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- Autor, Natalie Sherman
- Título del autor, BBC News
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Stew, un hombre de 35 años que reside en Montana, EE.UU., descubrió el mundo de las apuestas al descargar la aplicación Kalshi en su móvil hace año y medio.
Hace unas semanas, tras percibir un incremento en los pedidos de pizza cerca del Pentágono debido a información circulante en redes sociales, Stew realizó una apuesta poco común: US$10 a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, estaría "muerto" antes del 1 de marzo.
Esa operación llamó la atención respecto a los límites legales sobre los tipos de apuestas permitidas a ciudadanos estadounidenses.
La industria rentable de las apuestas, con empresas como Kalshi o Polymarket, ha incrementado su popularidad en el último año, con una facturación aproximada de US$44.000 millones.
Estas aplicaciones están cambiando el escenario en EE.UU., donde las apuestas deportivas fueron ilegales hasta 2018 y apostar en resultados electorales no fue considerado legal hasta 2024.
Aunque la mayoría de la actividad de apuestas se concentra en eventos deportivos, los usuarios también pueden especular sobre elecciones locales, posibles reducciones en las tasas de interés por parte del Banco Central, o incluso el año del regreso de Jesús, según lo prometido en la Biblia.
Durante la campaña presidencial de 2024, estas apps se convirtieron en tema de debate, tras una decisión judicial que les permitió aceptar apuestas sobre las elecciones, y acertaron en pronosticar la victoria de Donald Trump.
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Sin embargo, lo que ha captado la atención recientemente son las apuestas y predicciones sobre movimientos militares en Irán, Venezuela e Israel.
En teoría, estas apuestas no están contempladas en las leyes financieras estadounidenses, que prohíben negociar o celebrar contratos vinculados a guerra, terrorismo, homicidios, juegos de azar u otras actividades ilícitas.
No obstante, las empresas han seguido operando millones en apuestas de este tipo.
Actividad no regulada
Los críticos de estas plataformas exigen el cese de sus operaciones, argumentando que facilitan de manera encubierta —y posiblemente ilegal— la monetización de la guerra, además de representar riesgos para la seguridad nacional, permitir el uso de información privilegiada y fomentar posibles actos de corrupción.
Craig Holman, integrante del grupo Public Citizen y demandante reciente en EE.UU., afirmó a la BBC: "Actualmente se puede apostar sobre cualquier tema, lo que ha llevado a esta práctica macabra de apostar por la muerte de un jefe de Estado".
Según Bloomberg, Polymarket aceptó apuestas por más de US$500 millones relacionadas con la guerra en Irán, llegando incluso a ofrecer una apuesta sobre la posibilidad de una explosión nuclear.
La empresa, que tiene sede en Nueva York y opera en todo EE.UU., eliminó esa opción después de un fuerte escrutinio en redes sociales, aunque aún permite apuestas sobre la fecha de entrada de tropas estadounidenses en Irán.
La compañía no respondió a las solicitudes de información de la BBC.
Por su parte, Kalshi canceló las apuestas sobre Jamenei, que generaron cerca de US$54 millones, a pesar de la clara legislación estadounidense que prohíbe "apostar o lucrarse directamente con la muerte de una persona".
Aunque la empresa no contestó a la BBC para este reportaje, afirmó que las apuestas relacionadas con la guerra tuvieron lugar en mercados comerciales fuera de EE.UU.
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Regulación de los mercados
Estos cuestionamientos sobre las apuestas relacionadas con conflictos bélicos forman parte de una discusión más amplia sobre la regulación del mercado de predicciones.
A diferencia de los casinos o plataformas de juego virtual donde la casa establece las probabilidades, estas aplicaciones funcionan como una bolsa de valores, facilitando que los participantes apuesten entre sí sobre resultados futuros mediante "contratos de eventos".
Esta estructura ha motivado a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) a reclamar jurisdicción sobre estas operaciones.
Los opositores sostienen que en esencia representan apuestas deportivas y juegos de azar disfrazados de intercambios financieros para evitar regulaciones estrictas e impuestos aplicables a los juegos de azar tradicionales, controlados por los estados.
La disputa sobre qué organismo debe supervisar estas plataformas ha provocado múltiples demandas legales en todo el país, especialmente al reclamar los estados autoridad para regular estas empresas como casinos virtuales en lugar de dejarlo en manos de la CFTC.
Incluso algunos republicanos han expresado inquietudes, influenciados por el fuerte lobby de la industria tradicional del juego.
Por ejemplo, Mick Mulvaney, reconocido partidario de Trump, se ha desplazado a Washington para presentar casos relacionados con esta materia.
"Nadie propone la prohibición del juego", afirma Ben Schiffrin, director de políticas de seguridad en Better Markets, organización que impulsa reformas financieras.
"Lo que los estados y grupos vinculados solicitan es que las actividades que constituyen juegos de azar sean reguladas como tales", añadió.
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Recientemente, los demócratas introdujeron una nueva legislación que prohíbe a funcionarios públicos participar en "contratos de eventos", citando casos como el de un usuario de Polymarket que ganó casi US$500.000 por la captura de Nicolás Maduro pocas horas antes de que sucediera.
El partido también ha emitido advertencias para los consumidores sobre el riesgo de usar información privilegiada e instó a la administración federal a brindar respuestas rápidas para controlar esta actividad, especialmente en asuntos como la guerra en Irán.
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Poca regulación
Sin embargo, la probabilidad de que este negocio se clausure es reducida.
Aunque la administración previa adoptó una postura estricta respecto al sector, proponiendo prohibiciones sobre contratos vinculados a eventos deportivos y políticos, tales iniciativas quedaron estancadas luego de una derrota en tribunales y el regreso de Donald Trump en 2024, quien prometió una regulación menos restrictiva.
El mes pasado, la CFTC anunció la retirada de la prohibición para contratos relacionados con deportes y elecciones.
Además, ha respaldado a las plataformas de mercados de predicción en las disputas legales estatales, siendo que Michael Selig, presidente de la CFTC durante la administración Trump, criticó estas demandas por "exceso de celo" en un reciente artículo de opinión.
Selig defendió que los contratos de eventos cumplen con "funciones económicas legítimas".
"Está claro que a los estadounidenses les gusta este producto y desean participar", afirmó, señalando que las plataformas igual deben respetar las normas.
Ante esta creciente presión, Polymarket anunció medidas para supervisar formalmente actividades sospechosas, mientras que Kalshi, que se presenta como una "bolsa regulada", comunicó sus acciones para evitar el abuso de información privilegiada.
Recientemente, Kalshi informó de sanciones aplicadas en dos casos ligados a uso de información privilegiada y destacó que abrió 200 investigaciones durante el último año.
Finalmente, la empresa canceló el mercado de US$54 millones relacionado con la muerte de Jamenei.
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En comunicados explicativos sobre esta decisión, Kalshi aseguró no "cotizar mercados directamente vinculados a la muerte", indicando que sus términos y condiciones incluían esa exclusión.
Se comprometió a hacer más claros esos términos desde el inicio y afirmó haber "aprendido mucho" de la experiencia.
No obstante, estas acciones generaron descontento entre sus usuarios.
Entre ellos, Stew, quien opinó que la empresa inicialmente había "ocultado" esas reglas y que su explicación parecía poco convincente, dado que "existen pocas formas realistas" para que Jamenei dejara el poder.
Stew, a quien le devolvieron su dinero, manifestó dudas sobre si la regulación solucionaría el problema, pero consideró que el debate parecía estancarse en aspectos semánticos.
"Lo llaman negociación de contratos, que supongo que, técnicamente, es correcto", concluyó.
"Pero, si se es sincero, sigue siendo una apuesta".