Vox Sociedad Limitada: detalles del millonario negocio ligado a los Ariza, Kiko Méndez y la esposa de Abascal con contrato

Kiko Méndez-Monasterio, Julio Ariza, Lidia Bedman,santiago Abascal y Gabriel Ariza Rossy.

Empresas relacionadas con la familia Ariza y Kiko Méndez-Monasterio facturan millones a Vox por servicios como asesoría, comunicación y otros.

Lidia Bedman, esposa de Santiago Abascal, recibe un salario anual de 63.600 euros de una editorial vinculada a la familia Ariza.

En los últimos años, Vox ha destinado 7,4 millones de euros a «servicios externos» y ha transferido 9 millones a la fundación Disenso.

A pesar de disponer de financiación vía bancos españoles, el partido ha solicitado préstamos con intereses elevados al MBH Bank húngaro.

Poco tiempo después de las elecciones andaluzas del 19N de 2022, se encuentran en el restaurante El Rincón de Esteban, cerca del Congreso de los Diputados, la candidata de Vox Macarena Olona, Kiko Méndez-Monasterio (asesor de comunicación de Santiago Abascal) y Elías Bendodo, hombre de confianza de Juanma Moreno.

La abogada del Estado no deseaba presentarse como candidata, ni se sintió cómoda durante la campaña electoral, que fue dirigida minuciosamente por el asesor de Abascal desde su consultora Tizona Comunicación SL.

Olona experimenta un resultado decepcionante: se esperaba al menos 20 escaños para el partido, pero obtuvo solamente 14.

Aunque Juanma Moreno logró una holgada mayoría absoluta de 58 escaños, su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se reúne con responsables de Vox para establecer la normalización de la relación entre ambas formaciones.

En esa reunión, Olona enfrenta un segundo golpe: Bendodo recrimina a Méndez-Monasterio que Vox condicionara en 2019 el apoyo a los Presupuestos de la Junta a la inclusión de contratos para las empresas de Julio Ariza, fundador de Intereconomía.

Fuentes que conocieron la reunión señalan que Vox había exigido que las productoras de la familia Ariza accedieran a millonarios contratos de Canal Sur, algo contradictorio con la promesa del partido de Abascal de cerrar las televisiones autonómicas.

El propio Ariza negó posteriormente esta acusación, mostrando su indignación ante la candidata. Sin embargo, tras su derrota y aquel incómodo encuentro en El Rincón de Esteban, Olona fue apartada de las negociaciones en Andalucía y Abascal dejó de contestarle el teléfono, como ella misma narra en su libro Soy Macarena.

Finalmente, abandonaría el partido cansada de desilusiones.

Avanzando hasta septiembre de 2023, cuatro meses después de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, Julio Ariza viaja a Palma de Mallorca.

Allí se reúne con el controvertido dirigente de Vox y nuevo presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, para solicitar que contrate como asesor a su yerno, Ricardo Camuñas. Camuñas estaba realizando funciones similares en el Congreso, pero tras los retrocesos del 23J su puesto no estaba garantizado.

Le Senne accede, aunque con reservas. Más tarde confesaría a un colega que sospechaba que Camuñas no estaba para asesorarle, sino para vigilar sus movimientos e informar a Madrid.

Además, el yerno de Ariza (casado con su hija) no conoce mallorquín ni mantenía hasta entonces ningún vínculo relevante con las Islas. A pesar de ello, Ricardo Camuñas es actualmente secretario general del partido en Baleares.

Estos son sólo dos ejemplos que ilustran la influencia de tres personajes que, tras la purga de la vieja guardia, son los principales colaboradores del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Ellos son su asesor de comunicación Kiko Méndez-Monasterio (tío de la diputada por Almería Rocío de Meer), el empresario Julio Ariza (fundador de Intereconomía) y su hijo, Gabriel Ariza Rossy.

Exdirigentes expulsados en meses recientes aseguran que la cúpula de Vox ha instaurado un sistema para desviar fondos públicos hacia las empresas de la familia Ariza. A continuación, se presentan las cifras.

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Julio Ariza Irigoyen (navarro, 1957), exdiputado del PP en el Parlament catalán en la era Aznar, fundó en julio de 2005 la televisión del Grupo Intereconomía, con la intención de convertirla en la Fox del conservadurismo español.

El PP nunca apoyó sus posturas más radicales, mostradas diariamente en El gato al agua. Pero con la creación de Vox en 2013, encontró un público más receptivo.

La crisis económica afectó duramente al grupo. Intereconomía (con su canal TDT, cadena radiofónica y el diario La Gaceta de los Negocios) entró en concurso de acreedores en julio de 2015.

El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid responsabilizó a Ariza por negligencia y le condenó a pagar 4.492.011 euros, además de prohibirle administrar bienes ajenos por dos años.

Antes, salvó la parte restante de su televisión, que renació como El Toro TV, con una línea informativa plenamente alineada con Vox.

Su hijo, Gabriel Ariza Rossy, director general de Intereconomía los cuatro últimos años antes de su quiebra, fundó en julio de 2018 la consultora Tizona Comunicación SL junto a Kiko Méndez-Monasterio, abogado y periodista que también dirigió La Gaceta entre 2015 y 2017.

En 2020, la familia Ariza cedió su diario económico a la fundación Disenso, el think tank de Vox, que relanzó la publicación como La Gaceta de la Iberosfera. Su primer director bajo esta cabecera fue José Antonio Fúster, actual portavoz nacional de Vox y afiliado a la factoría Ariza.

Además, Fúster es socio de Gabriel Ariza en la empresa Veracruz Comunicación SL, constituida en septiembre de 2020 con 3.006 euros de capital social.

Fúster ejerció como socio y administrador único hasta enero de 2025, cuando Gabriel Ariza Rossy asumió la administración y se encarga actualmente de los negocios familiares.

A medida que Abascal desvincula a quienes jugaron un rol esencial en los inicios de Vox (desde Alejo Vidal Quadras a Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros), Gabriel Ariza se convierte en la sombra de Abascal en eventos internacionales.

Las imágenes publicadas por Abascal en redes sociales muestran a ambos junto al propietario de Tesla y X, Elon Musk, o en encuentros con ministros israelíes.

Santiago Abascal y Gabriel Ariza, con el dueño de Tesla y X, Elon Musk.

Vox paga a la consultora Tizona Comunicación 26.795 euros mensuales por la asesoría de Kiko Méndez-Monasterio a Abascal, según informó El Confidencial en enero. Esto supone más de 320.000 euros anuales. En 2024, la consultora declaró una facturación de 327.026 euros.

Se podría pensar que esta cifra corresponde a un equipo amplio, pero no es así. Originalmente Tizona tenía más de veinte empleados, pero desde 2023 declara oficialmente tener plantilla cero.

«Kiko Méndez ha ido incorporando a casi todo el personal de Tizona a Vox y a la fundación Disenso, mientras sigue cobrando más de 300.000 euros anuales por asesorar a Abascal», comenta un exdirigente del partido.

«El equipo de comunicación actual de Vox», añade, «está compuesto por antiguos trabajadores de la familia Ariza, desde el jefe de prensa Juan Pflüger hasta el portavoz nacional José Antonio Fúster».

No solo dirige la estrategia comunicativa Méndez-Monasterio, sino que también toma decisiones políticas clave (como el discurso estricto contra la inmigración, inspirado en Le Pen) e interviene en la selección de candidatos.

Entre 2019 y 2020, Vox tuvo su sede en el mismo inmueble de la calle Nicasio Gallego de Madrid que Tizona Comunicación SL, pagando un alquiler a otra sociedad controlada por Gabriel Ariza.

Santiago Abascal y Gabriel Ariza, en diciembre de 2023 durante un viaje a Israel.

En el mismo edificio, cercano a la Glorieta de Bilbao, están otras empresas vinculadas a la familia Ariza que prestan servicios a Vox, desde comunicación y organización de eventos hasta impresión de publicaciones.

Estas prestaciones son abonadas por el partido mediante una partida de 7,4 millones de euros en sus Presupuestos bajo la categoría de «servicios externos», que brinda libertad para elegir proveedores.

Entre las compañías familiares está Editorial Ivat SL, que abona un salario anual de 63.600 euros a Lidia Bedman, esposa de Abascal, como reveló El Confidencial.

«Santiago mantiene una deuda de gratitud con las familias Ariza y Méndez-Monasterio, quienes facilitan ese ingreso adicional a través de su mujer», declaró esta semana el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en una entrevista con El Mundo.

Editorial Ivat SL fue creada en noviembre de 2017 por Gabriel Ariza y declaró una facturación de 185.690 euros en 2024.

En enero de 2025, Ariza delegó la administración en Miguel Menéndez Piñar, nieto del líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y mano derecha del patriarca de Intereconomía, descrito por algunas fuentes como un testaferro.

También con sede en la calle Nicasio Gallego se encuentra Gestión y Desarrollo de Instituciones de Formación Superior SL, presidida y administrada por Menéndez Piñar.

Según la OEPM, esta empresa es titular de la marca ISSEP Instituto Superior de Sociología, Economía y Política.

Esta escuela española depende de la institución fundada en Lyon por Marion Maréchal-Le Pen, sobrina de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen.

El centro en España está dirigido por el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz.

Además de Marion Maréchal, forman parte del profesorado eurodiputados de Vox como Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta, así como Julio Ariza, José Javier Esparza (también de Intereconomía), Javier Tebas (presidente de La Liga), Kiko Méndez-Monasterio y su sobrina Rocío de Meer.

Otros docentes son diputados de Vox: José Antonio Fúster (portavoz nacional), Carlos H. Quero (portavoz de Vivienda), Íñigo de Hoces y Manuel Mariscal Zabala.

El ISSEP ofrece descuentos a cargos públicos de Vox para sus cursos, orientados a mejorar habilidades en oratoria, liderazgo y otras áreas.

La entidad española que gestiona ISSEP facturó 545.000 euros en 2023, y elevó esta cifra a 714.000 euros en 2024.

En la firma para instaurar el proyecto en España participaron Marion Maréchal, Miguel Menéndez Piñar, Kiko Méndez-Monasterio y nuevamente Gabriel Ariza Rossy.

Gabriel Ariza Rossy (segundo por la izquierda), Marion Maréchal (centro) y Kiko Méndez-Monasterio (derecha), en la firma del acuerdo para poner en marcha el ISSEP en España.

Gracias a su presencia institucional, Vox maneja un volumen anual superior a 20 millones de euros. Ese es el potencial económico que, según críticos, termina en las empresas familiares de los Ariza.

Según sus cuentas auditadas, Vox gestionó en 2024 un total de 22,5 millones de euros. De estos, 7,4 millones provienen de subvenciones públicas para campañas electorales.

Otros 7,2 millones se destinan a gastos operativos subvencionados tras los resultados electorales, y 3,5 millones llegan de aportaciones de sus grupos parlamentarios en Cortes, parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

Del total, solo 4 millones provienen de fuentes privadas: 3,7 millones de las cuotas de afiliados, y el resto de donaciones y actividades propias como venta de merchandising en eventos.

Un dato destacado: Vox afirma tener 65.615 afiliados, pero menos de la mitad, 32.022, están al día con sus cuotas.

En 2024, Vox declaró dedicar 5,1 millones de euros al pago de personal.

Esta partida incluye 662.658 euros para remunerar a miembros del partido considerados directivos.

Aunque no especifica, críticos sospechan que estos recursos complementan los ingresos de dirigentes como Santiago Abascal o el secretario general Ignacio Garriga (además de su sueldo público como diputados).

Otra particularidad: desde las elecciones de 2023, la dirección nacional obliga a todos los grupos parlamentarios de Vox en parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones a firmar convenios para transferir a la sede central en la calle Bambú más del 50% de las subvenciones ordinarias que reciben.

A cambio, la dirección nacional se compromete a brindar a estos grupos «apoyo y asesoramiento técnico, jurídico, estratégico y protocolario» (por ejemplo, en la redacción de enmiendas presupuestarias) y cursos formativos para sus miembros.

Borrador del convenio que la dirección nacional de Vox obliga a firmar a todos sus grupos parlamentarios en CCAA y ayuntamientos, para transferir a Madrid más del 50% de su subvención.

Esta estrategia, cuestionada por el Tribunal de Cuentas, permite acumular fondos en la dirigencia nacional de Vox para cubrir contratos con las empresas de la familia Ariza y financiar la fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal y dirigida por Jorge Martín Frías, exresponsable de formación en la fundación Faes de Aznar.

En 2023, Vox transfirió 2,5 millones de euros a Disenso y otros 2 millones en 2024, sumando 9 millones de euros en los últimos años.

De ese total, cerca de 865.000 euros anuales se destinan a sostener la web de La Gaceta de la Iberosfera, antiguo medio de Intereconomía cedido a Disenso por la familia Ariza.

Un dato relevante en las cuentas de Vox es que en los últimos años han recibido 9 millones de euros en créditos del MBH Bank húngaro, vinculado a Viktor Orbán, el líder europeo más cercano a Vladímir Putin.

El último préstamo, por 7 millones, fue concedido para financiar la campaña europea de 2023 y casi se saldó completamente en 2024 tras cobrar la subvención correspondiente por resultados.

Estos préstamos cuentan con un tipo de interés «estratosférico», muy superior al mercado, según describe un exdirigente del partido.

Vox justifica la financiación del MBH Bank porque los bancos españoles negaban crédito, aunque en realidad, al momento de firmar el crédito de 7 millones, ya tenía préstamos vigentes con dos entidades bancarias españolas.

Vox asegura en sus cuentas oficiales haber liquidado casi por completo en 2024 el último crédito de 7 millones otorgados por el MBH Bank de Hungría.

Paralelamente a esta financiación húngara, Abascal rompió en el Parlamento Europeo con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) liderados por los Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni para encabezar el grupo Patriots, junto a partidos de Orbán (Hungría) y Le Pen (Francia).

Días antes de las elecciones en Extremadura, el PP y el PSOE unieron fuerzas en el Congreso para solicitar al Tribunal de Cuentas una auditoría sobre las finanzas de Disenso entre 2020 y 2025, ante las «sospechas sólidas» de presuntos desvíos irregulares de fondos públicos.

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