Gabriel Rufián ha criticado a Pedro Sánchez por el fracaso de la izquierda con la Ley de Vivienda de 2023 y ha solicitado una “autocrítica” al Ejecutivo
El acceso a la vivienda se ha transformado en uno de los debates políticos y sociales más relevantes en España. Los continuos aumentos en los precios, tanto para el alquiler como para la compra, junto con la limitada oferta existente en las zonas tensionadas, han empeorado la situación, que parece no hallar una salida clara ante las discrepancias entre el Gobierno central, encabezado por el PSOE, y las comunidades autónomas donde el Partido Popular posee la mayoría.
En este contexto, socios del Gobierno como el diputado de ERC Gabriel Rufián han afirmado que la Ley de Vivienda aprobada en 2023 “ha fracasado” y han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una intervención en el mercado inmobiliario, dejando a un lado las competencias que, en este tema, corresponden a las comunidades autónomas.
“Autocrítica. La izquierda ha fallado en materia de vivienda. Aún estamos a tiempo. Sí, hemos fracasado, señor presidente”, expresó el diputado este miércoles en el Congreso. Por ello, surge la incógnita sobre si el Ejecutivo central realmente puede saltarse las competencias autonómicas y tomar control del mercado inmobiliario.
Distribución de competencias en materia de vivienda
Para valorar la viabilidad de esta intervención, es esencial analizar la distribución competencial en vivienda en España. La Constitución Española designa a las comunidades autónomas la competencia principal en urbanismo y vivienda. Esto establece que son ellas las encargadas de decidir la aplicación de medidas como la limitación de precios en alquileres, la declaración de zonas tensionadas o los programas de vivienda pública.
Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.
El Estado, por su parte, posee competencia para legislar en aspectos generales, como las bases económicas, la regulación del crédito o la aprobación de leyes marco. Un ejemplo reciente es la Ley por el Derecho a la Vivienda, promovida por el Gobierno central. No obstante, su ejecución depende en gran medida de las autonomías, que pueden decidir si activan o no las herramientas previstas en la norma.
Esta organización territorial establece que cualquier intento de intervención directa por parte del Gobierno central se enfrenta a límites jurídicos explícitos. No es solo un asunto político, sino que también implica un encaje constitucional, lo que dificulta la capacidad de actuar unilateralmente en todo el territorio.
¿Puede el Estado pasar por encima de las autonomías?
La respuesta breve es que no, salvo en situaciones excepcionales. El Gobierno central no puede obviar las competencias autonómicas sin una base legal sólida o el uso de mecanismos extraordinarios. Para ello, tendría que apoyarse en figuras jurídicas específicas, como leyes estatales que justifiquen una intervención por razones de interés general o, en casos extremos, en mecanismos constitucionales excepcionales.
En la práctica, esto significa que cualquier intento del Estado de intervenir directamente en el mercado inmobiliario debe respetar la distribución competencial o enfrentarse a posibles recursos ante el Tribunal Constitucional. De hecho, en ocasiones anteriores, leyes estatales o autonómicas en materia de vivienda han sido impugnadas por invasión de competencias.
Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de ‘problema estructural’. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las demandas del colectivo: reducción del 50% en los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.
Rufián ha defendido la necesidad de una acción más firme, argumentando que la situación actual requiere medidas urgentes. En sus declaraciones, llegó incluso a señalar que la ley vigente “se ha quedado corta” y exigió una “autocrítica” del bloque progresista. Sin embargo, desde un enfoque jurídico, una intervención mayor no puede realizarse sin considerar los límites del modelo territorial.
El propio presidente del Gobierno recordó durante el debate que muchas de las medidas dependen de las comunidades autónomas, varias de las cuales han optado por no implementar ciertos instrumentos contemplados en la ley estatal. Este hecho pone de manifiesto una de las principales dificultades del sistema: la falta de uniformidad en la aplicación de las políticas de vivienda.
Más allá de la controversia legal, la cuestión central continúa siendo cómo afrontar una crisis habitacional que afecta especialmente a jóvenes y a las rentas medias. Las propuestas de intervención del mercado, como limitar precios o actuar sobre grandes tenedores, no solo chocan con cuestiones jurídicas, sino también con diferencias ideológicas entre las administraciones.