Según ha confirmado El Confidencial, el Ministerio de Sanidad está implementando nuevas medidas para aumentar la seguridad durante el examen de acceso a la FSE, tras la reclamación presentada por la Asociación MIR España
Una de las controversias principales en la última convocatoria para el examen de Médico Interno Residente (MIR) giró en torno a la cuestión de hacer trampas, con especial atención a dispositivos tecnológicos avanzados. Inicialmente, las acusaciones se dirigieron hacia un individuo en particular, las cuales fueron rechazadas por el señalado y descartadas por Sanidad. Más tarde, se dio a conocer que un candidato en Galicia fue sorprendido utilizando unas gafas inteligentes y un reloj smartwatch.
Este hecho suscitó un intenso debate: ¿es sencillo copiar en uno de los exámenes más reconocidos para acceder a la formación sanitaria especializada (FSE)? Expertos afirmaron que no resulta fácil, aunque el riesgo permanece. Precisamente por ello, la Asociación MIR España (AME) expresó su inquietud ante el Ministerio de Sanidad durante una reunión reciente con Ordenación Profesional, encabezada por Miguel Ángel Máñez. En ese encuentro se expuso la «necesidad» de reforzar los procedimientos organizativos y de supervisión del examen, destacando la importancia de aumentar las medidas de seguridad durante la prueba, incluyendo un mayor control sobre los dispositivos digitales.
Desde el Ministerio, y concretamente Máñez ha asumido el reto y está abordando esta problemática. El director de Ordenación Profesional informó a AME que se están desarrollando avances en la detección de dispositivos digitales, trabajando en conjunto con otros ministerios y facultades de medicina para crear protocolos comunes de detección y control, según acceso privilegiado a una comunicación obtenida por El Confidencial.
Máñez fue designado por la ministra de Sanidad, Mónica García, como nuevo director general de Ordenación Profesional, dos semanas después de la realización de las pruebas de FSE. «La comunicación es constante y estamos satisfechos con la incorporación de Máñez al cargo», indican fuentes de AME a este medio.
Reducción de la jornada laboral y retribución por guardias
Otra de las demandas de AME se centra en el Real Decreto 1146/2006, actualmente en proceso de revisión. Los representantes del MIR reiteraron algunas propuestas presentadas en la fase de consulta pública, enfocadas a mejorar las condiciones laborales y formativas durante el período de residencia.
En particular, se propuso establecer una jornada ordinaria de referencia de 35 horas semanales, avanzar hacia un sistema de remuneración menos dependiente de las guardias a través de un complemento salarial estatal, y garantizar tiempo formativo protegido (siete horas semanales dedicadas exclusivamente a actividades de formación).
Además, se subrayó la relevancia de mejorar el reconocimiento y la remuneración de tutores y colaboradores docentes, dada su función crucial en la calidad del sistema de formación sanitaria especializada.
En relación con esto, desde el Ministerio indican que están finalizando la revisión de estas alegaciones para así comenzar con los procedimientos de audiencia, negociación, y demás.
Otras controversias en el MIR
La posibilidad de copiar no ha sido el único tema polémico en esta edición del MIR. La primera controversia ocurrió el pasado verano, cuando el comité encargado de preparar las preguntas del examen presentó una dimisión colectiva. Más adelante, AME denunció que se habían incumplido «de manera sistemática» ciertos plazos fijados por la orden de convocatoria de la FSE publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta denuncia surgió tras la publicación de las listas definitivas de admitidos para la formación, realizada menos de 10 días antes del examen y en horario nocturno.
Tras la realización de la prueba el 24 de enero, varios aspirantes criticaron la sensación de que el examen no había estado tan cuidado como en ejercicios anteriores y alertaron sobre la inclusión de bibliografía procedente de academias privadas. Como resultado, AME solicitó una auditoría externa y la depuración de responsabilidades. La respuesta del Ministerio de Sanidad fue negativa, aunque confirmaron que destinarán 10,2 millones para la gestión y digitalización.