Un dictamen de la letrada mayor del Senado señala que Pedro Sánchez incurrió en un delito de desobediencia al no presentarse en el Pleno relativo a la tragedia ferroviaria de Adamuz.
El jefe del Ejecutivo no asistió al Senado el 29 de enero, a pesar de haber sido convocado tras el accidente que provocó la muerte de 46 personas.
Aunque el Senado, con mayoría del PP, no ha iniciado acciones legales, sí presentó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la «rebeldía» de Sánchez.
Este asunto originó la creación de una comisión investigadora en el Senado sobre el mantenimiento del sistema ferroviario, que interrogará a responsables del Ministerio de Transportes.
Un informe confeccionado por la letrada mayor del Senado sostiene que Pedro Sánchez incurrió en un «delito de desobediencia» al no acudir a la Cámara Alta para ofrecer explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz.
A pesar de estar explícitamente citado —el PP cuenta con mayoría parlamentaria—, el presidente del Gobierno faltó al Pleno del Senado del pasado 29 de enero, once días después del siniestro en el que murieron 46 personas, ocurrido el 18 anterior.
Por ello, la secretaria general Sara Sieira Mucientes elaboró un dictamen a solicitud de la presidencia de la Cámara. Según reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, el informe de la letrada mayor concluye que la ausencia de Sánchez podría ser considerada delito.
Sin embargo, el Senado, presidido por Pedro Rollán, del PP, no ha iniciado ningún procedimiento judicial contra el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE.
De hecho, el informe realizado por la letrada mayor aún no ha sido firmado. Por ahora, permanece como un borrador. No obstante, sus conclusiones son contundentes: Sánchez incurrió en delito de desobediencia al no atender al Senado con su ausencia.
El sentido del dictamen era inequívoco y fue entregado, entre otros, a Rollán.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el PP, a través de los servicios jurídicos del Senado, decidió tramitar un conflicto de competencias para llevar a Sánchez ante el Tribunal Constitucional (TC) por «rebeldía».
Esto debido a su negativa a acudir al Pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz y los siniestros en Rodalies (la red de cercanías en Cataluña).
De hecho, los populares ya habían presentado otro conflicto de competencias ante el TC por el incumplimiento de otra obligación reglamentaria atribuida a Sánchez.
Actualmente, Sánchez ha superado los dos años consecutivos sin asistir a las sesiones de control en el Senado.
Y el artículo 164 del Reglamento del Senado es explícito: «El presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que razones justificadas, notificadas a la Cámara, lo impidan».
Esta norma fue modificada adrede en noviembre pasado, tras más de año y medio de ausencias reiteradas de Sánchez.
Aviso por carta
En relación con el Pleno de Adamuz, Pedro Sánchez faltó a la Cámara Alta a pesar de no contar con una agenda pública que justificase su ausencia.
Un día antes de la convocatoria, Pedro Rollán envió una carta al Palacio de la Moncloa, recordando al jefe del Ejecutivo su «inexcusable deber» constitucional de comparecer y advirtiéndole sobre las consecuencias legales en caso de no hacerlo.
El PP sostiene que la actitud de Sánchez infringe plenamente el artículo 66.2 de la Constitución. Este artículo otorga a las Cortes Generales la función de supervisar las actuaciones del Gobierno, no solo de sus ministros, sino también de su presidente.
Igualmente, el artículo 182.1 del Reglamento del Senado establece que «el presidente del Gobierno […] comparecerá ante el Pleno» cuando lo decida la Junta de Portavoces. El Partido Popular interpreta que esta redacción implica una obligación, no una mera facultad.
El Gobierno trató de justificar la ausencia de Sánchez con el principio de responsabilidad solidaria del artículo 108 de la Constitución. Este fue el argumento usado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para señalar que era suficiente la comparecencia de un miembro del Ejecutivo y no obligatoriamente del presidente.
Finalmente, quien acudió al Pleno sobre el accidente de Adamuz fue Óscar Puente, ministro de Transportes.
La mañana del 29 de enero, fecha en la que Sánchez estaba citado en el Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en televisión que su partido promovería una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre el estado del sistema ferroviario.
«Esta negligencia constante en el mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad y de Rodalies constituye una negligencia política de primer orden«, denunció Feijóo. «Tenemos el derecho de informar a los ciudadanos sobre cómo se encuentra el mantenimiento y la seguridad de nuestro ferrocarril», agregó.
Próximamente, la comisión investigadora del Senado examinará la crisis del sistema ferroviario, centrando su atención en el ministro Puente, en el exministro José Luis Ábalos, en el principal asesor de este último, Koldo García, y en Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Adif.
Así, según el plan de trabajo publicado el pasado viernes y al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, toda la cúpula del Ministerio de Transportes del periodo de Pedro Sánchez será llamada a declarar.