Las parcelas se incorporarán al Banco de Terras tras diez años sin que nadie las reclame, mientras la fragmentación excesiva del suelo sigue restando eficiencia a la actividad agraria
Un total de 797 fincas sin propietario registrado pasarán al Banco de Terras de Galicia después de diez años sin que se localice a sus dueños, según informó La Voz de Galicia. Esta cifra revela un problema poco visible para gran parte de la sociedad, pero con consecuencias directas en el ámbito rural: terrenos abandonados o con titularidad desconocida que permanecen sin uso agrícola durante años, mientras el acceso a la tierra continúa siendo una barrera para el desarrollo de la actividad agraria.
Este proceso responde a una estrategia más amplia destinada a la movilización de suelo agrícola. La ‘Lei de recuperación da terra agraria’ de Galicia fue creada con el propósito de luchar contra el abandono y la escasa utilización de terrenos, fortalecer la base territorial de las explotaciones y fomentar la recuperación demográfica en las zonas rurales, según recoge el BOE.
La legislación, que entró en vigor en 2021, aborda la recuperación de estas tierras no solo como un asunto registral, sino vinculándolo a problemas estructurales: el abandono de tierras de cultivo, la reducción de la superficie útil, la desorganización en los usos del suelo y la necesidad de facilitar la actividad económica en el entorno rural. También pone en relieve un obstáculo frecuente en el campo gallego y en buena parte del noroeste peninsular: la excesiva fragmentación de la propiedad, factor que incrementa costes y disminuye la rentabilidad agrícola.
Para solucionar esta problemática, la ley contempla instrumentos como arrendamientos, cesiones, permutas o transmisiones. Dentro de este marco, el Banco de Terras de Galicia desempeña un papel fundamental para ofrecer suelo disponible a quienes deseen trabajarlo o explotarlo. La normativa además regula el procedimiento para investigar fincas de titular desconocido y su inclusión en la gestión pública a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
Galicia no es una excepción
Los datos oficiales evidencian que esta situación no se limita a Galicia. En Aragón, una ley autonómica de 2021 establece que los inmuebles vacantes ubicados dentro de su territorio pasan automáticamente a la comunidad autónoma, brindando una base legal específica para estos bienes.
En Asturias, diversos boletines oficiales relacionados con procesos de concentración parcelaria prevén enviar al Banco de Tierras un listado de fincas sin propietarios localizados, con el fin de gestionar bienes sin titular conocido. Navarra también considera esta problemática en su legislación agraria: la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas regula las fincas sin propietario y permite incluso su cesión en precario para cultivo bajo ciertas condiciones.
En Castilla y León, además, hay cifras concretas que ilustran este fenómeno. Un expediente oficial de concentración parcelaria en Samir de los Caños, Zamora, documenta 704 parcelas sin dueño conocido, que constituyen el 6,7% del total, con una extensión de 186,40 hectáreas. Este informe atribuye la alta cantidad a la elevada dispersión de la propiedad y la emigración.
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A pesar de estos casos, no se dispone de una estadística homogénea y actualizada que permita conocer con exactitud cuántas parcelas de titular desconocido existen en cada comunidad autónoma. Galicia destaca porque ha ofrecido datos recientes y definido claramente un camino para incorporar este tipo de terrenos a un banco público de tierras, aunque los datos comparables a nivel estatal continúan siendo limitados.
Sí existe, en cambio, un indicio de que el acceso a la tierra se ha convertido en una preocupación institucional más amplia. En enero de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un conjunto de medidas para favorecer el relevo generacional en el medio rural y aseguró que el Estado evaluará unas 17.000 fincas rústicas pertenecientes a la Administración General del Estado para determinar su idoneidad agrícola y, en su caso, facilitar su uso a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales mediante la plataforma Tierra Joven.
Este asunto también conlleva una dimensión económica concreta. Informes técnicos de procesos de concentración parcelaria en Castilla y León señalan que reducir el número de fincas y mejorar las vías de acceso permite ahorrar en combustible, lubricantes, reparaciones, amortización de maquinaria y mano de obra.
Asimismo, la normativa gallega relaciona la extrema fragmentación de la propiedad con mayores costos y menor rendimiento para las explotaciones, mientras que el debate sobre la tierra abandonada se entrelaza con otro problema estructural: la dificultad de acceso al suelo para nuevos agricultores y ganaderos. En este contexto, liberar estas parcelas no representa solo una cuestión de ordenación territorial, sino también de eficacia y viabilidad económica.