundo
La ciudadanía por nacimiento, conocida como ius soli (derecho del suelo), no es una práctica común a nivel internacional.
Estados Unidos es uno de los alrededor de 30 países, principalmente americanos, que concede automáticamente la nacionalidad a cualquiera nacido en su territorio.
Por otra parte, muchos estados en Asia, Europa y África aplican el principio de ius sanguinis (derecho de sangre), por el cual la nacionalidad se transmite según la ciudadanía de los padres, sin importar el lugar de nacimiento.
Algunos países combinan ambos criterios y otorgan la nacionalidad incluso a los hijos de residentes permanentes.
John Skrentny, profesor de sociología en la Universidad de California en San Diego, señala que aunque la ciudadanía por nacimiento es habitual en América, "cada Estado-nación la alcanzó de manera particular".
"Por ejemplo, algunos la aplicaron en relación con esclavos y exesclavos, otros no. La historia es compleja", comenta. En Estados Unidos, la 14ª Enmienda surgió para definir el estatus legal de los esclavos liberados.
No obstante, Skrentny destaca que un elemento común fue "construir un Estado-nación a partir de una antigua colonia".
"Fue necesario ser estratégico sobre a quién incluir, a quién excluir y cómo hacer que el Estado-nación fuera funcional", explica.
"En muchos casos, la ciudadanía por derecho de nacimiento, basada en nacer en el territorio, ayudó a alcanzar esos objetivos".
"Para algunos países, esta política fomentó la inmigración europea; para otros, garantizó que las poblaciones indígenas y los exesclavos, junto con sus descendientes, fueran considerados ciudadanos plenos, evitando que quedaran apátridas. Fue una estrategia concreta para un contexto específico, y esa etapa podría haber quedado atrás".
Políticas cambiantes y crecientes restricciones
En años recientes, distintas naciones han ajustado sus normativas de ciudadanía, restringiendo o eliminando la concesión automática por nacimiento debido a inquietudes sobre inmigración, identidad nacional y el fenómeno del "turismo de nacimiento", donde personas visitan un país para dar a luz.
Por ejemplo, India solía otorgar automáticamente la ciudadanía a quienes nacían dentro de su territorio.
Sin embargo, preocupaciones por la inmigración clandestina, especialmente desde Bangladesh, impulsaron cambios.
Desde diciembre de 2004, un niño nacido en India solo es reconocido como ciudadano si ambos padres son indios; si uno de ellos es ciudadano y el otro está considerado inmigrante irregular, no se otorga la nacionalidad.
Varias naciones africanas, que tradicionalmente aplicaban el ius soli según sus sistemas legales coloniales, lo abandonaron tras independizarse. Actualmente, la mayoría exige que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente.
Las leyes en Asia tienden a ser aún más estrictas, predominando la ciudadanía por descendencia, como ocurre en China, Malasia y Singapur.
Europa tampoco ha permanecido inmune a estos cambios. Irlanda fue la última nación en la región en permitir el ius soli sin restricciones.
Tras un referéndum en junio de 2004, donde el 79% de los votantes apoyó una reforma, se modificó la Constitución para que al menos uno de los padres sea ciudadano, residente permanente o residente temporal con permiso legal.
El gobierno justificó esta medida señalando que mujeres extranjeras acudían a Irlanda para dar a luz y obtener pasaportes de la Unión Europea para sus hijos.
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Uno de los ejemplos más drásticos ocurrió en República Dominicana, donde una reforma constitucional de 2010 redefinió la ciudadanía para excluir a los hijos de inmigrantes sin documentación.
En 2013, un fallo del Tribunal Supremo aplicó esto retroactivamente desde 1929, privando de la nacionalidad a decenas de miles, en su mayoría descendientes haitianos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que esta decisión podría generar un amplio número de apátridas, ya que muchos tampoco contaban con la documentación haitiana.
La medida fue duramente criticada por grupos humanitarios internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A raíz de la presión social, República Dominicana promulgó en 2014 una ley que creó un procedimiento para conceder la ciudadanía a hijos de migrantes nacidos en el país, con especial atención a aquellos de ascendencia haitiana.
Skrentny interpreta estos ajustes como parte de una tendencia global más amplia.
"Vivimos una época de migraciones masivas y facilidades de transporte, incluso a través de océanos. Las personas pueden ser más estratégicas sobre la ciudadanía. Esto explica el debate actual en Estados Unidos".
Desafíos legales
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Minutos después de que el presidente Trump emitiera la orden, varios estados y ciudades gobernados por demócratas, junto a grupos de derechos civiles y personas particulares, acudieron a la justicia.
Dos jueces federales concedieron apoyo a los demandantes.
El 5 de febrero, la jueza Deborah Boardman, del tribunal de distrito de Maryland, respaldó el reclamo de cinco mujeres embarazadas que argumentaron que negar la ciudadanía a sus hijos violaba la Constitución estadounidense.
La mayoría de los especialistas legales coinciden en que el presidente Trump no tiene autoridad para eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.
Finalmente, esta cuestión será resuelta por los tribunales, según señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. "No puede decidir esto unilateralmente".
Actualmente, la orden permanece suspendida mientras se desarrolla el proceso judicial.
No está claro cómo la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora es superamplia, podría interpretar la 14ª Enmienda en caso de que el asunto llegue a ese nivel.
El Departamento de Justicia bajo Trump sostiene que esta enmienda solo se aplica a residentes permanentes; diplomáticos, por ejemplo, están excluidos.
Sin embargo, otros argumentan que otras leyes estadounidenses ya regulan a los inmigrantes indocumentados, por lo que la 14ª Enmienda debería proteger también a este grupo.