El Gobierno demanda formalmente a inmobiliarias y fondos con más de 100.000 viviendas que acepten la extensión de los contratos de alquiler

El comunicado se dirige a trece grandes operadores del mercado residencial tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2026

En la fachada de un edificio se ve un cartel de 'Se Alquila' bajo la persiana de uno de los pisos (Jesús Hellín / Europa Press)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una misiva a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que controlan o gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler en España para recordarles que tienen la obligación de aceptar la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento cuando los inquilinos la soliciten dentro del plazo estipulado por la nueva legislación.

Este comunicado está dirigido a los principales operadores del mercado del alquiler luego de la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, ratificado el 20 de marzo en el Consejo de Ministros, que introduce medidas urgentes en materia de vivienda como respuesta a las repercusiones económicas y sociales derivadas de la situación internacional. Según el Ministerio, el propósito es asegurar que estas empresas cumplan correctamente con la nueva disposición desde el inicio.

Los inquilinos cuyos contratos concluyan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar una extensión extraordinaria del alquiler manteniendo las condiciones vigentes en el contrato.

Hasta dos años adicionales con las mismas condiciones

La normativa establece que esta prórroga se podrá efectuar por períodos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el arrendatario formule la petición explícita de continuidad antes del término del contrato.

En tal supuesto, el propietario o la entidad arrendadora estará compelida a aceptarla, salvo que existan circunstancias legales específicas. El Ministerio enfatiza en su comunicación que no se trata de una opción voluntaria para el arrendador, sino de un derecho garantizado al inquilino dentro del plazo señalado por el decreto.

Esta medida abarca contratos de vivienda habitual y conserva intacto tanto el precio como el resto de las condiciones pactadas en el contrato vigente, impidiendo modificaciones unilaterales durante este periodo extraordinario.

Sumar defiende su gestión en el Gobierno, aunque requiere aprobar el decreto de los alquileres en el Congreso.

Consumo pide aplicación inmediata a las empresas

La misiva fue enviada por la Dirección General de Consumo y solicita a estas 13 entidades “la máxima diligencia” para garantizar que la medida se aplique correctamente.

Además, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy insta a inmobiliarias y fondos a ajustar sus procedimientos internos para que cualquier solicitud planteada por un inquilino sea gestionada de manera inmediata y conforme a la ley.

El Ministerio considera que estas compañías son actores fundamentales debido al gran volumen de viviendas que administran y al impacto que pueden tener en la efectividad práctica de la medida en el mercado del alquiler.

Una medida ya en vigor dentro del nuevo decreto

La prórroga extraordinaria forma parte del conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo para aliviar la presión sobre los hogares en un contexto de incremento de costes.

El decreto ya está vigente y amplía la protección para quienes viven en régimen de alquiler en un momento en que muchos contratos llegan a su vencimiento en un mercado caracterizado por el aumento de precios y la escasez de oferta.

Desde Consumo insisten en que el nuevo derecho debe aplicarse sin necesidad de renegociar el contrato, siempre que la vivienda sea residencia habitual y el inquilino exprese su intención de acogerse a la extensión dentro del plazo legalmente establecido.

La acción del Ministerio se realiza pocos días después de la puesta en marcha de esta medida y busca evitar interpretaciones incorrectas o negativas por parte de grandes propietarios antes de que comiencen a acumularse las solicitudes de renovación.

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