Pedro Sánchez convoca en Barcelona la cumbre ‘Global Progressive Mobilisation’ con el propósito de afianzar su posición como referente de la izquierda global, contando con el respaldo de Lula da Silva y Gustavo Petro.
El evento reunirá a dirigentes izquierdistas de América Latina y África, aunque algunos de los convocados dirigen gobiernos catalogados como ‘democracias defectuosas’ según The Economist.
Entre los asistentes figuran mandatarios bajo investigaciones o acusaciones por corrupción, como Gustavo Petro, Lula da Silva y Cyril Ramaphosa.
La cumbre tiene lugar en un momento complicado para el PSOE, afectado por el juicio relacionado con las mascarillas que involucra al exministro Ábalos y a Koldo García.
A apenas diez días del inicio del juicio sobre las mascarillas que compromete al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, y a un mes de las elecciones en Andalucía, Pedro Sánchez procurará consolidar su liderazgo en la izquierda mundial con una cumbre en Barcelona los días 17 y 18 de abril, buscando reforzar su imagen como antítesis de Donald Trump.
El presidente del Gobierno estará acompañado por líderes de izquierda provenientes de todos los continentes, especialmente de América Latina y África. La reunión se denomina Global Progressive Mobilisation y reunirá por primera vez a la Internacional Socialista junto a su escisión, Alianza Democrática.
«El liderazgo de Pedro Sánchez tiene eco en todo el planeta», declaró el lunes la portavoz adjunta de la Ejecutiva del PSOE, Enma López, destacando «su ejemplo, su valentía, su rechazo a la guerra y esa capacidad para mantener coherencia y enfrentarse a todos los conflictos bélicos».
La convocatoria pretende aglutinar a «todo el mundo» con la misión de «defender la democracia», aunque tres de sus principales invitados —Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica)— dirigen naciones calificadas por The Economist en su Índice de Democracia 2024 como «democracias defectuosas».
Solo Uruguay, cuyo presidente Yamandú Orsi también participará, se considera una «democracia plena».
El resto de los países invitados tampoco tienen un buen historial en cuanto a corrupción.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, Uruguay ocupa el puesto número 16, mientras España se sitúa en el 35.
A pesar de ello, estarán presentes también Sudáfrica (posición 70), Colombia (90) y Brasil (100), tres países que, según ese índice, presentan niveles de corrupción desde medios-altos hasta altos.
Esta composición no termina de encajar con el discurso de «defensa de la democracia y el Estado de Derecho» con el que el PSOE promueve el evento.
Varios cuestionados
De hecho, varios presidentes asistentes han sido o están bajo investigación por casos de corrupción. El caso más reciente es el de Gustavo Petro.
La semana pasada se reveló que dos fiscales federales estadounidenses lo indagan por supuestos vínculos con el narcotráfico, según publicó el 20 de marzo The New York Times, y se sospecha que esos recursos habrían financiado su campaña presidencial.
No es la primera vez que asociados a su entorno enfrentan este tipo de señalamientos: en 2022, durante la campaña electoral, su hermano Juan Fernando fue grabado en la cárcel La Picota de Bogotá reuniéndose con condenados por parapolítica y corrupción, conocido como el «pacto de La Picota».
El caso de Lula da Silva es el más reconocido.
El presidente brasileño estuvo 580 días en prisión entre 2018 y 2019, tras ser condenado por el juez Sergio Moro —posteriormente ministro del gobierno de Jair Bolsonaro— en el marco de la operación Lava Jato por corrupción y lavado de dinero. La acusación señalaba que recibió un apartamento de lujo de la constructora OAS a cambio de favores en Petrobras, sumando una condena en segunda instancia de hasta 12 años.
El Supremo de Brasil anuló todas las sentencias en 2021 al determinar que el tribunal de Curitiba carecía de jurisdicción territorial, y en 2023 fue más allá: calificó el encarcelamiento como un «error histórico», eliminando toda la prueba obtenida de forma ilegal en Lava Jato.
El caso de Cyril Ramaphosa está marcado por el escándalo de Phala Phala.
En febrero de 2020, ladrones ingresaron a su finca particular y sustrajeron una cantidad de dinero en efectivo —entre 580.000 y cuatro millones de dólares en monedas extranjeras, según distintas fuentes— que estaba oculta bajo los cojines de un sofá.
El expresidente del servicio de inteligencia, Arthur Fraser, lo acusó de encubrir el robo ante la policía y la hacienda sudafricanas, lavado de dinero, e incluso de ordenar el secuestro y tortura de los ladrones para recuperar el dinero sin dejar rastro.
Un comité parlamentario determinó en 2022 indicios de que Ramaphosa cometió «graves violaciones» a varias leyes anticorrupción, lo que casi lo llevó a la destitución.
Finalmente, logró salvarse: la fiscalía cerró la investigación en 2024 por ausencia de pruebas y la defensora del pueblo lo exonero de conflicto de intereses.
Sánchez no estará únicamente con representantes españoles; además de varios ministros en funciones, le acompañará el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien en semanas recientes ha defendido su rol como consultor para su amigo Julio Martínez, investigado por su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Precisamente, el rescate de la aerolínea genera cuestionamientos sobre el Congreso de la Internacional que eligió a Sánchez. Según Víctor de Aldama, se habrían desviado 10 millones para financiar dicha operación.